“La Comisión del Patrimonio está jugando un triste papel”

—El concepto de patrimonio está en permanente transformación. En el pasado se creía que la antigüedad aportaba valor a los bienes materiales, y sí lo puede hacer, pero no es un factor decisivo para definir lo patrimonial. No todo en el pasado vale, el patrimonio es una selección. Si todo fuera patrimonio, nada sería patrimonio. En general el concepto se vincula con la idea de legado, por eso en inglés la palabra patrimonio se identifica con heritage (herencia). Se trata de bienes culturales, materiales o inmateriales, que nos vinculan de manera intergeneracional con el pasado. Para que se dé esa vinculación tiene que tener algunos elementos. Uno de ellos es la identidad, que permite que ese bien tenga significado para un colectivo. A veces ese significado es para la humanidad.

—¿Por qué no está bien fundamentada la candidatura de Dieste?

—Porque la propuesta no está bien estudiada. Se está presentando una sola obra que es la iglesia de Atlántida, cuando se deberían presentar por lo menos cinco o seis obras representativas del sistema que creó el ingeniero Dieste. No habría que mostrar una obra excepcional, sino la ductilidad y la capacidad de su sistema, que puede aplicarse en cualquier lugar del mundo. No se ha hecho y por eso la candidatura de Dieste no se está escuchando.

—Hay una lista de monumentos históricos que protege los bienes patrimoniales. ¿Cómo se confecciona esa lista?

—La lista la lleva la Comisión del Patrimonio y tiene 1.400 monumentos históricos. Los bienes pasan por un protocolo y deben cumplir con determinadas condiciones para integrarla. Cualquier ciudadano que lo desee puede proponer que se estudie un bien como patrimonial. Pero es importante aclarar que no todo el patrimonio está dentro de esa lista, porque muchos bienes van adquiriendo esa condición en la medida en que encuentran identidad en el colectivo. ¿Cuándo adquieren esa identidad? Por ejemplo, cuando se presentan situaciones de demolición y hay una reacción en cadena importante. Entonces es evidente que el fenómeno es de interés colectivo. No siempre se pueden preservar bienes que no están en la lista. Mucha gente compra un bien, sabe que no está protegido y tiene derecho a demolerlo y reformarlo. Pero es muy distinto cuando el Estado o una intendencia le da excepciones increíbles a un privado, que no le da a cualquier ciudadano, sin pedir nada a cambio.

—Está hablando del Hotel San Rafael.

—Es uno de los casos en que era necesario pedirle al inversor el mantenimiento del hotel porque se le dieron excepciones, básicamente de altura, que tienen un valor económico muy grande. Es cierto que el San Rafael no estaba en la lista de la Comisión. También es cierto que a la Intendencia de Maldonado no le interesó nada y tampoco a los ediles de los tres partidos que participaron en el proceso de aprobación del proyecto. Es entendible que les interesen más los aspectos de la inversión que los patrimoniales. Pero lo que no es admisible es que el Estado ceda todo a una empresa y no pida nada a cambio. Si hay algo que podía pedir era justamente el salvataje del hotel. ¿Alcanza con que alguien diga que va a invertir 450 millones de dólares para darle excepciones? Yo creo que no, que el Estado está mostrando que negocia muy mal.

—En el proyecto que votó la Junta de Maldonado, ¿se mencionaba la demolición o la restauración?

—Eso ya está laudado por la Justicia. En mi interpretación es muy claro que en el decreto que sale de la Junta no estaba avalada la demolición, sino la intervención del edificio. Pero lo grave es que la Junta votó un proyecto de estas características con una maqueta, sin saber bien de qué se trataba, porque el anteproyecto llegó más tarde. En el momento de la votación había una maqueta, una idea volumétrica y apenas unos recaudos de ubicación. A cualquier arquitecto que presenta un proyecto a una intendencia le piden hasta el tamaño de los ductos de aire. Y está muy bien que así sea. En este caso, me consta que la mayoría de los ediles no sabe lo que votó.

—La empresa dice que va a reconstruir el San Rafael con su mismo estilo Tudor. ¿Hay experiencias en el mundo de este tipo de reconstrucción?

—Hay algunas experiencias espantosas, por ejemplo, en Las Vegas. No sé qué es lo que el arquitecto Viñoly llama hacer un mejor Tudor, como si este fuera un mal Tudor. Es bastante grave que suceda esto con los bienes del pasado, con la arquitectura emblemática del país. Pensemos si alguien viene y dice que va a demoler el Cabildo porque lo va a construir en un neoclásico mejor. Es un mensaje altamente peligroso.

—Había muchas quejas de vecinos por el abandono del San Rafael. ¿Cuál era el estado del edificio, corría peligro de derrumbe?

—El edificio tenía su cubierta en mal estado, pero no es verdad, bajo ningún concepto, que estuviera en riesgo, o que fuera un “alfajor”, como sostuvo el arquitecto (Roberto) Chiachio o que se estuviera “cayendo solo”, como sostuvo el arquitecto Inda. De hecho, a la empresa le ha costado demolerlo. Tengo imágenes de hace dos años atrás del hotel. Se veían problemas de revoque superficiales y nada estructural. Los encargados del proyecto podrían haber intervenido con inteligencia un edificio histórico y no demolerlo.

—Da la impresión de que se reacciona cuando aparecen inversores. ¿Por qué no antes?

