La inclusión financiera se va expandiendo. Foto: Nicolás Der Agopián

La eventual aprobación de un plebiscito tendría consecuencias “fuertemente negativas”, como la caída de la ley de seguro de trabajo y la póliza automotriz obligatoria, advierte asesor ministerial

El Poder Ejecutivo apuesta a un acuerdo para frenar la “campaña” política contra su plan de inclusión financiera

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Nº1930 - al de Agosto de 2017

“No me cabe la más mínima duda”, respondió Martín Vallcorba —la cara visible del plan de inclusión financiera que impulsa el gobierno— cuando Búsqueda le preguntó esta semana si identifica como una campaña política el movimiento empresarial contra la bancarización, que apoyan, con matices, algunos dirigentes de la oposición.

“Se vio la oportunidad de aprovechar esa situación, de desconcierto o dudas” respecto al alcance de la inclusión, sobre todo en el interior del país, sostuvo.

Pero según Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía y coordinador de ese programa, quienes están detrás de la propuesta de incorporar en la Constitución un inciso según el cual “nadie podrá ser obligado a celebrar un contrato en contra de su voluntad ni podrá ser sancionado” por no hacerlo —por la vía de un plebiscito— “no han hecho una evaluación a fondo de por qué están recolectando” firmas y las consecuencias que puede acarrear. El gobierno sí, y advierte que las derivaciones serían “fuertemente negativas”.

Dijo que “sorprende” que se pretenda establecer para los contratos un carácter de derecho absoluto que la Carta Magna no prevé ni siquiera para los derechos fundamentales, ya que admite limitaciones por vía legal.

Pero más preocupante, en su opinión, es que de aprobarse el eventual plebiscito, entre otras consecuencias se derogaría la ley de seguro de accidentes de trabajo y otra más reciente, que instaló la póliza de automóviles obligatoria. Como protecciones garantidas “caerían, porque nadie estaría obligado a contratar contra su voluntad” dichas pólizas, si bien seguirían existiendo para quien voluntariamente desee adquirirlas, advirtió. Esto tiene una “gravedad práctica en que nadie reparó hasta el momento”, ni siquiera entre los actores de la oposición que se han sumando a la recolección de firmas, evaluó. “Tienen que estar claras estas consecuencias francamente negativas”, insistió.

Otro efecto potencial es, a su juicio, la inconveniencia de darle al dinero en efectivo un rango constitucional. Eso porque se acotaría el margen de acción del Poder Legislativo frente a eventuales decisiones respecto a, por ejemplo, el manejo de la moneda nacional (el asesor recordó que Ecuador aprobó años atrás una dolarización plena de su economía) o los cambios que traen los avances tecnológicos sobre el sistema de pagos. “Son cuestiones que tienen una dinámica que no es razonable que estén previstas en la Constitución”, alegó.

Además, dijo Vallcorba, si prospera una reforma constitucional esta regirá a partir del 2020, “cuando el uso de los medios electrónicos, con ley o sin ley” de inclusión, van a estar cada vez más instalados.

A partir de este programa, en los años recientes se crearon 600.000 nuevas cuentas e instrumentos electrónicos de pago de sueldos, a la vez que crecieron las transferencias —en detrimento de los cheques— y explotaron las operaciones con tarjetas de débito.

El asesor ministerial dijo que la preocupación de las asociaciones comerciales deberían ser los costos de las empresas. “Sin embargo, este plebiscito, el único efecto” que tendría en lo que hace a la inclusión, es que habilitaría el pago de salarios a través de efectivo y dejaría sin efecto la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos en compraventas de autos, inmuebles u otras transacciones de montos elevados, dijo. “En nada cambia” la realidad de los costos empresariales, planteó. “Por eso, la Confederación Empresarial del Uruguay se desmarcó y Cambadu tampoco está apoyando la recolección de firmas. Se ha comprendido que es una herramienta que no resuelve” ese problema, subrayó.

Negociación

El plan de inclusión es considerado por el gobierno del Frente Amplio como una reforma estructural relevante que busca facilitar el acceso a los servicios financieros a sectores de la población que hasta ahora no llegaban, bajar costos de transacción y formalizar la economía. En el Consejo de Ministros del lunes 7, el titular de Economía, Danilo Astori, presentó un documento —con un contenido similar al referido por Vallcorba en recientes presentaciones públicas— donde se repasa el punto de partida, los objetivos, los instrumentos aplicados y los resultados para la bancarización. También incluyó un capítulo donde aclara dudas y rebate planteos de los detractores del plan.

En este contexto, el gobierno definió una estrategia para defender la inclusión financiera que considera, por un lado, contactos de Vallcorba —y eventualmente el ministro Danilo Astori o el subsecretario Pablo Ferreri— con organizaciones empresariales y sociales del interior del país que empezarán en los próximos días. Se entiende que hay un “manejo equivocado de la información, en algunos casos originado en desconocimiento genuino y en otros, con el objetivo de contribuir a la desinformación” como parte de una “campaña” contra la inclusión, dijo. En las últimas semanas, Vallcorba ha salido a los medios y participó en distintos foros procurando derribar algunos “mitos”, como el que dice que los comerciantes están obligados a manejarse con pagos electrónicos. También argumentó contra la “crítica filosófica a la obligatoriedad y cómo atenta contra la libertad del trabajador; eso parte de una premisa equivocada y es que antes de la ley el que elegía era el empleador. No se puede decir que limitó una libertad que antes no existía para el trabajador”, a quien la inclusión le permitió decidir a través de qué banco o emisor de dinero electrónico cobra su sueldo.

La otra línea de trabajo es la búsqueda de acuerdos que despejen los problemas de implementación que han sido señalados. Vallcorba ya mantuvo reuniones con los senadores Pablo Mieres (Partido Independiente) y Verónica Alonso (Partido Nacional), dos de los dirigentes que han expresado reparos al plan de bancarización. El colorado Fernando Amado se sumaría al grupo.

Esta semana habrá una instancia de diálogo para “avanzar en la discusión en concreto” sobre tres ejes, adelantó el asesor ministerial a Búsqueda. Primero, afirmó que se buscará “acordar eventuales flexibilizaciones” para la implementación de la inclusión —que se apoya en seis leyes y 37 decretos. Segundo, se intentará consensuar “medidas reglamentarias en la dirección de seguir apoyando una mejor inserción de los comercios, en particular de los pequeños”, añadió. Tercero, se promoverá un acuerdo “para dar respuesta” a los niveles de aranceles, la dispersión de mínimos y máximos, el plazo de pago a los comercios, y esquemas para que el pequeño comercio pueda participar en promociones que realizan los emisores, así como mejorar aspectos administrativos del proceso de venta, explicó.

“Hemos corregido la inclusión, lo que demuestra apertura a evaluar aspectos”, afirmó, aludiendo a lo “paradójico” de que algunos dirigentes políticos de la oposición han cuestionado los cambios que ha tenido el programa. “Es un proceso complejo que implica una transformación cultural significativa”, admitió.

“Si se alinean las gremiales, la dirigencia política y el gobierno, los aranceles van a bajar más allá de lo que está comprometido con los emisores. Hay sin duda condiciones para eso. (…) Veo muy viable llegar a un acuerdo. No sé si será con toda la oposición, parecería difícil. Pero un acuerdo es altamente probable y deseable”.

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