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    ¿Quién tiró a Raúl Sendic?

    N° 1935 - 14 al 20 de Setiembre de 2017

    Raúl Sendic, hasta el miércoles 13 vicepresidente de la República, era vicepresidente de Ancap el 17 de octubre de 2008. Ese día, con los votos de todos los partidos y el impulso decisivo del gobierno que él integraba, el Parlamento aprobó una ley que, inesperadamente, abriría las puertas para la “muerte política” de Sendic, el joven dirigente que soñaba con alcanzar la cúspide del poder en la segunda década del siglo XXI.

    Fue precisamente mediante un simple pedido de datos en manos del Estado, basado en la Ley de Acceso a la Información Pública, que aparecieron los movimientos de la tarjeta corporativa que Ancap le había dado a Sendic. Con la información en su poder, dos reporteros de Búsqueda investigaron, chequearon y cotejaron los datos para dar lugar, el 8 de junio pasado, al artículo que disparó el accionar de los órganos del gobernante Frente Amplio para poner fin a la carrera política de Sendic.

    Antes de 2008, cuando no existía esa ley, la cultura del secretismo mantenida por el Estado respecto a la información que sus funcionarios producen hubiera hecho casi imposible para los periodistas conseguir la documentación probatoria de los gastos de Sendic. Desde el 2008 eso es posible. Y es una buena noticia para la democracia y para la transparencia. De hecho, las empresas calificadoras de riesgo no solo no hallaron problema alguno para mantener a Uruguay con el grado inversor luego de este episodio político, sino que consideraron que la dimisión del vicepresidente es una señal de buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Esto pasa en los países menos corruptos del mundo, donde los ministros y presidentes se ven forzados a abandonar sus cargos cuando compran una barra de chocolate con dinero de todos los ciudadanos. Eso (y un poco más) fue lo que hizo Sendic, ni más ni menos.

    Esta semana, la senadora socialista Mónica Xavier escribió que el Frente Amplio superó “la prueba institucional más compleja” de su historia y que, desde ahora, “la vara quedó más alta para todos”: frenteamplistas y no frenteamplistas. Tiene razón. Desde la renuncia de Sendic, todo jerarca o funcionario que maneje recursos públicos lo pensará dos veces antes de quedarse indebidamente con cincuenta centavos de dólar en el bolsillo propio. En buena hora. Los gobiernos tienen información de la cual no son únicos dueños; solo actúan como guardianes de un bien público. O, en otras palabras, los gobiernos son servidores del pueblo, no sus amos.

    Un puntal en la discusión y planteo del proyecto de Acceso a la Información Pública, luego transformado en ley, fue el entonces periodista de Búsqueda y actual relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado Edison Lanza.

    Lanza sabía que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental, protegido por la Constitución de la República y por el artículo 13 de la Convención Americana cuando a texto expreso reconoce que toda persona tiene la facultad de “buscar, recibir y difundir información”. Pero ese derecho no era una realidad para los uruguayos hasta el año 2008, cuando todavía regía la cultura de que toda la actividad estatal era por principio secreta y el ciudadano que quería acceder a una información por lo general era sometido a la burla, al abuso o a las dilatorias por parte de los funcionarios, a menos que fuera un expediente que le concerniera directamente.

    Esta semana hablé con Lanza, radicado ahora en Washington. “La Ley de Acceso a la Información Pública fue impulsada por un amplio arco de personas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, del que formé parte, con el objetivo de que los ciudadanos pudieran ejercer un control democrático directo y efectivo, y obligar al Estado a que garantizara el acceso a la información de interés público bajo su control. Fue uno de esos pocos momentos de coincidencia nacional que se dan por diversos factores, pero para el logro fue fundamental la movilización de la sociedad y que finalmente todos los partidos acordaran que necesitábamos la ley que hoy tenemos. El Poder Ejecutivo de entonces, encabezado por el hoy presidente Tabaré Vázquez, también fue un factor clave al enviar una iniciativa de ley que negoció con la sociedad civil y luego, al cumplir la ley desde el primer momento, dotando de recursos al órgano regulador y respondiendo a los pedidos de información que a él mismo —como mandatario— le comenzaron a llegar”.

    Hoy, como relator especial de la CIDH y después de conocer de primera mano lo que sucede en esta materia en el hemisferio occidental, Lanza cree con más fuerza que el acceso a la información pública, además de ser un derecho inalienable de las personas, cumple funciones cruciales en un sistema democrático porque permite transparentar la actividad del gobierno, hace posible el control ciudadano de sus representantes y protege los demás derechos fundamentales.

    No es por casualidad que la Carta Democrática Interamericana, en su artículo 4º, resalta la importancia de “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia.

    El relator especial evalúa que, a casi 10 años de la sanción de la Ley de Acceso a la Información en Uruguay, “los avances en materia de transparencia y control ciudadano han sido notables y los casos en que periodistas, activistas o ciudadanos han conseguido acceder a información que la burocracia quería ocultar son muchos y han generado un debate público más robusto”. Que lo diga Sendic, si no.

    No obstante, persisten fuertes resistencias. Según Lanza, es necesario “revisar ciertos aspectos de la Ley de Acceso con el fin de adecuarla a las necesidades actuales del país. En especial, algunas empresas públicas y las sociedades anónimas no estatales se resisten a asumir los mismos estándares de transparencia, el Ministerio del Interior cree que en materia de vigilancia no tiene nada que transparentar sobre la tecnología que usa y los datos que obliga a retener a las empresas de telecomunicaciones, pese a que está en juego nuestra privacidad; y los partidos políticos aún no tienen las mismas obligaciones de transparencia bajo la ley, aun cuando reciben recursos públicos y sabemos muy poco de los intereses detrás de las campañas electorales”.

    Tampoco hay sanciones para quienes en el Estado se niegan a cumplir con órdenes judiciales de acceso a la información o no publican los datos en la forma que establece la ley. Es más: el órgano que debe dirimir los conflictos entre las personas que quieren acceder a información y la repartición estatal que se niega a darla es muy bueno pero poco conocido, no cuenta con presupuesto propio y sus directores trabajan de modo casi honorario, cuando tienen que enfrentarse a organismos con los recursos y el plantel de abogados de, por ejemplo, Antel (una de las empresas más opacas).

    Sin mencionar específicamente el “caso Sendic”, Lanza opina que “la coyuntura que vive el país debería servir para abordar una agenda de profundización de la transparencia y fortalecer la Ley de Acceso a la Información, que sin dudas ha contribuido mucho a la democracia uruguaya y es una de las razones de la buena imagen externa del país en materia de respeto a las libertades fundamentales”.

    Desde ya que la crisis política que vive el partido de gobierno no se debe exclusivamente a esta ley. Hubo periodistas que investigaron, organismos que informaron y fuentes —no precisamente de la oposición— que orientaron y aportaron datos clave. Pero sin esa ley, todo hubiera quedado en la penumbra.

    Con todo el dolor personal que haya significado para Sendic su renuncia a la vicepresidencia y, prácticamente, su desa­parición del escenario político, desde que adoptó la decisión la democracia uruguaya respira un aire un poco más limpio que antes.