—Cuando me han preguntado eso siempre respondo: ¿quién debe preocuparse de encontrar capital para un edificio de este tamaño? Sin duda la Intendencia de Maldonado es un actor importantísimo y me parece bien que salga a buscar el capital. Pero también hemos asistido a demoliciones muy importantes y me parece terrible cuando aparece en escena el propio Estado, como ocurrió con la demolición del Cilindro Municipal. Fue un hecho lamentable para la historia de nuestro patrimonio y vimos gente que festejó su demolición. Por eso cuando siento algunos mensajes que dan políticos o privados sobre la desaparición de ciertos bienes, salgo enseguida a hablar. El Cilindro me enseñó que no se puede dejar pasar nada, que todo es posible en este país. Cuando el actual intendente de Montevideo (Christian di Candia) dijo que no se justifica tener muertos con vista al mar, en referencia al Cementerio del Buceo, no demoré nada en contestar. Cuando el secretario de Deporte (Fernando Cáceres) dijo que quizás había que demoler el Estadio Centenario, no demoré nada en responder. Por eso frente a la demolición del San Rafael inicié enseguida la acción de amparo. Podría seguir citando ejemplos.

—¿Le molestó que se construyera el Antel Arena?

—No, no abro opinión sobre eso, pero me hubiera gustado que se premiara el segundo proyecto que incluía el mantenimiento del Cilindro. Lo reconocía como edificio emblemático, no solo para nuestra arquitectura, sino para la arquitectura mundial. Para algunos había que demolerlo porque pasaron allí situaciones desgraciadas, pero se podría haber mantenido como memorial, como pasa en tantos lugares en el mundo. Hay bienes que tienen que ver con épocas muy tristes de la historia, pero eso no significa que tienen que desaparecer.

—¿Al oponerse a nuevos proyectos no se puede correr el riesgo de acabar con una ciudad sin transformaciones?

—Esa es una falsa oposición entre el progreso y el patrimonio, entre conservar y transformar. Muchas ciudades europeas se transforman e incorporan nueva arquitectura calificando a la ciudad histórica. Eso es lo que tenemos que hacer, calificar a la ciudad histórica a partir de nuevas propuestas, generar nuevos espacios urbanos y permitir el disfrute del mundo contemporáneo. Pero eso no quiere decir que tenemos que destruir lo anterior. Tenemos que construir lo nuevo sin olvidar lo bueno que nos ha legado el pasado.

—El decano de Arquitectura, Marcelo Danza, recordó hace poco que cuando se iba a construir el Victoria Plaza no se quería que fuera más elevado que el Palacio Salvo. Hoy no parece un hotel tan alto. ¿Hasta dónde se pueden establecer las normas de altura?

—Recuerdo muy bien esa discusión. Finalmente el Victoria Plaza fue más bajo de lo que se proyectaba. Los límites de altura parten de qué ciudad se tiene en un determinado momento, porque la idea de ciudad no es la misma a través del tiempo. En el caso de Punta del Este, la normativa responde a una lógica ambiental, de proyección de sombras, por eso el suelo no se puede liberar absolutamente. No estoy en contra de lo disímil en arquitectura, pero una sociedad necesita normas, que pueden cambiar y ajustarse en el tiempo. Lo que hay que preguntarse es qué ciudad queremos hoy. ¿Es la de los proyectos de Viñoly? Quizás sí, pero creo que no es lo que la mayoría quiere.

—Mantener un bien patrimonial es muy costoso para el Estado y para los privados. ¿Qué se podría hacer al respecto?

—La percepción que tienen muchos uruguayos es que tener un monumento histórico es un clavo remachado. En parte tienen razón porque el Estado no da los beneficios que tendría que dar por ser propietario de un bien. A partir de la ley de mecenazgo, que es una muy buena ley, tenemos experiencia de cómo trabajar con devolución fiscal para aquellas empresas que invierten en cultura. Sobre esto hay buena experiencia en proyectos culturales que se podría extender a bienes patrimoniales o crear un fideicomiso. Para eso hay que crear un observatorio patrimonial que no solamente mire y fiscalice lo que está mal, sino que sea capaz de llevar adelante la administración de un fideicomiso donde empresas que invierten en patrimonio tienen beneficios fiscales. Está ocurriendo ahora en Francia con las empresas que mostraron interés en la reconstrucción de Notre Dame.

—¿Qué hay que hacer con el edificio de la Estación Central?

—Lo que tengo claro es lo que no se debe hacer, por ejemplo, lo que en algún momento propuso el ministro de Transporte: ocupar la playa de maniobras como depósito de contenedores. Esa debería ser un área pública. En principio no tengo ningún prejuicio en que se haga algo destinado al consumo. De otra forma, no sería viable. Pero tiene que estar bien equilibrado el consumo con el uso social y el desarrollo cultural. No podemos pensar en que se mantenga con gasto del Estado porque no tiene ese dinero. Además, un bien de este tamaño en general el Estado lo administra mal.

—El empresario Giuseppe Cipriani dijo que lo iba a demandar por un millón de dólares. ¿Lo hizo?

—Me enteré por la prensa, pero no recibí cedulón ninguno. Es un mensaje que me preocupa, no por mí, sino por todos quienes quieren defender el patrimonio. Si tuviera un juicio por un millón de dólares, duplicaría o triplicaría mi difusión contra este planteo. No me quedaría quieto, le dedicaría aún más tiempo para evitar que se instale una idea de miedo cuando llega la hora de defender el patrimonio.