Cada año hay periodistas muertos, amenazados, censurados o intimidados en todos los países, afectando el derecho a la información de las personas. El 17 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el Informe Anual 2015 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Se trata del 17º informe dedicado a cubrir los acontecimientos que van desde enero a diciembre de 2015. Esta vez, fue elaborado por el relator Edison Lanza, abogado y periodista uruguayo.
Además de referirse a la libertad de expresión en el hemisferio occidental, se incluyen dos informes temáticos agregados: uno sobre el acceso a la información, la violencia contra las mujeres y la administración de Justicia en las Américas, y otro sobre el discurso de odio y la incitación a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América.
La Relatoría encontró en 2015 un aumento de la violencia contra los periodistas, incrementándose los asesinatos por tercer año consecutivo, con 27 comunicadores muertos en casos que sería factible relacionar con el desempeño de su profesión, a los que se agregan 12 periodistas acerca de los cuales no se pudo determinar claramente el móvil de su muerte. En 2014, 25 habían sido los periodistas asesinados.
El informe señala que continuaron las denuncias sobre intimidaciones y amenazas y se incrementó el empleo del Derecho Penal contra los comunicadores. La Relatoría expresó preocupación, además, por la “respuesta desmedida” de algunos Estados ante el derecho a la manifestación y la protesta, con disoluciones violentas de movilizaciones por las fuerzas de seguridad, arrestos de activistas y periodistas, así como agresiones y daños a las herramientas de trabajo.
Otros temas resultan preocupantes. “El uso discriminatorio de la publicidad oficial, la persecución a medios comunitarios y la concentración en la propiedad y control de los medios continúan siendo desafíos pendientes en el continente y, en algunos casos, estas situaciones se agravaron”, dice el reporte.
Asesinatos con doble impacto.
Entre los avances destacados, figura la condena en Colombia a 36 años de prisión del ex parlamentario Ferney Tapasco por la autoría intelectual en el asesinato del periodista Orlando Sierra en 2002, probándose “la conexión entre el homicidio y los artículos que Sierra había escrito en el diario ‘La Patria’ sobre actos de corrupción cometidos por el legislador”.
En México, la Relatoría subrayó como positivo la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que generó la conformación del Sistema Nacional de Transparencia, aumentando las garantías para el “efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la información pública”.
“El hemisferio se ha vuelto una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo, y las agresiones más graves como el asesinato y el secuestro se han vuelto una de las peores formas de censura por los efectos que causan tanto en la víctima como en la actividad periodística y por el impacto en el derecho de la sociedad a recibir información”, se lee en el informe.
En 2015, los países donde hubo periodistas víctimas fueron Brasil, Honduras, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Paraguay. El derecho a la libertad de expresión se vulnera sensiblemente debido a los crímenes que se cometen año a año en contra de periodistas que investigan asuntos relacionados con el crimen organizado, la corrupción política o que tienen una actividad intensa y crítica dentro de sus comunidades.
Entre las acciones que la Relatoría recomienda a los Estados está buscar e implementar adecuados mecanismos de prevención, la condena pública a todo acto de agresión contra los comunicadores y ofrecer protección a quienes estén en riesgo real cuando ejercen su derecho a expresarse libremente, así como investigar de manera seria y efectiva los hechos violentos que involucran a los periodistas. Se sugiere también la aplicación de medidas legales y condena a los responsables de estos hechos, así como reparar de algún modo a las víctimas y sus familiares.
En el punto relacionado con el uso del Derecho Penal, se registraron denuncias por parte de funcionarios estatales o candidatos a ocupar cargos electivos a raíz de publicaciones de opiniones o información que los afecta y que a su vez es de interés público. Varios casos resultaron en la condena a penas de prisión a periodistas o activistas sociales involucrados en la aplicación de figuras penales que protegen el honor, como la difamación, la injuria o la calumnia. “En un sistema democrático pleno se debe fomentar la deliberación pública y garantizar una mayor apertura frente a expresiones y apreciaciones realizadas por los ciudadanos en ejercicio del control democrático, y, por ende, la Relatoría Especial recomienda a los Estados que deroguen las leyes que consagran el desacato y la difamación criminal en caso que involucran el interés público, modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión, e incorporar los estándares interamericanos a la legislación civil de manera tal que los procesos civiles adelantados contra personas que han hecho declaraciones sobre asuntos de interés público apliquen el estándar de la real malicia”, sugiere el informe.
Un capítulo aparte merecen las “declaraciones estigmatizantes”, en las que los ataques al periodista o al medio se hacen a través de descalificaciones cuando se publica información incómoda para las autoridades. En 2015 se registraron casos en Argentina, Ecuador y Venezuela. Asimismo, la Relatoría pidió a las autoridades estatales que no formulen declaraciones que estigmaticen a comunicadores, medios y defensores de los derechos humanos.
Internet: caso aparte.
En los últimos años, Internet se convirtió en un vehículo clave para la libertad de expresión. En este sentido, la Relatoría recomendó a los Estados no aplicar a la web las mismas reglamentaciones que se aplican a otros medios de comunicación, sino que desarrollen normas alternativas específicas guiándose por los estándares internacionales vigentes en cuanto a la libertad de expresión. Se debe apuntar —aconsejó— a asegurar que en el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no exista discriminación, respetando el “principio de neutralidad de la red”.
La Relatoría sugirió, además, que los Estados revisen sus legislaciones para cerciorarse de que los programas de vigilancia de las comunicaciones privadas se guíen por “principios de necesidad y proporcionalidad” conformes con la defensa internacional de los derechos humanos.
En este terreno, se cita el caso de Brasil, que, como parte de un proceso contra el crimen organizado, cortó el servicio de Whatsapp en todo el territorio, lo que luego fue revocado por un tribunal superior, en un suceso sin precedentes para el continente. Por otra parte, en Estados Unidos, el periodista Barret Brown recibió una condena a 63 meses de prisión por encubrir un delito y obstruir a la Justicia después de que se lo acusara de trabajar con el grupo de hackers Anonymous, y compartir un link con información obtenida por un hacker en 2011.
El caso de la compañía Facebook, cuyo proyecto era ofrecer servicios de Internet sin costo pero de manera restringida en países con escaso desarrollo de las telecomunicaciones, fue cuestionado porque el acceso limitado solo a determinadas páginas web atenta contra la libertad de expresión de “grupos vulnerables”.
El trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión apunta a la consolidación del sistema democrático. La Relatoría fue creada como una oficina de la CIDH para estimular la defensa de la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio.
Periodismo
2016-03-31T00:00:00
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