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En cada presentación ante inversores del exterior que hacen las autoridades del Ministerio de Economía, siempre cargadas de gráficas y números, también tienen su lugar las referencias a la buena reputación que tiene el país como deudor. Uruguay goza actualmente de su mejor nota, dos y tres escalones dentro del rango de inversión no especulativa o investment grade asignada por cinco agencias: Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), Fitch Rating, DBRS y R&I. A esa categoría de inversión segura en su repago llegó tras un periplo de subas y caídas —en épocas de crisis, como el 2002— desde que el país empezó a ser evaluado, la primera vez, hace 30 años.
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Tener una calificación de riesgo es un requisito si un gobierno pretende colocar bonos en los mercados internacionales para obtener dinero. Debe contratar a empresas que prestan un servicio de evaluación de la capacidad financiera y la voluntad de pago del emisor, que se expresa a través de una nota o calificación identificada con letras, según sus respectivas escalas. Es información que leen con interés los inversores financieros para tomar decisiones (aunque sus análisis algunas veces han resultado fallidos): a mayor probabilidad de impago —peor nota—, exigirán más tasa de interés por asumir ese riesgo alto de incobrabilidad, y a la inversa, lo mismo.
Moody’s, por ejemplo, otorga calificaciones que van hasta “Aaa” —que indica una inversión extremadamente segura—, las mejores, y “C” como la peor nota, en cuyo caso las perspectivas de cobrar tanto el capital como los intereses son muy bajas. La “D” que utilizan varias agencias señala default, es decir, una cesación de pago.
Uruguay empezó a ser evaluado en octubre de 1993 y debutó con una nota de Moody’s: “Ba1”. Al año siguiente, S&P les puso “BB+” a los bonos uruguayos, y en 1995 Fitch Rating les dio la misma calificación. Después, cuando el país buscaba financiamiento entre inversores nipones, en 1998 la agencia japonesa R&I calificó con “BBB”. Y pasada una década, en 2008, la canadiense DBRS (Dominion Bond Rating Service) comenzó a evaluar al país.
El país bajo la lupa
Hoy las notas de riesgo de Uruguay en moneda extranjera y a largo plazo son “Baa2” en el caso de Moody’s —la única con perspectiva “positiva”—, “BBB” en las escalas de Fitch Ratings y de DBRS y “BBB+” según S&P y R&I. Estas dos últimas calificaciones son el escalón previo al rango de “fuerte capacidad de pago” que las agencias indican con notas de “A”; por encima están los bonos soberanos de países con “alta calidad” (“AA” o “Aa” en el caso de Moody’s) y, luego, la “máxima calidad” (“AAA” o “Aaa”). Son categorías de investment grade que alcanzan las economías más avanzadas.
Los economistas de estas agencias que monitorean a Uruguay tienen base en ciudades como Nueva York, San Pablo y Tokyo. Cada un tiempo algunos vuelan hasta Montevideo para hablar en persona con funcionarios del gobierno, con analistas y algún político, sobre todo cuando se acercan los tiempos electorales.
Cuánto le cuesta al Estado uruguayo tener el servicio de estas empresas calificadoras fue un dato que requirió Búsqueda al Ministerio de Economía mediante un pedido de acceso a la información pública y que la cartera denegó. Se amparó en la clálusula de la Ley 18.381 que permite declarar confidencial aquella información que esté sujeta a una “cláusula contractual de confidencialidad”. Tampoco entregó las resoluciones ministeriales que aprueban las contrataciones vigentes con estas agencias.
En cambio, el ministerio sí proporcionó una copia de los primeros informes de calificación —en algún caso, incluido el de R&I de 1998, en japonés— referidos al país que le fueron solicitados. Esos reportes analizaban tanto el marco económico como el entorno político del país.
IBCA, luego fusionada con Fitch, empezaba un informe de 1995 con una descripción básica para ubicar a los inversores: “Uruguay es el país de habla hispana más chico de Sudamérica y disfruta de uno de los mayores estándares de vida de la región. La prosperidad económica ha estado tradicionalmente arraigada en el sector agrícola (…). Sin embargo, con la declinación en el largo plazo de los precios de los commodities desde los años 1950, el turismo y los servicios han asumido un aumento constante en su importancia y Uruguay se ha convertido en un importante centro financiero offshore en la región y un destino turístico”.
