Entre otros temas, el titular de Ganadería anunció que anularán un llamado de apoyo a los productores, que es financiado por el Estado y el Banco Mundial, y harán otro, debido a la menor disponibilidad de fondos.
“En el gobierno anterior se designó gente por su afiliación política y no por su conocimiento”, sostuvo Uriarte al defender su rol en el MGAP y las designaciones de directivos de gremiales del agro en institutos público-privados del sector.
—En una entrevista con Búsqueda antes de asumir anunció su intención de hacer varios cambios y revisiones en institutos públicos agropecuarios. ¿Qué avance se logró hasta ahora?
—Seguimos con la misma idea de estudiar a toda la institucionalidad agropecuaria y organizarla para actualizarla. Todos los institutos que operan bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, como lo son el INIA, Inac, Inavi, Plan Agropecuario, Inale y Colonización, ameritan un estudio del marco institucional y lo otro es lo referido a las auditorías o rever lo pasado en cuanto a cómo ha recibido este gobierno determinadas direcciones e institutos.
Debido a otras urgencias como la emergencia sanitaria por el coronavirus y la emergencia agropecuaria por la sequía, este asunto se ha dilatado más de lo que pensábamos en un principio pero a la vez nos dio más tiempo para ir identificando aun más aquellas áreas que ameritan ese tipo de análisis. Nos mantenemos firmes en cuanto a la necesidad de realizar esos estudios. En algunos casos puede ser necesaria otra herramienta y no una auditoría. Pero el punto es ver si lo que se hizo en el pasado reciente está dentro de lo legal, de lo aceptable.
—¿Por un lado, está lo incluido en el proyecto de ley de urgente consideración respecto a cambios en institutos agropecuarios, como el Inac y la creación del Instituto de la Granja, entre otros asuntos, y, por otro, el objetivo de hacer las auditorías o estudios sobre el funcionamiento y la gestión de los institutos y del propio Ministerio de Ganadería para ver si hubo irregularidades o acciones ilegales en la administración anterior?
—Es eso mismo. Dentro de ese proyecto de ley hay temas referidos a la institucionalidad pública agropecuaria, pero creemos que ese asunto es mucho más amplio que lo incluido en ese proyecto.
Con respecto a las auditorías, sin descontar otras herramientas, que pueden ser internas y realizadas por la Auditoría Interna de la Nación o por organismos externos al aparato público, pueden utilizarse investigaciones administrativas o crearse comisiones investigadoras en el Parlamento o en los distintos ministerios. Son herramientas que de acuerdo a cada tema estamos evaluando.
Esto ya lo hemos hablado con el presidente de la República y nos ha dado el visto bueno como para avanzar en este tipo de estudios.
En el caso del MGAP hemos identificado áreas que ameritan este tipo de estudios. No hemos definido aún cuál sería la herramienta a aplicar, no solamente por determinar cuál es la más apta, sino también por saber cuál es la que se puede, porque este tipo de estudios se están dando en otras muchas áreas del gobierno. Por ejemplo, pensando en la Auditoría Interna de la Nación que está recibiendo muchos pedidos y tendrá que priorizar a cuáles atenderá primero.
Dentro del Ministerio de Ganadería hay algunos ámbitos en los cuales entendemos puede haber hasta acciones penales que se pueden instrumentar a partir de estos estudios.
—¿En qué ámbitos, por ejemplo?
—En la Dirección General de la Granja, en la cual ya hay un proceso en marcha pero no hay una sentencia (judicial). Entonces estamos agarrando el tema y tenemos que tener bien claro qué fue lo que pasó y si hay una responsabilidad penal entendemos que la Justicia lo debe determinar. Ahí tenemos que hacer un estudio profundo de cuál es la situación de esa dirección tal cual nos la entregaron. Recordemos que hay un sumario administrativo abierto y hay personas (funcionarios) que han sido investigadas por malversación de fondos en su uso pero no hay sentencia. Nosotros queremos llegar al fondo en ese aspecto.
—Hubo un caso de irregularidad en el Puerto de Montevideo vinculado a funcionarios de la Dirección de Sanidad Animal del MGAP.
—Ese es un tema menor. Lo referido a la Dirección de la Granja es mucho más grande porque estamos hablando de cargos más altos. Siempre es posible que haya errores humanos en todas las áreas y vamos a ir corrigiendo.
