Uno de los primeros que detectó las posibilidades de los negocios del software fue Javier Vázquez. El ingeniero trabajaba entonces para Interamericana de Cómputos (Inco) y manejaba la cuenta de Artech, especializada en software libre.
Uno de los acuerdos que cristalizó, justamente, fue la contratación por parte de CGV-Telecom de servicios de software y hardware a empresas uruguayas por US$ 63,6 millones financiados por el Fondo Bolívar-Artigas. En febrero del 2006 las compañías uruguayas, entre las que estaban Inco y Artech, presentaron su propuesta conjunta y en marzo del 2006 firmaron el contrato con la estatal venezolana, previendo un proyecto de tres años de duración. El hijo del presidente Vázquez participó en el proceso de elaboración y presentación de la oferta ganadora.
“Ahora el hijo del presidente Vázquez es millonario con un solo negocio que era mío”, declaró a la prensa Eduardo Gómez Canon.
El acuerdo provocó que otro empresario vinculado al software, Eduardo Gómez Canon, denunciara que le habían robado su oportunidad. “Ahora el hijo del presidente Vázquez es millonario con un solo negocio que era mío”, declaró a la prensa. El entonces diputado Washington Abdala (Partido Colorado) solicitó la creación de una comisión investigadora parlamentaria y luego llevó el tema a la Justicia penal. Después de meses de interrogatorios y tras el fallecimiento de Gómez Canon, cuyas conductas erráticas habían hecho que perdiera credibilidad como denunciante, el fiscal Juan Gómez pidió el archivo del caso.
Transferencias.
Poco después de la firma del acuerdo entre las empresas uruguayas y CVG-Telecom, el bufete panameño Mossack & Fonseca (MF) aumentó su trabajo. Con apenas días de diferencia, dos venezolanos se contactaron con el estudio para comprar sociedades anónimas y abrir cuentas en Panamá que después recibirían dinero del proyecto financiado por el Fondo Bolívar-Artigas.
El 21 de marzo de 2006 José Antonio Fraga, vinculado al mundo del software en Venezuela, compró la empresa panameña Eliston S.A. Y en abril ya tenía una cuenta en Credicorp Bank. La velocidad era necesaria, porque menos de un mes después recibió el primer giro desde Uruguay por US$ 1,8 millones.
Fraga les pidió a los panameños que emitieran una factura con una “oferta de servicios” a la uruguaya Inco, por una “asesoría tecnológica correspondiente al proyecto CVG-Telecom”, según la factura, que es parte de los más de 11 millones de documentos del bufete MF filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung, y que son la base de la investigación internacional denominada Panama Papers.
A pedido de Fernando Burstin, director de la empresa uruguaya, el venezolano cambió el destinatario de la factura: en lugar de dirigirla a Inco, debía ir a nombre de Shidner Corporation S.A., otra sociedad del uruguayo creada ese año y con sede en una zona franca.
Parte del dinero que giró Burstin a Fraga siguió moviéndose. En setiembre, el venezolano transfirió US$ 690.000 a una cuenta en Panamá de Hallway International S.A. Esa offshore fue adquirida en marzo del 2006 por Alejandro Giolito, cuyo hermano Pablo era, al momento de la adquisición, gerente de Planificación Estratégica de CVG-Telecom.
Pablo Giolito declaró días atrás a Búsqueda y al portal venezolano Armando.Info que su trabajo en la empresa estatal era analizar si un proyecto “tenía lógica y viabilidad” y “estructurar” su desarrollo. “Más allá de eso yo no tenía niveles de aprobación, no tenía presupuesto para eso. Simplemente me llegaba como Planificación Estratégica, yo agarraba y decía: ‘Bueno, están todos estos proyectos acá y el más viable es este o podemos darle la vuelta a este’”, detalló.
Giolito dijo que tuvo el cargo en CVG-Telecom entre octubre del 2005 y agosto del 2006, y que por su trabajo se reunió con “como siete” empresarios uruguayos del software. El período que integró la compañía estatal coincide con el momento en que los uruguayos presentaron la propuesta ganadora y se firmó el acuerdo. Giolito añadió que la decisión final de las empresas no estaba en sus manos, sino de los gobiernos.
De compras.
La primera transferencia que recibió la offshore de Giolito fue en setiembre del 2006 y provino de Fraga. Antes de llevarla adelante, el bufete MF le pidió a Fraga que justificara el movimiento de dinero. “La operación se basa en la declaración de dividendos de Eliston S.A. a mi persona y los fondos serán transferidos a Hallway International S.A., con quien existe una deuda pendiente”, respondió el venezolano.
Los panameños le dijeron que necesitarían otros documentos que explicaran la deuda. Entonces la estrategia cambió. Giolito les mandó una factura en la que daba detalles de la “asesoría en el desarrollo” de “aplicaciones informáticas” que su offshore recién creada le había provisto a la de Fraga. El precio final era de US$ 670.973 por 2.900 horas de trabajo a un precio/hora de US$ 231,37. El único detalle que incluye la factura es que las tareas respondían a “consultoría en operaciones CPD”, “seguridad ante fraude”, “seguridad Internet e implementaciones” y “mejores prácticas CPD”. Son los mismos rubros que Fraga le había facturado antes a Burstin.
Ni bien tuvieron el dinero en su cuenta, los hermanos Giolito abrieron un plazo fijo en un banco, transfirieron dinero al exterior y compraron propiedades. Adquirieron un apartamento en una zona exclusiva de Caracas, y un tercio de la unidad 714 en el World Trade Center de Montevideo. En el caso de la oficina en Uruguay, la pusieron a nombre de su madre y la compraron junto a Fraga y su socia Laura Pintos Trías, según contratos y otros documentos incluidos en los Panama Papers y en los registros públicos uruguayos.