Señalaba que la administración del nacionalista Luis Alberto Lacalle había hecho “considerables esfuerzos por reducir el déficit del sector público, para reformar el sistema financiero y para liberalizar el comercio internacional y promover la integración regional. Menos progresos fueron hechos en privatizaciones” y para reformar la seguridad social, que era vista por la agencia como una “alta prioridad”. IBCA, que en ese informe dio una calificación “BB+”, visualizaba “dificultades para construir consensos para los cambios en la que probablemente es una de las sociedades más conservadoras en América Latina”.
Al ratificar la calificación “BB+” en noviembre de 1995, S&P indicaba, entre otras cosas, que la “tradicionalmente fragmentada cultura política del país ha frustrado los esfuerzos en materia de reformas fiscales”, aunque un acuerdo entre blancos y colorados —por entonces, todavía los “dos principales partidos”— había permitido aprobar varias “leyes significativas”. La más importante, según la agencia, fue la que modificó el régimen de seguridad social y creó el pilar de ahorro individual a través de las AFAP.
En julio de 1997 S&P le dio por primera vez a la deuda uruguaya el investment grade, que perdería años después con la crisis económica del 2002, cuando la deuda pública llegó a superar el 100% del Producto Bruto Interno (PBI o PIB) y estuvo cerca de no poder pagarse.
En un extenso reporte fechado en setiembre de 2008 confirmando la nota “BB (low)” otorgada por primera vez al país por DBRS en marzo de ese año, los analistas Fergus McCormick y Michael Heydt destacaban que “desde la crisis del 2002, Uruguay mejoró su liquidez, diversificó sus exportaciones y mejoró su regulación financiera, estando más preparado para gestionar los shocks externos”. De todos modos, acotaban que el país estaba “expuesto a la incertidumbre en Argentina y de otros mercados”.
Por otro lado, los analistas de DBRS afirmaban que, en el gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez, el consenso “en torno a la política macroeconómica le permitió al gobierno atender las demandas sociales” al mismo tiempo que cumplía “largamente con sus compromisos de responsabilidad fiscal”. También elogiaban una gestión de deuda “proactiva”, al haber aumentado la porción en moneda nacional (de 4% del total en 2003 a 21% en 2007) y extender su vencimiento.
McCormick y Heydt marcaban, como “desafíos” para Uruguay, una carga de la deuda “relativamente alto” (61,2% del PBI en 2007), la “elevada dolarización de la economía” y una “rigidez salarial” que favorece la “inercia inflacionaria y hace que las medidas contra la inflación sean más dolorosas”.
En su reporte citaban una encuesta de intención de voto de Factum para sostener que el Frente Amplio era favorito para ganar las elecciones de 2009. En cualquier caso, “DBRS no está demasiado preocupado sobre el resultado” de esa votación, ya que la “sólida política macoroeconómica está sostenida por ambos lados del espectro político” uruguayo.
En la Semana Santa de 2012, la deuda pública recuperó la categoría de investment grade. Entonces, la hoy ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dirigía la Unidad de Gestión de Deuda de esa secretaría de Estado y era referente para las agencias. Estaba en un campo familiar en Cerro Largo cuando, a la hora de la siesta, sonó su teléfono. “Bueno, Azucena, Uruguay accedió nuevamente al grado de inversor”, le dijo un analista de S&P. “Fue un hito para el país, y me quedó muy grabado”, recordó la jerarca en una entrevista realizada en el marco de los DesayunosBúsqueda, el mes pasado en Sala Magnolio.
En ese evento, Arbeleche también celebró que Uruguay lograra mantener el investment grade pese al shock económico provocado por la pandemia de Covid. “Y eso es un reconocimiento desde afuera al país. A la gestión de la política pública, al nuevo modelo (económico) que está en curso y también, e insisto en esto, a la respuesta del sector privado, y a cómo se comporta la sociedad uruguaya. Porque todos estos elementos se tienen en cuenta a la hora de dar una nota por parte de la calificadora”.
