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Al hablar de la feminización del trabajo, el ministro Ernesto Murro suele repetir la misma anécdota. Una empresa lo contactó al inicio del período de gobierno para plantearle su preocupación por el ausentismo laboral, y cuando el jerarca preguntó sobre la composición de la plantilla, los ejecutivos respondieron que más del 90% eran mujeres de entre 30 y 40 años. A pesar de eso, no ofrecían servicio de guardería.
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“Si no hay guarderías, hay ausentismo”, explicó el titular de Trabajo a fines del mes pasado en un evento organizado por la revista Somos Uruguay. Por eso el jerarca aspira a que la totalidad de los convenios que se alcancen en los próximos Consejos de Salarios (que comenzarán en 2018) tenga cláusulas de género o “profundice” los lineamientos del sistema de cuidados que impulsa el gobierno de Tabaré Vázquez.
Según un reciente estudio de la Unidad Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las cláusulas de género vienen en aumento desde 2005. Pasaron de estar presentes en 15% de los convenios en la ronda de 2005 a 61% en 2012 buscando evitar la discriminación, el acoso sexual o laboral y la violencia doméstica, mejorar la salud de las trabajadoras, así como atacar la compatibilidad de la vida familiar y laboral.
Esto, sin embargo, no impactó en una reducción de la brecha salarial. Según el mismo informe, con datos del Banco de Previsión Social de los puestos cotizantes dependientes, en 2015 las mujeres empleadas en el ámbito privado cobraban en promedio $ 18.097, 70% de lo que recibían los hombres ($ 26.163). Esa relación prácticamente se mantuvo desde 2006. A su vez, en la esfera pública ellas cobraban 80% del sueldo masculino ($ 31.835 y $ 39.934 en cada caso).
En promedio —ámbito privado y público— la brecha fue de 79%.
En diálogo con Búsqueda, el director de Trabajo, Jorge Mesa, apuntó que “se puede seguir avanzando mucho” en la inclusión de cláusulas de género dentro de las negociaciones colectivas y subrayó la necesidad de estimular su tránsito desde “definiciones de objetivos a prácticas concretas”.
“En estos temas de género, como en otros, me preocupa alcanzar las metas, pero también que en los sectores donde estamos más adelantados se pueda seguir avanzando en que esas cláusulas tengan un pleno desarrollo. A veces nos quedamos con una expresión de voluntad de las partes, pero hay que hacer que también aquellos sectores donde primero se incorporó esto lo transformen en contenidos y medidas reales. Hay que trabajar efectivamente en medidas de política, de gestión empresarial y actividad de los trabajadores y en eso el Ministerio de Trabajo tiene que ser parte”, dijo.
El 9,6% de las mujeres asalariadas en el ámbito privado (incluyendo las cooperativas) cobran menos de un salario mínimo nacional, mientras que el porcentaje se reduce a 7,2% en el caso de los varones.
Medido por hora, el salario femenino supera al masculino en la administración pública y defensa (112%), el sector de transporte y comunicación (107%), el agro, forestación, pesca, minas y canteras (106%), y los trabajos vinculados a la electricidad, gas y agua (104%). La salud es la rama menos equitativa: ellas cobran 71% de lo que perciben hombres.
Los niveles educativos y las características de la inserción laboral son factores determinantes de esta brecha salarial, consigna el análisis.
Brecha de empleo.
Por el contrario, la brecha de empleo de hombres y mujeres se ha ido achicando. Mientras que a fines de la década de 1980 alcanzaba 50%, en 2015 fue de 26%. Y aunque la tasa de informalidad femenina era “históricamente” mayor a la masculina, la tendencia logró revertirse desde 2012; en 2015 la informalidad alcanzaba el 25,5% en los hombres y 23,8% en las mujeres. Por otro lado, la tasa de desempleo ha tenido altas y bajas desde 1986; en 2015 era 8,8% para ellas y 6,4% entre ellos.
Las actividades con mayor participación femenina son el trabajo doméstico (95%), la enseñanza (83%), servicios (63%), restaurantes y hoteles (57%), la banca y las finanzas (56%), la administración pública y defensa (54%) y organismos en zonas francas o vinculadas a la adaptación al país (52%). La construcción es la actividad más masculina entre las estudiadas; ellas son casi 4% de las trabajadoras.
En 2015, mientras que casi 25% de los varones ocupados afirmaba trabajar más de 48 horas semanales, esa cifra disminuía a 13% entre las mujeres.
El subempleo —trabajos de menos horas de las que se pretende— es mayor para ellas (8,1%, frente a 6,4% de los hombres).
