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Ante un “cúmulo de incumplimientos graves” por parte de la empresa Vidaplan, socio del Estado en el casino Nogaró de Punta del Este, el Poder Ejecutivo tramitará la rescisión del contrato.
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Después de distintos cambios de mano en el paquete accionario de la empresa, no hubo de su parte “un compromiso y una energía inversora que permitieran poner en condiciones competitivas al casino como para poder desarrollarlo en una plaza donde la competencia es fuerte y la estacionalidad la hace compleja”, dijo a Búsqueda el titular de la Dirección General de Casinos (DGC), Javier Cha.
Días atrás, un juez resolvió el desalojo del complejo ubicado en la avenida Gorlero, atendiendo a una demanda de los propietarios del local contra Vidaplan, informó El País.
Dado que la empresa incurrió en un “cúmulo de incumplimientos graves” y “notorios”, la DGC manifestó “varias veces” su intención de rescindir el contrato” de manera amistosa, relató su director. Al fracasar ese camino, ahora la repartición está “iniciando unilateralmente la rescisión prevista en el contrato”, un trámite que pasará al Ministerio de Economía y a Presidencia. El Estado quedó como “rehén” ante los diferendos entre los accionistas de Vidaplan, una situación de la que quiere ”salir rápidamente”, añadió el jerarca.
Si finalmente cae el contrato, la DGC se hará cargo de la explotación directa del casino bajo el régimen tradicional. Cha visualiza esa salida con “entusiasmo y esperanza” porque, dijo, se logrará “tener un mucho mejor resultado” que hoy, con el privado, “empata o da una pequeña pérdida”.
Para el jerarca, el caso deja en evidencia que es una “discusión absurda si los privados lo hacen o no mejor que el Estado”. Y añadió: “El privado puede ser facilitador, dinamizador, un aporte sustancial para desarrollar con ambición y rapidez objetivos comerciales, o puede ser directamente un lastre, un problema y una pesada mochila si no tiene ambición, capacidad de invertir ni plan ni objetivos sólidos respaldados financieramente”.
El Nogaró es uno de los 11 casinos que funcionan bajo un régimen mixto por el cual un privado realiza la inversión en el establecimiento y el equipamiento, y el Estado, a través de la DGC, administra y explota la sala de juegos. Según Cha, el casino de Rivera es otro de los que están “complicados” porque la actividad comercial se vio impactada por la “crisis económica” y las “oscilaciones cambiarias” en Brasil. “Estamos conversando” alternativas con el privado, aseguró.