En otra área que tiene una envergadura mayor y en la que al igual que en la Digegra puede llegar a haber responsabilidades penales involucradas es en SNIG, en el manejo de la trazabilidad del ganado. Ahí hay un uso en el que están involucrados no solo funcionarios del ministerio sino que también hay operadores privados que han hecho un mal uso de esa herramienta.
Hay procedimientos que nunca se terminaron de explicar. Entendemos que si en verdad queremos defender la trazabilidad, porque la consideramos una herramienta fundamental para Uruguay, entonces tenemos que saber bien qué es lo que pasó para corregirlo y que en la medida de lo posible los errores que se cometieron no se vuelvan a repetir.
—¿Como ocurrió en los casos de estafas a productores mediante la manipulación de datos del SNIG?
—Esos fueron algunos, a nivel interno hubo procedimientos que nos despiertan muchas dudas. Queremos determinar la actual situación y explicar realidades grandes, que para el país son muy importantes, números que hay que explicar y corregir. Estamos recibiendo una realidad que el público o los directamente involucrados, como son las gremiales agropecuarias, se merecen saber.
—¿Cómo calificaría la situación en la que encontraron al MGAP en cuanto a la administración de fondos y a la gestión?
—Eso es más amplio de lo que veníamos hablando. Para nosotros, se asemeja a una anarquía lo que había dentro del Ministerio de Ganadería, donde cada uno o muchas partes (unidades ejecutoras) hacían independientemente lo que les parecía que debían hacer, sin una coordinación debida.
Y había muchas cosas multiplicadas, contadores, asesores y demás. Estamos en una ardua tarea de unificar todo y que esto no sea varios ministerios sino un solo ministerio.
Se visualizaba que había hasta propagandas con logos, direcciones con necesidades básicas hasta de locomoción y otras que no tenían esas mismas necesidades.
—¿Qué medidas adoptaron o tienen previsto aplicar para ajustarse a las limitaciones de recursos que plantea el gobierno?
—Aparte de la exhortación que se hizo en el gobierno apenas entramos al Ministerio de Ganadería, inmediatamente hubo un decreto de abatimiento de costos del 15% de lo gastado en 2019 con un plazo para ser presentado hasta el 30 de abril. Y eso lo hicimos con mucha responsabilidad.
Hubo un ajuste muy importante que abarcó a todas las áreas por igual. Obviamente, algunas en las cuales el rubro sueldo era el más importante.
Hay un proyecto muy importante del MGAP que se llama Más Agua para el Desarrollo Rural, que canalizó cuantiosos fondos del Banco Mundial dentro del programa denominado Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático. Cuando llegamos al Ministerio había unos 2.800 proyectos aproximadamente aprobados para ejecución que sumaban más de US$ 20 millones para realizarlos.
Sin embargo, los fondos disponibles con los que contaba Ganadería para ejecutarlos eran US$ 14 millones. Esa es parte de la realidad que recibimos en este ministerio, que ahora la estamos procesando y a esta altura es casi una verdad que no vamos a seguir adelante con ese llamado.
Porque no están los fondos y no podemos decir qué proyectos son los que vamos a hacer y cuáles no. Seguramente anularemos ese llamado y haremos otro, a partir de lo que disponemos. Pero eso es parte de cómo se venía manejando esta secretaría de Estado. Sabemos que involucra a muchísima gente que trabaja y vive de estos proyectos y que esto va a afectar sus planes, pero no es responsabilidad nuestra. No podemos asumir este tipo de responsabilidades.
—¿Además de los fondos destinados a los productores en ese tipo de proyectos se constataron contratos de profesionales y técnicos con sueldos importantes?
—Justamente, esas son cosas que pretendemos corregir y esto no va a ser lo mismo de lo que era antes. Eso es obvio. Pero eso no quiere decir que no tengamos la misma preocupación por el desarrollo del país. Tampoco nos alienta ninguna ideología más que el objetivo de país.
Vamos a reordenar eso y estamos en conversaciones con el Banco Mundial para poderlo reencauzar. En eso habrá un ajuste en la cantidad de personas contratadas, que no son pocas.
Hay otras áreas que identificamos como prioritarias, sin descartar otras posibles, que no son bien claras las responsabilidades penales por las cosas que puedan surgir pero que sí hay un objetivo en cuanto al uso de los fondos públicos. Nos referimos a lo que se hizo a través de la Dirección de Desarrollo Rural, que canalizó profusos fondos, fundamentalmente del Banco Mundial y de otras fuentes de financiamiento. Y estoy hablando de varios millones de dólares. Tenemos que analizar cómo fueron utilizados, si cumplieron los objetivos, cuáles fueron los resultados.
