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Aunque su definición tiene un uso específico en el derecho internacional marítimo, la “persecución en caliente” refiere a una situación jurídica que permite a agentes policiales de un país proseguir, sin autorización previa, la persecución en otro país limítrofe de una persona responsable de un delito, generalmente grave. Esta figura encontró un primer aterrizaje en Europa a partir del Acuerdo de Schengen en 1985, por el cual varios países acordaron eliminar progresivamente los controles en sus fronteras ante infracciones como homicidio, violación, secuestro o tráfico de drogas. Ahora se intenta insertarla dentro del Mercosur a partir de una propuesta de Brasil que Uruguay decidió que era conveniente profundizar.
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Durante la 42ª reunión de Ministros de Interior y Seguridad del Mercosur y estados asociados, celebrada en Montevideo el 9 de noviembre, el ministro de Seguridad Pública de Brasil Raúl Jungmann planteó un acuerdo para incrementar la cooperación y asistencia mutua en materia policial en áreas de frontera, principalmente preocupado por las organizaciones de narcotráfico que operan en esos lugares. Entre otras cosas sostuvo la necesidad de que las Policías que forman parte del bloque puedan, durante persecuciones a criminales, ingresar a otro país con ciertas restricciones pero con mayor flexibilidad a como lo hacen actualmente.
Aunque la intención de Jungmann era que la propuesta fuera votada íntegramente en la reunión, diferencias en algunos puntos respecto a la flexibilidad de acción de los Policías determinaron que se decidiera su estudio por parte de una comisión técnica, señalaron a Búsqueda fuentes oficiales. A dicha comisión técnica se le encomendó trabajar en un proyecto de acuerdo consensuado entre todos los países que tomará como base la propuesta brasileña.
La Policía uruguaya tiene manuales de procedimiento que le impiden perseguir a un criminal dentro de Argentina o Brasil sin la autorización correspondiente de las Policías locales, y viceversa.
“Las delegaciones agradecieron el proyecto elaborado por el gobierno de Brasil y compartieron el interés expresado por las autoridades de dicho país en cuanto a la importancia de incrementar la cooperación y asistencia mutua en materia policial en áreas de frontera, incluso utilizando modernas figuras jurídicas como la persecución en caliente (hot pursuit) y la vigilancia transfronteriza”, dice el acta del encuentro. “Ellos contribuirán a tornar más eficaz la lucha contra el delito, su prevención e investigación en forma conjunta y coordinada, preocupación plenamente compartida por los gobiernos del Mercosur en un tema de alta sensibilidad para nuestras sociedades, que es la delincuencia organizada transfronteriza”, agrega.
La Policía uruguaya tiene manuales de procedimiento que le impiden perseguir a un criminal dentro de Argentina o Brasil sin la autorización correspondiente de las Policías locales, y viceversa. En el caso específico de Brasil los agentes de uno u otro país que en su propio territorio estén persiguiendo a delincuentes que traspasan el límite fronterizo pueden ingresar al territorio de la otra parte solamente para requerir a la autoridad policial más próxima el procedimiento legal necesario.
El aumento de delitos relacionados al narcotráfico, especialmente en la frontera con Brasil, determinó que en el último año el gobierno uruguayo refuerce la seguridad en los departamentos limítrofes con la instalación de cámaras de videovigilancia y el desplazamiento de efectivos. Durante la reunión de ministros del Mercosur el subsecretario Jorge Vázquez, quien representó a Uruguay ante la ausencia de Eduardo Bonomi, enfatizó la necesidad política de desarrollar nuevos mecanismos de cooperación.
“Es importante sobre todo en los temas vinculados al delito organizado, porque no tiene fronteras y a veces las dificultades que tenemos desde el punto de vista jurídico, legal, fronteras, tenemos que solucionarlas con buenos acuerdos y buenas resoluciones para que los aparatos de seguridad y los servicios de inteligencia puedan ser eficientes sobre todo en el combate del delito transnacional”, señaló a la Secretaría de Comunicación de Presidencia.
El aumento de delitos relacionados al narcotráfico, especialmente en la frontera con Brasil, determinó que en el último año el gobierno uruguayo refuerce la seguridad en los departamentos limítrofes con la instalación de cámaras de videovigilancia y el desplazamiento de efectivos.
Además de Vázquez y Jungmann, en el evento participaron la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, el ministro del Interior de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, y, por parte de los Estados asociados, el cónsul de Chile en Uruguay, Eugenio del Solar Silva, y el embajador de Perú en Uruguay, Augusto Arzubiaga.
La semana pasada, la ministra argentina Bullrich se mostró confiada en que la propuesta brasileña será aprobada el año próximo. “Habrá una dinámica mucho mayor en la persecución penal con nuestros países vecinos y un modelo de relacionamiento muchísimo más directo”, dijo en el marco de un curso especializado para la persecución del narcotráfico organizado en Buenos Aires por el Ministerio Público Fiscal de Argentina. “Es imprescindible el desarrollo de tareas conjuntas para la lucha contra el narcotráfico, para la desarticulación de los activos que tienen estas organizaciones, para la posibilidad de avanzar en la desestructuración de todas las redes”, indicó.
Más allá de la discusión por la persecución criminal entre fronteras, las delegaciones del Mercosur acordaron que en el sistema de intercambio de información del bloque (Sisme) se compartan también datos relacionados con requisitorias, medidas cautelares y el uso de dispositivos de control en delincuentes, que en Uruguay se utiliza con las tobilleras electrónicas en aquellas personas con alto riesgo de cometer agresiones de violencia doméstica.
