N° 1957 - 15 al 21 de Febrero de 2018
Bajo los nubarrones que dejó el argentino Marcelo Balcedo, el año que viene el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará si Uruguay cumple con la normativa contra el lavado de activos. En las últimas décadas se combatió mediante diversas leyes que incluyeron delitos de corrupción, pero la mayor ofensiva legal ocurrió a partir de 1989, cuando se creó ese organismo internacional.
En 2012 el Banco Central del Uruguay (BCU) recibía 220 reportes anuales sobre situaciones sospechosas y, según el caso, los trasladaba a la justicia penal. Desde entonces los reportes aumentaron. El año pasado se registraron 550, que representaron 14% más que en 2016.
El contador Daniel Espinoza, entonces gerente de la Unidad de Información de Análisis Financiero del BCU, había señalado que los ámbitos más sensibles son los sectores financiero e inmobiliario. Tres años después, en abril de 2015, el extinto secretario nacional antilavado, Carlos Díaz, expresó alarma: “Por las listas del GAFI sentimos terror”.
Se refería a las listas que identifican a los países por su incumplimiento de menor a mayor mediante colores: gris, gris oscurecido, negro y rojo. Si Uruguay fuera incluido “sería desastroso”, alertó. Tras su fallecimiento, en 2017 lo sustituyó Espinoza.
El GAFI está conformado por 34 países y cuenta con 25 organizaciones internacionales como observadores, entre otras la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se creó para fijar estándares contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; no tiene facultades para multar o sancionar. Pero cuando un país ingresa a sus listas basta para su descrédito. Por eso la preocupación de Díaz.
Argentina tiene 23 provincias pero desde el punto de vista informativo Uruguay es la 24ª. La información ingresa arrolladora. Además, chismes sobre el banal mundo del espectáculo permiten conocer quién es quién en ese mundo delictivo: los mafiosos que cabalgan sobre la vida política o sindical.
Entre 2009 y 2015 Balcedo fue la cabeza del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme). Una herencia sindical de su padre, Antonio Balcedo junto con el diario Hoy de La Plata y otros medios. Apoyó la derecha kirchnerista y fue sostén económico de candidatos locales. En 2007 lo investigaron por prácticas extorsivas. Por sus antecedentes y su rumboso tren de vida, allá y aquí, es imposible que pasara inadvertido para los servicios de inteligencia, las Direcciones de Aduanas, Migración y Aeronáutica, la DGI, el BPS y las organizaciones antilavado.
En diciembre de 2008 se instaló en Playa Verde con sus hijos y su pareja, Paola Feige, nacionalizada uruguaya. Compró una propiedad en U$S 310 mil. En los años siguientes, en forma directa o través de sociedades anónimas, amplió ese predio con 12 padrones por valores de entre U$S 20 mil y U$S 1,6 millones: creó “El gran chaparral”. Por refacciones y ampliaciones le pagó a un arquitecto U$S 2.899.985. También compró en la zona otra lujosa casa: “Sounion”.
Ahora, el 27 de enero, la DGI estimó que los egresos (no se toma en cuenta el dinero en efectivo incautado) de la pareja entre 2008 y 2017 llegaron a U$S 14.813.374 y no registran actividad remunerada, señala una reseña minuciosa del fiscal de Maldonado, Rodrigo Morosoli.
Poseían 14 vehículos de alta gama. El de mayor valor, un Ferrari, cuesta U$S 435.000. Varios de ellos con matrícula argentina, ingresaron en forma clandestina.
El fiscal y la policía incautaron dinero variado (euros, reales, francos, florines) joyas, documentos, seis cofres fort con más de U$S 7 millones y varias armas de fuego. También animales exóticos y dos aviones. Por uno pagaron U$S 160 mil y 32 cuotas de U$S 80 mil cada una. Por el otro U$S 230 mil y el compromiso de 48 cuotas de hasta U$S 150 mil. La pareja realizó decenas de viajes al exterior: Buenos Aires, México, Estados Unidos, Tahití y Aruba. Los planes de vuelo debieron ser reportados a las autoridades aeronáuticas y de migración. Y al regreso inspeccionados.
La Ley 17.835 de 2004 solo habilita a traer a Uruguay US$ 10 mil en efectivo. El fiscal destaca que el dinero incautado no ingresó a través del sistema financiero. Las brutales fallas de los controles durante una década contradicen el más elemental sentido común, desnudan irresponsabilidad de varios organismos y alientan sospechas razonables.
Tras las detenciones, en declaraciones a En Perspectiva, Espinoza dijo que desde 2015 (siete años después de que llegara a Uruguay) la secretaría había puesto su atención en Balcedo. Aclaró que en Uruguay no había un delito notorio sobre el origen de los fondos. “Lo que hizo acá fueron transacciones lícitas (…) no se detectó ninguna infracción”, argumentó.
El fiscal le imputa a la pareja lavado de activos, contrabando y tráfico de armas, cuyas penas máximas son de 15 años para el primero y de seis años para los dos últimos. Si en apenas unos días Morosoli encontró fundamentos legales para imputarle a la pareja el lavado de activos, ¿cómo es posible que no se hayan obtenido desde 2015?
Playa Verde no tiene el anonimato de una gran ciudad. Solo residen 270 habitantes permanentes. ¿A nadie le sorprendió el avasallante despliegue económico para investigar a fondo el origen del dinero?
¿A 40 días de las detenciones se ha tratado de identificar a los responsables administrativos o políticos por la ausencia o las fallas en los controles durante diez años? Balcedo nada hizo para pasar inadvertido. Todo lo contrario. Confiaba en su impunidad. De otra forma no se explica.
Si el 4 de enero el juez argentino Ernesto Kreplak no hubiera solicitado los arrestos administrativos, probablemente seguirían comprando autos, terrenos, joyas, aviones, haciendo viajes y contratando empleados: servicio doméstico, pilotos, cuidadoras para los niños, profesora de inglés, un chef full-time, portero, jardinero, seguridad. Quizá hasta hubieran aportado para alguna campaña política.
Kreplak los relaciona con la organización argentina de narcotraficantes de La Plata Los monos.
El gobierno deberá explicarle al GAFI su morosidad en el control del lavado de activos más grande en la historia del país. ¿Puede garantizarle que no volverá a ocurrir? ¿Es este el único mafioso que ha gozado de tamaña impunidad? En 2012 a Díaz le preocupaba ingresar a las listas del organismo. Ahora habría que temblar.
Hace varios años, al finalizar cada capítulo de una serie de TV sobre historias sobrenaturales, una cavernosa y sugestiva voz decía: “Todo es posible en la dimensión desconocida”. Hasta el 4 de enero esa fue la dimensión de Balcedo.
?? Los que cortan el bacalao