—¿Sospecha que hubo un mal manejo de esos fondos?
—Creemos que son muchos los fondos utilizados, que son de todos los uruguayos, porque eso era contra deuda pública, lo que amerita un informe al menos de los resultados logrados a partir de su utilización.
Y otro caso, que si bien no forma parte del MGAP por ser un ente autónomo estatal, involucra a Ganadería como Poder Ejecutivo, y que lo hablamos con el presidente de la Republica, es el Instituto Nacional de Colonización. Vamos a organizarnos con sus nuevas autoridades para hacer una auditoría.
En ese caso se trata de uno de los recursos más grandes que el Estado tiene de los uruguayos en cuanto a capital. Estamos hablando de más de US$ 1.200 millones (en la valorización de la cartera de tierras). Por eso amerita hacer un estudio de cómo ha sido utilizado ese enorme capital, con qué fines y qué resultados han tenido.
—¿Hablaron con el presidente Lacalle Pou de suspender la compra de más tierras por parte de Colonización?
—El Instituto de Colonización necesita una modernización, una actualización. Fue creado por una ley en 1948.
En lo personal, me gustaría darle un enfoque en ese sentido, que realmente quienes accedan a ser colonos se transformen a la vez en propietarios y no estén bajo ninguna otra obligación más que cuidar del bien que tienen. Y cumplir con las obligaciones que ese acceso le implique.
Colonización hoy tiene unas 400.000 hectáreas netas, que me parece un capital suficiente para que tengan acceso a la tierra aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo de otra forma.
En lo personal, y eso lo tenemos que hablar con todos los involucrados, me parece que no amerita seguir juntando dinero de todos los uruguayos con ese fin.
—Usted fue presidente de la Federación Rural e integró la Asociación Rural, y en una reciente entrevista en el programa radial En Perspectiva declaró: “Mi función es transmitir las necesidades y opiniones de los productores y tratar de que sus intereses sean considerados en las medidas que toma el gobierno”. Esos comentarios causaron polémica y malestar en el Partido Colorado, según consignó la diaria. ¿Hoy mantiene esas afirmaciones?
—No quiero entrar en esos detalles. Y pueden ser declaraciones mal interpretadas. Tengo claro que mi rol dentro del ministerio es la ganadería, la agricultura y la pesca. Ese es el tema por el cual yo aporto desde dentro de este gobierno y lo hago tal cual soy, con mi formación. Obviamente, las interpretaciones de lo que pude haber dicho quedan por cuenta de quienes las hicieron, pero yo asumo la responsabilidad dentro de este gobierno en lo que se refiere a esas tres áreas.
—Es que desde la opinión pública se advierte que su designación como ministro de Ganadería, y los nombramientos de otros exdirectivos de gremiales agropecuarias en institutos públicos del agro, implica que de cierta manera las asociaciones rurales están asumiendo en parte el gobierno. ¿Qué dice al respecto?
—En eso sí hay una marcada diferencia entre este gobierno y el anterior. En el gobierno anterior se designó a gente que lo importante era su afiliación política y no su conocimiento y relación con el sector con el cual tenían que trabajar. Eso provocó grandes problemas de comunicación. A las pruebas nos remitimos. Hagan un análisis de algunos institutos agropecuarios y verán la disociación o falta de comunicación que hubo en ellos.
Este gobierno es lo contrario. Las personas son evaluadas por su idoneidad, por su don de gente y por tener la visión de país por encima de todo. Y no por la agremiación de la cual vienen, ni a quien representan.
—En algunos casos las críticas se basan en que esas personas provienen de gremiales rurales que no representan a los pequeños productores o a ciertos sectores rurales.
—No lo analizaría de acuerdo a de dónde vienen sino por su idoneidad, su don de gente y por la visión de país. Además dentro de los designados no solo hay de la Asociación y de la Federación Rural, hay de otras gremiales como las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y otros que no integran ninguna agremiación agropecuaria. El actual presidente del Instituto Nacional de Semillas viene de la Unión Rural de Flores y el nuevo vicepresidente del Instituto Nacional de la Leche, Juan Daniel Vago, integra CAF. Me parecen muy livianas esas críticas.
