El matrimonio igualitario fue “un quiebre”, señala 10 años después Daniela Buquet (27), vocera del colectivo Ovejas Negras, una organización clave para que Uruguay se convirtiera en el segundo país en América Latina y el duodécimo en el mundo en legalizar este tipo de unión. “A diferencia de otras leyes que todavía están en disputa discursiva, esto ya no está en cuestión, es un derecho adquirido que no se debate, se naturalizó”, sostiene.
Los números lo sustentan. Según datos del Registro Civil, en 2022 hubo en Uruguay 292 matrimonios entre personas de igual sexo; casi uno (0,8) por día. En el primer trimestre de 2023 estos fueron 75. El anterior fue el año en que se celebraron más uniones de este tipo, con la salvedad de que fue también el primero en que el registro informático alcanzó a todo el país. Solo considerando los realizados en las oficinas de Montevideo, Las Piedras y Ciudad de la Costa, hubo 140 casamientos en 2018, 175 en 2019, 160 en 2020 y 168 en 2021.
Diez años después, la posibilidad de casarse con quien se quiera ya no está en discusión más allá de los colores políticos. Sebastián Guida (39), referente de Riversidad, organización creada en 2012 en Rivera durante los recorridos de Ovejas Negras por el país durante esta discusión, temió un retroceso en algún momento. “Yo me casé en 2019, un poco por el cagazo de que entrara un nuevo gobierno y se derribaran algunas leyes”, reconoce. “Lo cierto es que ya es algo que está en la conciencia colectiva de todas, todos y todes”.
Pero no todo cambia. Cuando los pioneros Sergio y Rodrigo se anotaron en el Registro Civil, el acta indicaba “don” y “doña”. El 13 de diciembre del año pasado Daniela se casó con Magdalena Bessonart, también referente de Ovejas Negras. En el papel esta última también quedó registrada como “don”.
“Nos dijeron en el Registro que esto fue que ya habían impreso un montón de libretas, lo que es un absurdo porque se hace por computadora. Antes se tachaba y se corregía con una lapicera al menos. Lo compartimos con la organización, no hicimos ninguna investigación, pero es una muestra de algo”, dice Buquet.
Más edad
Otras cosas sí cambiaron. Diez años después, las organizaciones LGBT han, si se quiere, envejecido, según reconocen sus referentes.
Buquet, que ingresó a los 20 años a Ovejas Negras, precisa que si bien por sus temáticas siempre se la asoció a una agrupación juvenil, nunca hubo un predominio de veinteañeros. “Pero es cierto, hoy la persona más joven que está con nosotros tiene 25 años”, dice.
A su criterio, eso se debe a que en organizaciones identitarias la permanencia puede ser más larga, a diferencia de movimientos estudiantiles. “Creo que la juventud está repensando su forma de participación y dedicándose más que nada a lo territorial”, expresó.
Una década atrás, cuando el matrimonio igualitario era un derecho por adquirir, según varios referentes consultados, era más frecuente que los militantes dividieran su tiempo entre las organizaciones estudiantiles y otras identitarias.
Al momento de su fundación, Riversidad contaba con muchos jóvenes de entre 18 y 20 años. Hoy los más jóvenes tendrán 24 o 25, sostiene Guida. “Para nosotros, eso resulta bastante complicado. Uno ya está cansado, está viejo y quiere pasar la posta, pero ve que no hay renovación. Siempre terminamos los y las mismas en la vuelta”, dice.
Miranda, militante por los derechos de vieja data, también percibe lo mismo. Sin embargo, no minimiza el factor pandemia en esta realidad. “Vivimos unos años donde ser solidario era quedarte en tu casa”, ironiza.
Cobijo legal
En la lucha por el matrimonio igualitario tuvo un rol central como redactora la ya fallecida Michelle Suárez, la primera mujer trans abogada y parlamentaria del Uruguay, luego expulsada por el Partido Comunista cuando se supo a fines de 2017 que falsificó firmas en un expediente judicial.
