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Se ha hecho más difícil asesorar a inversores para que hagan negocios en Uruguay porque en los últimos años ocurrieron “cosas que antes no pasaban”, como la aprobación de leyes inconstitucionales, cambios en las “reglas de juego”, así como modificaciones tributarias y regulatorias “sin ningún aviso previo y que han afectado a empresas”. Todo eso, a mediano plazo, incide sobre la “tranquilidad de los inversores”.
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Eso afirma el socio del estudio jurídico Guyer & Regules y subsecretario de Economía en el último gobierno blanco Nicolás Herrera, quien sostiene la necesidad de lograr “consensos de centro” entre sectores políticos en torno a algunas reformas estructurales. Hoy el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista y los sindicatos “tienen de rehén al país” impidiendo avances, opinó en una entrevista con Búsqueda que se resume a continuación.
—¿Qué restricciones advierte al momento de asesorar a los inversores que evalúan hacer negocios en Uruguay?
—El marco legal y de funcionamiento del mercado laboral incide muchísimo; el deterioro educativo genera una masa cada vez mayor de uruguayos que no va a tener la preparación que necesita para las inversiones de futuro.
La gestión pública en general hace que la carga tributaria sobre el sector privado sea altísima. Que la política exterior no esté en la agenda es terrible; lo que veo es una intención del presidente, de su ministro, del equipo económico, y cero posibilidades de llevarla a cabo.
Se ha hecho más difícil (asesorar a inversores) porque han pasado cosas que antes no pasaban: muchas leyes de contenido inconstitucional, cambios en las reglas de juego, tributarias, regulatorias y demás, sin ningún aviso previo y que han afectado a empresas. Hubo poca consideración del impacto que estas cosas tienen en el mediano plazo en la tranquilidad de los inversores.
Lo mismo con el poder de los sindicatos: antes había un equilibrio un poco más razonable de discusión, de negociación. Hoy hay áreas donde realmente es un problema serio.
—El problema de los costos y de la calidad del capital humano requiere reformas que hasta ahora no han logrado consensos. ¿Ve posible acuerdos políticos en este sentido?
—Las políticas de Estado requieren lo que llamo consensos de centro, es decir, que las fuerzas políticas del centro lleguen a acuerdos básicos. Si vemos políticas de Estado como la portuaria, la forestal o la de promoción de inversiones, todas fueron hechas en épocas de partidos tradicionales sin mayorías parlamentarias. Se requerían mayorías especiales logradas con alianzas de centro, puesto que los extremos de los partidos, e incluso el Frente Amplio, no estaban de acuerdo. Sin embargo, cuando el Frente llega al gobierno no toca sustancialmente ninguna de esas reformas, porque tiene en su seno un sector moderado y cercano al centro. Lo mismo pasó con mantener la inflación controlada y con los balances macroeconómicos.
Pero con el Frente Amplio en el gobierno con mayoría parlamentaria, se volvió casi imposible lograr políticas de centro masivas. El partido de gobierno está dominado por los radicales: el MPP y el Partido Comunista han impedido aprobar políticas de Estado en estos períodos.
La reforma educativa, supuestamente una reforma estructural del Frente Amplio, es un fracaso total. Hoy habría una política de Estado en educación si se pudiera contar con ese consenso del centro. La reforma de la salud, muy cuestionada, también carece de consensos de centro.
Uruguay tuvo y perdió una política exterior de apertura comercial. Hay un lastre del ala radical que le impide al Frente Amplio firmar un solo paso hacia una política exterior normal; cada vez que hay una mínima intención de acercarse al Pacífico aparecen los reflejos ideológicos de una parte de la izquierda que realmente no representa al país.
Sí ha habido una política de Estado en materia energética —salvo en torno al proyecto de la regasificadora— que se consolida con los gobiernos del Frente.
—Si se alcanzaran los consensos, ¿qué reformas deberían hacerse?
—En los monopolios y empresas públicas; en el Estado; la gestión pública; la salud —que está en una inestabilidad y con grandes dificultades—, y en el marco de normas laborales para lograr un equilibrio razonable.
Pero todo lo que tenga que ver con el sector privado se llama privatización como si fuera un insulto. Y con ese tipo de vocabulario y ataque es muy difícil lograr consensos en el centro.
Frente a esa izquierda radical, que habla de igualdad, recuerdo que un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo muestra con total transparencia que los países con mayor libertad económica tienen un mayor ingreso por habitante; los más libres ganan siete veces más que los menos libres. Y, a su vez, el ingreso del 10% más pobre es 10 veces más alto en los países libres que en los menos libres. Ya no hay discusión acerca de que la libertad económica es el camino.
Luego, cómo les damos oportunidades a quienes están en las franjas más difíciles, es otra discusión. La educación en las zonas más carenciadas es muy mala y tenemos un gasto en educación como nunca se tuvo; hay que repensar el gasto. En los consensos de centro eso se podría conseguir.
—¿Qué papel juegan los partidos de la oposición en ese sentido?
—El tema es llegar al gobierno. Un gobierno de los partidos de oposición, inteligente, debería ir a buscar consensos grandes con la izquierda moderada. Para eso necesita que parte de ella acompañe.
Uno mira Eduy21 y es eso: un gran consenso que se está creando donde hay tantas afinidades y acuerdos que las diferencias con alguien de izquierda, son marginales.
Lo puede hacer el Frente si vuelve a ganar solo si el ala moderada decide ir a buscar votos del otro lado y no prestar atención al Partido Comunista, al MPP y a los sindicatos, que tienen de rehén al país.
—El gobierno identifica la “inclusión financiera” como una reforma microeconómica importante. ¿Cómo ven las empresas este proceso?
—El Estado tiene que tener un límite, si debe recaudar que recaude, si tiene que perseguir a los evasores que lo haga, pero no puede afectar la vida de todos los ciudadanos porque quiere recaudar impuestos. Ahí se puso lo menos importante por delante de lo importante, que es la libertad individual. Es una ley sumamente invasiva de los derechos individuales: ese es el tipo de cosas que pensé que no iba a haber en Uruguay.