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El 8 de junio Búsqueda informó que el entonces vicepresidente Raúl Sendic había utilizado la tarjeta corporativa de Ancap en tiendas de ropa, electrónica, supermercados, librerías y joyerías. Desde ese momento se desató el escándalo que el pasado sábado 9 culminó con la renuncia de Sendic, pero el proceso para obtener la información que destapó las inusuales compras comenzó a principios de año.
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Cerca de finalizar el período anterior de gobierno un importante dirigente político comentó a dos periodistas de Búsqueda: “Investiguen las tarjetas corporativas”. El 24 de enero Búsqueda realizó una solicitud de acceso a la información en la que pidió a Ancap respuestas sobre tres asuntos, el segundo era el “detalle de los gastos de las tarjetas corporativas en el período 2005-2016, sus titulares, el total del gasto y el resumen de cada una de sus compras”.
Cumplidos los 20 días hábiles que tiene el organismo para dar respuesta, Ancap no lo hizo. El 22 de febrero Búsqueda decidió reiterar el pedido al ente, pero una vez más se cumplieron los 20 días hábiles y Ancap no dio respuesta alguna. El 22 de marzo Búsqueda inició un reclamo ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), garante de que la ley se cumpla, que notificó a Ancap ese mismo día.
El 22 de abril, tres meses después de presentado el primer pedido, Ancap envió una nota a la UAIP con sus descargos, justificando su falta de respuesta en que ambos pedidos “fueron filtrados por la herramienta de control de spam corporativa, lo que impidió la entrega de los mismos”.
La UAIP tomó recibo, analizó el caso y el 17 de mayo falló, concluyendo que “Ancap deberá brindar acceso a la información solicitada”. Finalmente, el 29 de mayo el ente comenzó a enviar los cientos de estados de cuenta que culminarían en la nota periodística de Búsqueda que desató el escándalo.