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Mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, explicaba en un informe en Subrayado que las audiencias de formalización en el nuevo proceso penal serían reservadas, varios periodistas se encontraban presenciando una de esas instancias en la sede de los juzgados penales. Un reportero del propio canal había salido minutos antes en vivo desde la sala de audiencias, a la cual no hubo limitaciones para ingresar.
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El hecho dejó en evidencia la discrepancia que generó el punto entre los jueces penales y el máximo tribunal de Justicia. Es que semanas antes de que comenzara la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) —que se puso en marcha ayer miércoles 1º—, la Corte informó a los jueces, a través de una circular interna, que las audiencias de formalización no debían ser públicas debido a la “presunción de inocencia” de las personas investigadas, según publicó Caras y Caretas.
En esas audiencias el fiscal presenta el caso ante un juez, describe la evidencia que tiene contra un sospechoso y le solicita que “formalice” un proceso penal en su contra. El juez entonces decide si inicia o no un juicio contra la persona.
De acuerdo al criterio de la Corte, se debería impedir el ingreso del público a esa instancia, que solo podría presenciar las audiencias que se realicen luego, a lo largo del juicio.
Sin embargo, la mayoría de los jueces penales de Montevideo no está de acuerdo con esa interpretación. El martes la Asociación de Magistrados (AMU) envió un escrito a la Corte expresando que “uno de los diferenciales de la reforma, tal como ha sido presentada con insistente acierto desde el Poder Judicial, es la regla de la publicidad de todas sus audiencias, no únicamente las de juicio”.
En el documento, al que accedió Búsqueda, el gremio sostuvo que “la publicidad de la audiencia de formalización, como la de juicio (donde sigue rigiendo el principio de inocencia), no constituye un perjuicio para el imputado: es una garantía para este”. La garantía, dice la nota, “deviene del contralor del público, que concurre por sí o se informa a través de los medios de comunicación, respecto de cómo se lleva a cabo el proceso”.
Los magistrados añadieron que si lo que la Corte busca es proteger a los sospechosos de la estigmatización, “bastaría con prohibir filmar o transmitir en directo la audiencia”, “sin dañar la esencia que es la publicidad (permitiendo el ingreso del público y de periodistas que quieran tomar notas o grabar audio)”.
En línea con esa posición, ayer se realizó una audiencia de formalización en la cual la jueza María Rosa Aguirre autorizó el ingreso del público, pero solicitó a los periodistas que apagaran cámaras y celulares.
El presidente de la AMU, Alberto Reyes, dijo a Búsqueda que en general los jueces de Montevideo acordaron que el criterio será la publicidad de las audiencias, salvo casos excepcionales.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, coincide con esa posición. “La audiencia de formalización debería ser pública”, dijo a Búsqueda. “Es una decisión que debe tomar el juez. Pero creo que hay que abogar por la publicidad como principio general, porque da más garantías”, afirmó.
El artículo 9 del nuevo CPP (Ley 19.293) dice que “el proceso penal será público y contradictorio en todas sus etapas”.
