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Exreclusos en Guantánamo firmaron acuerdo de siete puntos que los obligó a residir dos años en el país, estudiar y buscar trabajo
Mujica quería “que se vengan todos” los detenidos en la mítica cárcel en territorio cubano, pero Estados Unidos le dijo que no, según el libro Guantánamo entre nosotros
imagen de Exreclusos en Guantánamo firmaron acuerdo de siete puntos que los obligó a residir dos años en el país, estudiar y buscar trabajo
El primer gran indicio de que algo retenía en Uruguay a los exdetenidos que llegaron de la cárcel de Guantánamo lo dio el sirio Jihad Diyab en junio de 2016, cuando abandonó el país de manera subrepticia para reencontrarse con su familia y fue deportado dos meses después desde Venezuela. Mientras el gobierno de Tabaré Vázquez aseguraba que la Cancillería no tenía ningún documento firmado con los seis exrreclusos, ellos hablaban de la existencia de un documento con exigencias que debían cumplir.
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El propio Diyab había declarado a Búsqueda que firmó un acuerdo de siete puntos que, por ejemplo, lo “obligó a estar por dos años en el país”. El sirio pensaba que había sido “un error firmar ese documento” y que los expresos habían sido “obligados” a estampar la firma para asegurar su liberación. Eran pautas que exigía el gobierno uruguayo, “pero que no contemplaban” sus “necesidades”, dijo.
El sirio Ali Shabaan, otro de los liberados de Guantánamo, dijo en febrero de este año a Búsqueda que meses antes de su liberación se reunió en la cárcel con su abogado y una delegación uruguaya. En el encuentro le entregaron tres copias para firmar, según dijo, una en español, una en inglés y otra en árabe.
Pese a las versiones contradictorias entre el gobierno y los refugiados, el acuerdo existió, según el libro Guantánamo entre nosotros de la periodista Diana Cariboni, presentado el miércoles 4 en la Feria del Libro. Se trató de un “consentimiento” de siete puntos que debieron firmar los exdetenidos previo a su llegada a Uruguay.
El acuerdo, fechado en 2014 en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo —cuya copia está incorporada en el libro—, sostiene que los refugiados asumieron los compromisos “de manera libre y voluntaria”. La lista de requisitos incluyó: residir en Uruguay durante dos años, aprender el idioma castellano, recibir formación educativa asistiendo a clases, recibir asistencia médica, obtener formación “básica en materia social y cívica” para conocer sus derechos y deberes, respetar y cumplir la Constitución y procurar conseguir un empleo para insertarse en la sociedad.
Otra de las revelaciones que hace el libro puede explicar por qué, ante un pedido de acceso a la información pública realizado por El Observador para acceder al documento, la Cancillería manifestó que no tenía nada.
En 2016, Diyab inició una huelga de hambre y presentó un petitorio al gobierno en el que reclamaba conocer los términos de su liberación. Cariboni relata que el Ministerio de Relaciones Exteriores intentó encontrar los documentos, que habían sido guardados en una carpeta de cartón, pero no los encontró y concluyó que se habían extraviado.
“Que se vengan todos”.
Los exdetenidos en Guantánamo llegaron a Montevideo el 8 de diciembre de 2014 a bordo de un avión de la Fuerza Aérea norteamericana. Fueron liberados en territorio uruguayo luego de gestiones realizadas por el expresidente José Mujica con su par de Estados Unidos, Barack Obama.
Llegaron seis, pero la intención del entonces mandatario uruguayo era bastante más ambiciosa. Durante las negociaciones entre los gobiernos uruguayo y norteamericano, Cliff Sloan, el encargado del Departamento de Estado para el cierre de Guantánamo, visitó Uruguay con una lista precisa de seguridades que querría comprobar si el país cumplía.
Pese a que los controles y trámites lo hacían imposible, Mujica le transmitió su intención de recibir un contingente de refugiados más grande. “¿Cuántos son? Que se vengan todos”, dijo el expresidente, según el relato que hace Cariboni en su libro basándose en fuentes de ambos gobiernos.
En aquel momento quedaban más de 130 presos en la cárcel que Estados Unidos había construido para retener a los prisioneros de su guerra al terrorismo. La prisión, ubicada en la isla de Cuba, es cuestionada por violar los derechos humanos de los reclusos, muchos de los cuales ni siquiera tienen una acusación formal.
Estados Unidos puso un freno al planteo de Mujica, pero allí quedó establecido que si la primera etapa concluía con éxito, Uruguay podría recibir una segunda tanda de prisioneros liberados. Finalmente, la administración de Tabaré Vázquez descartó acoger más refugiados.
