En el correr de enero, las molestias con el proceso también se extendieron dentro de la ITPC. Allí, a las dudas sobre el posible beneficio a las empresas de Baladón, se suman críticas de que se le aplicará al sector un “control excesivo” y voces que cuestionan los gastos en los que deberán incurrir para sostener el sistema.
“Esto es un negociado de integrantes de la directiva de ITPC”, dijo a Búsqueda Wilson Gándara, directivo de la Unión de Transportistas de Soriano. Él, junto a otros cinco empresarios del transporte, se reunió ayer miércoles 6 por la tarde con el ministro Rossi para pedirle también una postergación .
El sábado el grupo de transportistas que se opone al proyecto realizó una asamblea en Soriano en la que participaron unas 300 personas.
No hay marcha atrás
Mauro Borzacconi es propietario de Dufelook, una empresa de ocho camiones que se dedica al transporte internacional entre Uruguay y Brasil. Desde 2006 hasta 2014 integró la directiva de la ITPC, en octubre de 2016 fue electo presidente de la organización, y fue reelecto en octubre de 2018. En paralelo, es presidente de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu) y es director regional para el Cono Sur de la Cámara Interamericana de Transporte.
A apenas cuatro meses de su reelección, Borzacconi cuenta que en las últimas semanas ha sido tratado por algunos de sus colegas como “mafioso, autoritario y traidor”. Ese tipo de versiones circulan en grupos de WhatsApp de empresarios del sector acompañados incluso de fotos de sus casas en Montevideo y Maldonado, y de su camioneta Mercedes. Esos síntomas de molestia los sintió también personalmente en las dos reuniones de presidentes de cámaras que hicieron en enero. La primera de esas reuniones se hizo el 15 de enero y a la ITPC, que está integrada por 23 gremiales, llegaron más de 150 personas.
“Me quisieron llevar puesto”, sostiene.
Borzacconi hace énfasis en que la decisión de impulsar el Sictrac no fue suya. El proyecto lo heredó de la directiva anterior y al asumir se reunió con cada una de las gremiales para saber si estaban de acuerdo en avanzar en esa línea de trabajo. Según cuenta, una amplía mayoría estaba a favor. De hecho, solo la gremial del departamento de Flores se manifestaba en contra, y se mantiene en esa posición hasta hoy.
Apoyados en esa mayoría comenzaron a trabajar. Tomaron como base un diseño que la ITPC le había encargado a Baladón años atrás. Para darle más fuerza al proyecto contrataron el asesoramiento del economista Fernando Lorenzo y del contador David Eibe.
Lorenzo fue uno de los protagonistas del polémico proceso de cierre de Pluna. Por ese caso renunció a su cargo de ministro de Economía a fines de 2013, y fue procesado y luego absuelto en diciembre de 2017. La Fiscalía, que había pedido su condena, apeló la decisión y ahora debe expedirse un tribunal de apelaciones.
Eibe participó activamente del diseño de la reforma tributaria que aplicó el Frente Amplio al llegar al gobierno y, además, se desempeñó durante ese período como director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía.
Según contó Borzacconi, el trabajo de ellos fue fundamental, por ejemplo, para que el gobierno concediera exoneraciones tributarias a las empresas proveedoras de los equipos necesarios para el Sictrac. A mediados de 2018, a través del decreto 155/018, Presidencia declaró la implementación del sistema de interés nacional y, en consecuencia, otorgó beneficios tributarios a la actividad sobre la importación de equipamiento, sobre el impuesto al Patrimonio, y sobre el impuesto a la Renta de las Actividades Económicas.
Borzacconi dijo que no recuerda cuánto cobran Lorenzo y Eibe de la ITPC por el asesoramiento.
A días de la puesta en marcha del Sictrac, la amplía mayoría que había en la ITPC a favor del sistema ya no es tal. Así lo reconoce incluso Borzacconi, que cuenta que muchos de quienes durante todos estos años decían que sí, le pidieron en las dos reuniones de presidentes realizadas en enero que le plantee al gobierno que ahora la intergremial está en contra.
Su respuesta fue que no está dispuesto a hacerlo. Argumenta que decirle al gobierno que ahora están en contra del proyecto que ellos mismos impulsaron afectaría la imagen de la ITPC. Decirle que no al Sictrac, insiste, sería decir que quieren seguir trabajando en la informalidad.
“Me están pidiendo que desprestigie a la cámara, y yo no puedo hacer eso”, afirma.
Sí dice que dejaría su cargo “sin rencores” si una asamblea se lo pide.
Borzacconi desestima los argumentos que apuntan contra el proceso de implementación del sistema y que señalan un beneficio a las empresas de Baladón. En su opinión, el tema que hay detrás del cambio de opinión de parte de los agremiados es la informalidad. Quienes votaron a favor del Sictrac, nunca pensaron que de verdad se implementaría, dice.
Los precintos, Baladón y la ITPC
Baladón asegura que tiene el 52% del mercado del sistema de precintos electrónicos de la Dirección Nacional de Aduanas, con su empresa Bidafox S.A. Por el trabajo de esa empresa, según cuentan él y Borzacconi, nació su vínculo con la ITPC. De hecho, desde hace años tiene su oficina en el predio de la intergremial de transportistas.
En 2011, cuando la Dirección Nacional de Aduanas implementó el precintado electrónico para mejorar y agilizar con tecnología los controles aduaneros, Catidu, la cámara de transporte internacional presidida por Borzacconi, entendió que tenía que tener participación. Intentaron generar acuerdos comerciales con Easymail y Lo-Jack, dos empresas que estaban homologadas y trabajando en el rubro, pero no tuvieron éxito.
Según el relato de Borzacconi, las dos empresas les respondieron que ya tenían un acuerdo con la Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay. Catidu e ITPC decidieron pedirle a Baladón que creara una empresa y se homologara, y eso fue lo que hizo.
Bidafox entró al mercado con precios US$ 80 dólares menores a los que cobraban Easymail y Lo-Jack por los servicios. Además, Borzacconi contó que los transportistas comenzaron a hacer fuerza y a insistir para que se contrataran los servicios de la empresa de Baladón, que con el tiempo se convirtió en el operador más fuerte.
Hoy, cuatro de las cinco empresas que operan en el mercado de los precintos electrónicos conforman la Cámara de Precintadores Electrónicos del Uruguay, que él mismo preside. Según Borzacconi y Baladón, hay un acuerdo comercial por el que la ITPC recibió unos US$ 750.000 desde que comenzó a funcionar el sistema.
“El sistema de precintos electrónicos financia a la ITPC. Sin esa plata tendríamos un solo empleado y no tendríamos edificio”, dice Borzacconi.
Con Bidafox y SIT S.A., Baladón tiene 15.000 equipos importados que están prontos para instalar en los camiones para la puesta en marcha del Sictrac. Ante los cuestionamientos de que todo el llamado estuvo hecho para beneficiar a sus empresas, responde que el ministerio fue muy exigente en el control de los equipos que él presentó. Además, contraataca apuntando contra la poca seriedad de la Cámara Empresarial de Seguridad Integral. Dice que sus competidoras tuvieron un año para homologarse y no pudieron levantar las observaciones que les hizo el ministerio.
“Si todo esto fuera una joda, no sería tan gil de ponerme como titular de las dos empresas. Han ensuciado mal”, replica.
Borzacconi, en medio de una guerra interna en la intergremial, dice que nada de lo que se pone ahora sobre la mesa es nuevo ni oculto. “Todo esto se sabe. Todo está registrado en la ITPC. Nada se hizo entre gallos y media noche”, asegura.
