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Nicolás Maduro cumple su amenaza y revoca permisos a seis aerolíneas internacionales
Venezuela revocó los permisos de seis aerolíneas internacionales por no reanudar vuelos en 48 horas y acusarlas de respaldar acciones de “terrorismo” de Estados Unidos, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo la operación ‘Lanza del Sur’
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla sosteniendo la Espada del Perú este martes, durante una marcha en Caracas.
El gobierno de Venezuela materializó su ultimátum: varias aerolíneas internacionales acusadas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos (EE.UU.) perdieron la concesión para operar en el país al no reanudar sus vuelos dentro de las 48 horas fijadas por el Ministerio de Transporte.
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El miércoles 26 de noviembre venció el plazo otorgado por las autoridades venezolanas, a las 16:00 GMT (mediodía, hora local), en un contexto de creciente tensión en el Caribe, donde Washington mantiene un despliegue militar sin precedentes bajo la operación ‘Lanza del Sur’. Ese mismo día, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron oficialmente la revocación de los permisos.
Según el comunicado, las compañías fueron señaladas por “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de EE.UU., suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales”. Las seis aerolíneas afectadas son: la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, según publicó el INAC en Instagram.
La medida implica un aislamiento parcial de Venezuela y limita su conectividad aérea justo en una temporada crucial para el transporte, como es la Navidad.
El pasado viernes, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. había instado a las aerolíneas a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, ante lo que consideraba “una situación potencialmente peligrosa en la región”. A raíz de ello, varias compañías cancelaron sus vuelos hacia y desde Caracas durante el fin de semana.
Por el momento, mantienen operaciones en el país Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las locales Avior y Conviasa (estatales).
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, subrayó que el gobierno “decide quién vuela y quién no” y que se reserva el “derecho de admisión”. “El gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas: si en 48 horas no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros con nuestra dignidad. No hay problema”, declaró el número dos del chavismo.
Hasta ahora, más de 8.000 pasajeros de al menos 40 vuelos se han visto afectados por las cancelaciones, según la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit).
En paralelo, un avión estadounidense con 175 migrantes deportados aterrizó cerca del mediodía en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas. Una fuente del Ministerio de Transporte interpretó este hecho como evidencia de que “no hay peligro en el espacio aéreo venezolano” y criticó lo que calificó de “doble discurso” por parte de Washington. Posteriormente, el gobierno venezolano informó que EE.UU. había solicitado “permisos especiales” para operar “rutas de repatriación con aviones estadounidenses”.
Embed - Informe desde Caracas: Nicolás Maduro llama a marchas tras sobrevuelo de aeronaves de EE. UU.
Movimiento en el Caribe
La Fuerza Aérea de EE.UU. informó que aviones bombarderos B-52H realizaron esta semana demostraciones de ataque en el Caribe, sin precisar la ubicación exacta de las operaciones.
Estas maniobras forman parte de la operación militar ‘Lanza del Sur’, anunciada el 14 de noviembre, cuyo objetivo declarado es combatir el narcotráfico en América Latina. La operación comenzó tres meses después del despliegue inicial de fuerzas estadounidenses en la región.
Bajo este operativo, Washington ha desplegado el portaaviones USS Gerald R. Ford, buques de guerra y cazas de combate en el Caribe. Además, ha destruido más de veinte embarcaciones, causando al menos 83 muertes que, según EE.UU., estarían vinculadas al narcotráfico, aunque no se han presentado pruebas que respalden estas afirmaciones. Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y la ONU, consideran que estos hechos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.