La pelea por el derecho al matrimonio no estuvo exenta de debates internos en el colectivo. Muchos activistas rechazaban “validar” una institución que podía ser vista como “conservadora” o —ya que era fruto de un cambio de la legislación y no de una nueva— replicar una “heteronorma”. Sin embargo, su aprobación pasó por resaltar más el cobijo legal que lo simbólico.
Lo mismo sustenta su valoración 10 años después. “Dejando de lado lo afectivo, un matrimonio es un contrato. Pero es un contrato que te otorga obligaciones y derechos. Es un mundo que incluye, por ejemplo, en el mundo laboral, el derecho a la salud del cónyuge. ¡Ni siquiera te hablo de lo patrimonial, que es fundamental! Yo me cansé de ver parejas donde uno fallecía y al otro día la familia del muerto dejaba en la calle al otro con lo puesto. Eso ya no debería pasar más. Y también les da un nuevo marco a los hijos”, dice Miranda.
Justamente, los hijos de la pareja aún son un tema que no tiene la misma fluidez. En Ovejas Negras a las parejas de mujeres les recomiendan casarse en caso de que quieran acceder a técnicas de reproducción humana asistida (la Ley 19.167). “Es un juego extraño, eso no pasa ni en casos de adopción ni en las parejas de hombres”, precisa Buquet.
Si de adopciones se habla, de las 151 registradas en 2022, una cifra considerada histórica, nueve fueron asignadas a parejas del mismo sexo, contra 31 hogares monoparentales y 111 en parejas heteronormativas. El 6% (9 de 151) puede parecer poco, pero entre 2020 y 2021 había sido el 4%, según publicó revista Galería el 4 de marzo de 2022.
“Lo que se toma en cuenta es la idoneidad de los postulantes según criterios técnicos, en ningún caso la orientación sexual”, dice a Búsqueda el presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala.
Guida también habla de problemas para acceder a la vivienda. “La prioridad es para madres solteras, parejas con menores a cargo o parejas heterosexuales. A nosotros nos resulta difícil acceder porque no tenemos hijos. Y a su vez no adoptamos por no tener vivienda. Estamos como en un limbo. Y estamos apurados, ya tenemos cerca de los 40 años”, cuenta el referente de Riversidad.
Pañuelo en apoyo a la Ley Trans. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Nuevas luchas
Las luchas de los colectivos de la diversidad, lejos de diluirse, hoy pasan por otro lado. El derecho a poder desarrollarse conforme a su identidad de género es el norte que ahora se están trazando. Es que si la Ley 19.075 está firme y naturalizada, no pasa lo mismo con la 19.684, la Ley Integral para las Personas Trans, aprobada por el Parlamento en octubre de 2018, que tiene casi la mitad de tiempo de vigencia.
“Hoy todavía se debate, se discute, sobre la identidad de las personas. Lo que se salga de las normas, lo no binario, es plausible de ser atacado. No se cumple la mayoría de los artículos de la ley trans”, dice Buquet. Esto refiere a los puestos laborales en organizaciones del Estado, becas estudiantiles, acceso a la vivienda o a la salud. Y las amenazas en las redes que recibió el estudiante del IAVA Gerónimo Sena, de apenas 16 años, son señaladas como una muestra de lo fácil que emergen este tipo de ataques.
Cuanto más lejos de Montevideo el conservadurismo es más notorio, sostiene por su lado Guida. “Hay docentes y directores de liceos públicos y escuelas técnicas que no aceptan la identidad de les chiques. Acá (en Rivera) hay una impronta de la religión pentecostal muy visible en esos lugares”, señala.
“Se siguen vulnerando derechos en la población trans, no todos podemos vivir nuestra identidad a pleno. La diversidad, salvo en casos puntuales, no está presente en el currículo de la Universidad de la República ni en la formación de maestros y docentes”, dice por su lado el pionero Sergio Miranda.
Él alerta que las luces de lo festivo o de las noticias alentadoras no deben tapar la realidad. “A veces uno pierde la dimensión de lo que pasa cuando hay una Marcha de la Diversidad con 200.000 personas o se casan 300 parejas homosexuales por año. Pero el promedio de vida de una persona trans sigue estando entre 35 y 40 años, los siguen echando de sus casas todos los días, ¿cómo eso no nos interpela?”.