Las tobilleras electrónicas “no dan abasto” y el Ministerio del Interior reclama a los jueces que mejoren su uso

Sin embargo, el entusiasmo con las tobilleras llevó a que los jueces las utilicen “demasiado”, hasta en casos en que no resultan útiles. También se aplican en situaciones que no son de violencia doméstica, lo que escapa al objetivo de la herramienta. Otro problema es que tanto agresores cómo víctimas rompen los dispositivos y casi no se aplican sanciones, lo que genera una sensación de “impunidad”.

Aunque en estos días se incorporarán unas 100 tobilleras nuevas —hoy hay 300—, el Ministerio del Interior advirtió a jueces y fiscales que si no se mejora su uso y se establece un régimen de sanciones más riguroso, las tobilleras seguirán siendo insuficientes e “inevitablemente” se deberá recurrir a la “lista de espera”.

Problemas.

En el documento, al que accedió Búsqueda, el Ministerio reiteró que el programa está pensado para situaciones “de alto riesgo en materia de violencia doméstica” y que está dirigido a personas mayores de 18 años. Hubo casos en que los jueces ordenaron el uso de tobilleras para proteger a niñas, lo que no es posible debido a las “obligaciones a las que debe comprometerse la persona” que ingresa al sistema, dice el documento. También planteó que se han aplicado en situaciones que no son de violencia doméstica.

Por otra parte, la secretaría de Estado señaló que hubo ocasiones en que los jueces ordenaron el uso de tobilleras para proteger a personas con discapacidades, aunque no son eficaces en esos casos. Es que las víctimas deben poder hablar y escuchar para comunicarse con la Policía y reportar si están en peligro (los dispositivos no permiten enviar mensajes de texto sino solo recibirlos).

También ocurre que los jueces disponen el uso del dispositivo a personas que no tiene capacidad para portarlo. Por ejemplo, porque sufren patologías psiquiátricas o adicciones. “Quizás se necesitaría que las pericias tomen en cuenta este factor para evaluar la pertinencia del ingreso al programa”, sugiere el informe del Ministerio.

A su vez, varios juzgados dispusieron el uso de tobilleras a las dos personas involucradas, lo cual no es posible, explicó el Ministerio, porque “la tecnología solo permite relacionar una víctima y un ofensor”. Entonces, solo registra como transgresión cuando el que es identificado como ofensor se acerca, y no cuando lo hace la víctima.

Finalmente, el Ministerio planteó la “vital importancia” para el éxito de la protección que “las víctimas estén de acuerdo con la medida”. Sin su cooperación el sistema no funciona, porque no cumplen con las indicaciones que les da la Policía y no portan el dispositivo todo el tiempo.

Daños y extravíos.

Otro de los problemas que discutieron los integrantes de la comisión fue el alto número de dispositivos que se rompen. Según informó el Ministerio, en 2016 los agresores rompieron o extraviaron 57 dispositivos móviles y 15 tobilleras. Las víctimas rompieron 12 dispositivos. Hasta agosto de 2017 fueron 13 los dispositivos móviles y cuatro las tobilleras destruidas por los ofensores, mientras que las víctimas rompieron cinco dispositivos.

Sin embargo, solo cuatro personas fueron procesadas por esos daños, señaló el Ministerio en su informe. “Estas respuestas alimentan la sensación de impunidad respecto a los ofensores, debilitándose el fuerte mensaje que se pretende dar con una inversión tan importante del Estado destinada a la protección de las víctimas”, planteó.

A la cantidad de dispositivos dañados se suma que hay un “altísimo índice” de prórrogas en el uso de las tobilleras, dice el informe. El plazo inicial es de 120 o 180 días, que se puede prorrogar por 90 días o más. Esto lleva “a que la población usuaria del programa no se renueve”, con lo que se “van reduciendo las posibilidades de que ingresen nuevos casos”.

La secretaría de Estado advirtió que aunque amplió la cantidad de dispositivos, si esas situaciones se mantienen se deberá “inevitablemente” acudir “en forma frecuente a gestionar los ingresos al programa con lista de espera y con períodos de espera prolongados”.

Cuando no hay tobilleras disponibles las víctimas reciben una custodia policial permanente, lo que a criterio del Ministerio “no es lo más recomendable”, ya que tras el paso de los días las personas suelen manifestar que no quieren esa protección, porque “no es bien visto en su entorno laboral o social”.

Cuando la persona rompe o se quita el dispositivo, debería haber un procesamiento por daños o por desacato, ya que no se cumple con la medida impuesta por el juez, explicaron a Búsqueda desde la Unidad de Género de la Fiscalía. Pero en la práctica la mayoría de las denuncias que presentó el Ministerio del Interior ante esos hechos no han tenido respuesta.