Uruguay firmó un acuerdo de colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense para reforzar búsqueda de desaparecidos

Olivera indicó que los argentinos —que cuentan con vasta experiencia en diversas partes del mundo pero que aún no han hecho actividad de campo en Uruguay—“están dispuestos a venir y trabajar en lugares en los que se cree que hay restos humanos”.

“Va a llevar tiempo”.

El grupo que integran también Macarena Gelman, Felipe Michelini, Pedro Sclofsky, Susana Andrade, Mario Cayota y Emilia Carlevaro, fue creado por un decreto del presidente Vázquez el 19 de mayo pasado y comenzó a trabajar en el tercer piso de la Galería Caubarrère con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que dirige la historiadora Isabel Wschebor.

“Yo personalmente no tengo una expectativa de logros inmediatos, pienso que es una tarea que va a llevar tiempo, que los logros se irán viendo pero en forma lenta; sé que los afectados, las víctimas, los familiares, aquellos que están directamente interesados tal vez se sientan defraudados por la lentitud con que trabajamos pero pienso que el trabajo debe hacerse con seriedad, responsabilidad y cierta certeza en lo que estamos haciendo. Muchas veces nosotros mismos quedamos un poco atrapados por obstáculos que van surgiendo y que no nos permiten ir más rápido. Por ejemplo, información que no nos llega en forma inmediata del propio Estado. Muchas veces tenemos que insistir y buscar la vuelta”.

No obstante, Olivera advirtió que “las características del trabajo hacen que sea lento, queremos sentirnos seguros, ir despacio pero más firmes ante una denuncia de un lugar de enterramiento. Para llevar una denuncia a un juez tenemos que tener elementos firmes”.

El caso de las excavaciones ordenadas por la jueza Isaura Tórtora en el grupo de artillería antiaérea Nº 1 en Empalme Olmos “es una denuncia que se hizo a través de Familiares que nosotros apoyamos”, explicó.

Hasta el ingreso el martes 15 al predio del arma de artillería, el único lugar cautelado para excavaciones era el predio del ex Batallón de Infantería Nº 13, en Gruta de Lourdes, pero los trabajos están detenidos desde agosto por orden del juez Pedro Salazar.

La búsqueda fue interrumpida luego de que apareció un proyectil antitanque, por temor a que alguno de los antropólogos resultara herido. Salazar ordenó trabajos de desmalezamiento y exploración por parte de expertos militares para limpiar el terreno de metales.

Sin embargo, el ex responsable de los trabajos de excavación, José López Mazz,­ dijo a Búsqueda que en los trabajos que le tocó “dirigir entre 2005 y 2014, en los diferentes predios se encontraron diversos tipos de proyectiles y todos estaban en un estado que no representaba ningún peligro”.

Para el arqueólogo de la Facultad de Humanidades, “al estar en un área militar se supone que el Ejército no exponía a su personal a un peligro de ese tipo. En algunos casos se realizó una consulta o peritaje técnico, pero en ningún caso se detuvieron los trabajos de excavación por esa razón”.

López renunció en 2014 luego de desencuentros con la organización Familiares pero la mayor parte del equipo continuó bajo la coordinación de la forense Alicia Lussiardo.

“Aló, presidente”.

“Debería ir más rápido. Al presidente recurrimos cuando agotamos los canales necesarios en el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa o Cancillería, pero cuando vemos que hay algo que no podemos resolver lo llamamos. Nosotros como grupo de trabajo nos sentimos muy apoyados por el presidente, hasta ahora siempre ha solucionado los problemas o al menos los ha encaminado”, declaró el pastor Olivera.

El grupo tiene también otras metas para los próximos años: hay seis líneas temáticas, entre ellas elaborar un “plan global de la memoria”, que busca “no solo recuperar la memoria personal sino la memoria histórica, trabajando con el Estado y la sociedad civil”.

Gelman dijo a Búsqueda que el Grupo de Trabajo le da especial importancia al relevamiento de testimonios en todo el país debido a la obligación del Estado a escuchar pero además a que “el mayor cúmulo de información proviene de las víctimas”.

En la Secretaría que dirige Wschebor trabajan 14 personas como respaldo técnico, además de los historiadores y antropólogos de la Universidad de la República, con los que existe un convenio que se renovó por seis meses. También se está trabajando en la creación de una base de datos con la colaboración del Plan Ceibal, Agesic y otros organismos.

“Estamos procesando nuevos lugares, tenemos mucho material y lo estamos procesando porque no queremos hacer agujeros por todos lados”, reconoció Olivera.

“Tenemos elementos para ser optimistas pero no queremos despertar expectativas desmedidas, vamos aprendiendo con los golpes”, dijo el pastor metodista, que fue uno de los fundadores, junto a los curas Luis Pérez Aguirre y Jorge Osorio de la organización de defensa de los derechos humanos Serpaj.

En agosto de 1983, cuando recrudecieron la represión y las torturas en dependencias militares, los tres religiosos realizaron un ayuno en la sede de Serpaj en el Cerrito de la Victoria.

El viernes 18, el semanario “Brecha” informó que los nombres de dos oficiales, un clase y un soldado aparecen en documentos oficiales en relación con el Plan Cóndor pero que la información no llegó a la Justicia uruguaya debido a “una política de compartimentación y secretismo en el manejo de la documentación hasta ahora encontrada”.

Según el semanario, algunos datos aparecieron durante el juicio que se lleva a cabo por el Plan Cóndor en Italia a partir de “apuntes” recogidos por Osorio, ahora residente en Brasil, cuando integraba la Comisión para la Paz.

Consultada por Búsqueda, Wschebor dijo que esa información “no estaba en manos de la Secretaría sino de particulares en medio de una situación de ocultamiento que lleva años”.

El año pasado, Serpaj fue cuestionada por el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, quien a pesar de fuertes críticas fue confirmado en su cargo por el presidente Vázquez.

“Con él (Fernández Huidobro) habíamos colaborado, le pasábamos información que él pedía a Serpaj, pero después parece que se olvidó”, se lamentó Olivera.

El miércoles 23, el portal de “El Observador” informó que el arzobispo Daniel Sturla recibió tres nuevos datos en relación con los desaparecidos en Montevideo y el interior del país.