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    “Papel dominante” de los entes y la debilidad regulatoria “sofoca la competencia” en la economía

    El Covid-19 tuvo un impacto significativo en la economía y en las cuentas fiscales y monetarias de Uruguay. Pero el país hizo un “manejo exitoso de la pandemia” que permitió una pronta reapertura” y la actividad se recuperó en la segunda mitad de 2020 y “continuó en transición hacia la normalidad total”. El déficit en las finanzas públicas bajó y la regla fiscal se cumplió dos años seguidos y probablemente volverá a hacerlo en 2022. Mientras, la inflación anual aumentó, impulsada por los altos precios de los combustibles y los alimentos —“una situación que afecta a la mayoría de los países del mundo”—, a pesar de lo cual el Banco Central mantiene su estrategia de ajuste monetario buscando hacerla caer al rango de entre 3% y 6%.

    Ese panorama describió el Banco Mundial (BM) en el documento Marco de Alianza con el País, la base de la estrategia de relacionamiento con Uruguay hasta 2027 (Búsqueda Nº 2.204).

    El organismo proyecta que la recuperación de la economía uruguaya continúe “a un ritmo más lento en el futuro, con una reducción gradual de la inflación”. Estima que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 4,8% este año y 2,7% el que viene, y luego convergerá a su tasa de potencial de 2,4% para 2026.

    “Uruguay debe avanzar hacia un camino de mayor crecimiento de la productividad e integración a la economía global. Las restricciones clave son un nivel limitado de competencia en los mercados nacionales y las brechas de conectividad restantes. El papel dominante de las empresas estatales y la debilidad del marco regulatorio e institucional relevante en la economía sofoca la competencia”, estima el BM.

    Considera, además, que la capacidad para mejorar la productividad y la innovación del sector privado también se ve limitada por un sistema educativo que ofrece una buena cobertura pero que presenta “deficiencias significativas” en cuanto a calidad, amplitud de habilidades y aprendizaje permanente”.

    Así, señala, un “clima de inversión más competitivo, una población más capacitada y un mejor acceso a puestos de trabajo pueden impulsar mayores niveles de inversión que impulsen el crecimiento y la transformación del mercado que Uruguay necesita”.

    Según el organismo financiero internacional, el gobierno de Luis Lacalle Pou “ha estado impulsando reformas para mejorar la credibilidad de los inversores y apoyar la competitividad”. En esa categoría, mencionó como “medidas clave” —varias introducidas por la Ley de Urgente Consideración— la implementación de una regla fiscal de equilibrio estructural; políticas para controlar la inflación, reducir la dolarización y fortalecer la credibilidad del marco de política monetaria; un “rediseño del sistema de seguridad social”; la mejora de la gobernanza de las empresas públicas; la adopción de políticas para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático; y la búsqueda de acuerdos comerciales bilaterales.

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