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Algún día el plazo iba a ser el último. Hace cuatro años, en el 2013 y durante el gobierno de José Mujica, se mandató a incorporar al Sistema Integrado de Salud (SNIS) a todos aquellos regímenes de cobertura médica que estuvieran por fuera de lo que establece la ley 18.211 que dio paso a la reforma sanitaria. ¿Cuál era la idea? Equiparar, que no haya privilegios entre los públicos en la atención de la salud. El servicio médico de Ancap, una conquista gremial que viene desde el año 1955 y que fue creado originalmente para atender las patologías propias del trabajo en la refinería, era uno de los objetivos de la pasada administración. Desde entonces, el sindicato de funcionarios del ente petrolero se han movilizado una y otra vez para extender los plazos del cierre. Hubo varias prórrogas. Siempre sin un plan concreto, sin una idea clara de adónde irían a parar los cerca de 6.000 usuarios que se atienden allí, o cuál sería el futuro laboral de los 63 médicos y 200 funcionarios del servicio. Hasta que llegó la última postergación. La firmó el presidente Tabaré Vázquez el 6 de junio de 2016 y fijó como plazo final el viernes 30 de junio de este año. Ahora se agota el plazo. Y los funcionarios se han embarcado en nuevas movilizaciones y protestas. Al punto que el Poder Ejecutivo se vio obligado a decretar una medida de esencialidad para garantizar la distribución de combustible.
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Ayer miércoles, a nueve días de la fecha límite, una asamblea de funcionarios resolvió rechazar la propuesta de privatización del servicio médico. La propuesta, a la que tuvo acceso Búsqueda, considera mantener el servicio de policlínica en las oficinas centrales de Ancap y establecer una comisión de seguimiento, presidida por un coordinador técnico designado por el ente y con la participación de los trabajadores. En el cuarto punto del documento se afirma que “se mantendrán todos los beneficios de salud actuales”. También propone conservar el beneficio de un servicio odontológico propio y se establece un servicio de Salud Ocupacional con “mayor alcance”. El secretario del gremio de Ancap, Gerardo Rodríguez, renunció a su cargo tras la asamblea. “Hoy es sin dudas el día más triste de mi militancia en la histórica Federación Ancap”, escribió el dirigente, según recogió El Observador.
Hay un video que está circulando entre los funcionarios de Ancap. Es un mensaje grabado por la presidenta del ente, Marta Jara. Desde lo alto de un edificio, con la bahía de Montevideo de fondo, Jara les habla a los ancapeanos. Agradece las cartas que recibió en reclamo de que el departamento médico no cierre y les “asegura” que “no cerrará” si se “acepta la propuesta que puso sobre la mesa el Poder Ejecutivo el 8 de junio”. “Ese amigo, como ustedes lo describen, que los conoce, que los viene siguiendo durante toda su vida laboral y después cuando se jubilan, que sabe de las posibles enfermedades laborales, que está disponible en el séptimo piso, seguiría funcionando en el mismo lugar y con el mismo equipo humano. La única cosa que cambia en el fondo es que la gestión técnica pasa a ser a cargo de un prestador integral básico de salud para alinearse con el Sistema Integrado de Salud. Pero los beneficios se mantienen”, les asegura Jara. Agrega que hay “algo nuevo” y es que “estarían dadas las condiciones” para que la cobertura sanitaria que tienen hoy los usuarios pueda extenderse a los familiares. Actualmente tienen derecho a los servicios unos 2.900 trabajadores y 3.000 jubilados, pero no sus familiares. “En este último año ganaron una ancapeana más. Yo también estoy comprometida con esta empresa. Voy a seguir defendiendo los intereses de los ancapeanos”, dice Jara en el video. Mantener el servicio tal como está ahora representa un costo estimativo de US$ 6 millones por año
Otro sistema.
El caso del servicio médico de Ancap expuso que puede haber pequeños sistemas de salud paralelos, donde funcionarios públicos se atienden en tiempo y forma, donde no hay listas de esperas ni demoras. Donde las cosas funcionan bien. Un médico que trabaja en el ente y también en una de las mutualistas más grandes de Montevideo, expuso las diferencias. “Si viene un paciente con, pongamos, problemas en la vesícula, lo ve el médico y a las dos horas lo ve un cirujano y mañana ya lo están operando”, ejemplificó en diálogo con Búsqueda.
“Eso debería ser así en todos lados. No es que lo de Ancap sea un beneficio para los funcionarios: es el resto lo que está mal”, destacó. Y se preguntó: “¿Qué les ofrecés a los usuarios de Ancap? ¿Dejar de estar en algo que funciona bien para pasar a un sistema muchísimo peor? Eso es emparejar para abajo”. El departamento médico de Ancap tiene un convenio con la mutualista Asociación Española. En esa institución se les brinda a los usuarios el servicio de internación, ya sea para intervenciones quirúrgicas como diagnósticos. Y también tienen acceso al servicio de emergencia y urgencias. “Como es venta de servicios, no se ocupa un block para socios de la Española. El cirujano se lleva sus anestesistas e instrumentistas y si quiere operar, opera. Ancap no va a la cola. Son menos usuarios. Funciona prolijo”, destacó el médico, que prefirió mantener su nombre en reserva. También dijo que los cirujanos facturan, en promedio, “unos $ 2.000 o $ 3.000 más” por encima de la media del sistema por cada operación.
El presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, dijo a Búsqueda que “conceptualmente” comparte que “este tipo de servicios se pongan en línea con el resto del sistema”. “Toda prestación por encima de las básicas de los trabajadores es un privilegio que no corresponde. Reconocemos que es un logro de los trabajadores sindicalizados en los años 50. Pero era otro país y era otro sistema”, puntualizó.
A Grecco le inquieta el destino laboral de los 63 médicos de Ancap. Hay una propuesta en el aire de que sean absorbidos, al igual que los usuarios, por la Asociación Española. Pero de eso no hay nada concreto.
