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Cancillería eleva nivel de su representación diplomática en Caracas
El gobierno uruguayo designó un encargado de negocios para la delegación en Venezuela después de fracasar en su intento por nombrar un embajador, un cargo vacante desde hace más de dos años
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Uruguay no tiene un embajador en Venezuela desde hace más de dos años. La Cancillería manejó candidatos para ocupar el cargo y hasta llegó a presentar la venia de uno de ellos para que el Parlamento diera el aval final. Pero las dificultades con la oposición política y con el propio gobierno de Nicolás Maduro hicieron que ninguna de esas posibilidades prosperara y que la representación diplomática continuara manejada por mandos medios.
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El gobierno uruguayo decidió dar una solución parcial al tema. Mediante una resolución firmada por el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Novoa, el Poder Ejecutivo nombró a José Luis Remedi como encargado de negocios de la representación diplomática en Caracas. El diplomático actuará de hecho como embajador en ejercicio hasta que se designe al titular.
Antes de la designación, firmada el 17 de agosto, Remedi era cónsul general en Curitiba, Brasil. Es un diplomático de carrera con larga experiencia, ya que fue embajador en tres ocasiones, una de ellas en Irán.
Mediante una resolución firmada por el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Novoa, el Poder Ejecutivo nombró a José Luis Remedi como encargado de negocios de la representación diplomática en Caracas.
La medida adoptada por la Cancillería implica aumentar el nivel de su representación en Venezuela, pero sin tener que nombrar un nuevo embajador, lo que podía ser visto como una señal positiva hacia Maduro en momentos en que enfrenta críticas muy duras de la comunidad internacional. Además, implicó que el tema no fuera discutido por el Parlamento.
Es posible hacer varias lecturas sobre la decisión de Uruguay, según las fuentes consultadas por Búsqueda. Los venezolanos pueden “quedar satisfechos”, porque hasta ahora la Embajada era manejada por personal de menor categoría, evaluó uno de los informantes.
En Cancillería, en cambio, manejan otra lectura. El gobierno decidió enviar a un diplomático con experiencia a un lugar que vive una situación complicada, donde hay muchos ciudadanos uruguayos y lo hizo sin tener que nombrar un embajador, explicaron las fuentes.
Intentos fallidos.
La postura de Uruguay sobre lo que sucede en Venezuela ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de Tabaré Vázquez, lo que explica, al menos en parte, que nadie sustituyera al embajador Óscar Ramos cuando en febrero del 2016 abandonó su puesto en Caracas.
Uruguay estuvo cerca de nombrar un nuevo embajador en dos ocasiones. Primero quiso enviar a Óscar Barrios, diplomático vinculado al Partido Colorado. En el Frente Amplio esa posibilidad cayó mal y el Poder Ejecutivo debió dar marcha atrás.
El segundo intentó llegó con Alberto Fajardo, cuyo nombramiento contaba con el beneplácito del gobierno venezolano desde principios del 2017. Sin embargo, en abril de ese año, Maduro acusó al canciller Rodolfo Nin Novoa de “agredir” a su país y coordinar “con el Departamento de Estado” de Estados Unidos “agresiones contra Venezuela”. Vázquez emitió un comunicado horas más tarde en el que exigió que Maduro presentara pruebas o se retractara públicamente “en virtud de que expresiones como las manejadas afectan gravemente el relacionamiento tradicionalmente amistoso entre los dos países”.
Las disculpas públicas nunca llegaron, pero igual el gobierno uruguayo envió la venia al Parlamento. En enero, el oficialismo intentó acelerar la designación de Fajardo en la Comisión Permanente, pero la oposición lo impidió. Tras fracasar, la Cancillería solicitó la venia para nombrar a Fajardo embajador en Santiago de Chile.
Después de todos esos problemas, el gobierno decidió recurrir a la designación de un encargado de negocios.
Información.
Un diplomático con experiencia dijo a Búsqueda que el gobierno necesita tener una Embajada sólida en Venezuela, porque la situación política en ese país es complicada y es necesario tener “información de primera mano”.
De hecho, esta semana la Cancillería debió tomar posición sobre la muerte del concejal del Municipio Libertador y dirigente del partido Primero Justicia de Venezuela, Fernando Albán, quien estaba detenido en instalaciones del Servicio Bolivariano de Investigaciones (Sebin).
Albán, acusado de participar el 4 de agosto en el presunto intento de magnicidio de Maduro, cayó desde el décimo piso del edificio de Sebin. Las autoridades aseguraron que se trató de un suicidio, pero la familia sostuvo que lo asesinaron. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) pidió a Venezuela liderar una investigación independiente sobre el caso.
Ante esto, Uruguay emitió un comunicado en el que pidió a Venezuela una “investigación objetiva y bajo todas las garantías legales” para “determinar las causas de la muerte y establecer eventuales responsabilidades”.
La Cancillería prefirió no pronunciarse sobre si la investigación debía ser llevada adelante por el gobierno de Maduro o por un equipo de la ONU.