Fraga le transfirió a los Giolito otros US$ 796.348 en enero del 2008. Igual que en la primera ocasión, antes de mandarle dinero al exgerente de CGV-Telecom, Fraga había recibido una cifra millonaria desde Montevideo: Burstin le giró US$ 1,6 millones a fines del 2007.
La factura incluía los mismos detalles de servicios de software que la anterior, aunque en su “segunda fase”. Era la segunda factura que emitía la empresa de Giolito en toda su historia; la primera había servido para justificar la transferencia del 2006. Después de recibir el dinero, los hermanos Giolito adquirieron otras tres propiedades por un total que superó los US$ 500.000.
Consultado sobre esas transacciones, Giolito dijo que eran “una cuestión de familia” en la que él “no estaba involucrado”. Sin embargo, después dijo que sí integró esa sociedad anónima que recibió los fondos. Sus declaraciones son contradictorias entre sí y también contradicen los documentos incluidos en los Panama Papers.
La tercera.
Los Giolito preveían recibir al menos una transferencia más, según los Panama Papers, vinculada al negocio del software que se financiaba con el Fondo Bolívar-Artigas. Llegaría en setiembre del 2009 directo de la empresa uruguaya dirigida por Burstin.
En su declaración a la Justicia en diciembre del 2008, Burstin dijo que no habían terminado ni los trabajos ni “de cobrar”. Consultado por Búsqueda días atrás, Burstin sostuvo que a diciembre del 2007 no tenían “deuda alguna con el proyecto”. “Ni se pagó nada con posterioridad a eso. ¿Por qué? Porque los tipos nos cortaron el proyecto por no pagarnos”, añadió.
El empresario uruguayo dijo que contrató a Fraga para el proyecto, pero que desconocía cualquier información sobre las transferencias que recibió el exgerente de la estatal venezolana.
Giolito también negó haber tenido una relación comercial con Burstin. “Todas las relaciones que tú ves allí (en los Panama Papers) nunca son con Fernando Burstin. Yo nunca he tenido una relación directa con Fernando Burstin”, aseguró el venezolano al ser consultado. “Muchas de las cosas de las que están ahí se toman como ciertas, pero nunca ocurrieron”, añadió. Sin embargo, después dijo que sí tenía previsto cobrar US$ 860.000, aunque por un servicio de “consultoría” que le habría provisto a Fraga y no al uruguayo.
En los Panama Papers hay correos electrónicos de esa época que contienen una versión distinta a la de Burstin y Giolito.
El 25 de agosto del 2009, Pablo Giolito envió a Burstin un correo electrónico con copia a MF en el que lo puso en contacto con Egbert Wetherborne, quien atendía “los intereses” de su sociedad anónima en el bufete panameño. Diez minutos más tarde, Wetherborne les escribió a otros empleados de MF para informarles que “un sobre” llegaría a sus oficinas. “Es la documentación de soporte para un cheque que se depositará en la cuenta bancaria de la sociedad Hallway International”, detalló.
Pero nada había llegado. “Acabo de hablar con el señor Burstin, me indica que de la casa de bolsa le informaron que hubo un problema con la emisión del cheque, que fue corregido, y que desde la semana pasada está a la espera de que le confirmen el envío”, escribió Giolito.
Al día siguiente, fue el propio Burstin el que escribió a los panameños (desde el correo corporativo de Inco). “Ante nada mis saludos y disculpas por la demora. Recién hablé con nuestro contacto de Uruguay quien me confirma que se estaría entregando mañana por la mañana. En paralelo le estoy enviando a Pablo el contacto en Panamá para que lo contacte directamente en el día de hoy”.
La “casa de bolsa” panameña a la que recurriría Burstin para hacer la transacción, según Giolito, era Thales Securities.
Pero algo falló. “Teníamos pendiente la recepción de estos documentos y un cheque, hubo inconvenientes con este último por lo que decidieron realizar una transferencia”, escribió Giolito. Y agregó en seguida que ahora sí el dinero debía llegar a su cuenta bancaria porque Burstin le había dado el “número de referencia” de la transacción.
Pasaron dos días y la transacción no estaba acreditada en la cuenta. Giolito mantenía sus buenos modales en los mails, pero parecía un poco más ansioso.
Los panameños le respondieron con copia a Burstin, Fraga y Pintos. Le explicaron que era “muy común” que los bancos suspendieran la ejecución de una transferencia “si no están claros” los orígenes del dinero. “He allí la clave del movimiento de fondos en los sistemas bancarios, más aún cuando son sumas tan elevadas como 800.000 dólares”.
El bufete le adelantó a Giolito que el banco panameño receptor del giro esperaría a que el dinero llegara de “una cuenta bancaria de la compañía Shidner Corporation S.A. (la empresa usada por Burstin para pagar los trabajos en Venezuela), que es quien figura en las facturas y órdenes de compra”.
“Si el dinero no proviene de una cuenta de la compañía Shidner, entonces eso crearía un posible problema porque el banco querría investigar el porqué entra en ‘escena’ una entidad que no tiene que ver con la transacción. Hay que estar preparados para dar explicaciones al respecto”, añadió el estudio.
En último lugar, le pidieron que detallara “exactamente” qué eran los rubros que le facturaba al cliente: “Consulting Operations CPD”, “Best Practices CPD”, entre otras. Eran los mismos rubros que había facturado el otro venezolano que participó en el proyecto de CGV-Telecom a Burstin.
Entre los Panama Papers no hay documentos que muestren si Giolito efectivamente recibió el dinero que esperaba.
Información Nacional
2018-08-23T00:00:00
2018-08-23T00:00:00
