Por el directorio pasan resoluciones de temas diversos, como la aprobación del balance anual (ganancia de $ 1.735 millones); la renovación de la afiliación anual a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (con un gasto de $ 53.560) y a la Asociación Americana de Autoridades Aduaneras (U$S 7.500); un patrocinio de U$S 5.400 del foro “Encuentro de Protagonistas” organizado por TodoLogística & Comercio Exterior; la participación como sponsor en la XIII Guía Logística y de Comercio Exterior 2016 ($ 190.000 más IVA); un préstamo de $ 8.800 para cierta categoría de funcionarios por cada hijo de 2 hasta 18 años; las nuevas tarifas portuarias; bonificaciones en las tasas marítimas; refinanciaciones de deudas vencidas (entre otras a Buquebus) o la ejecución de garantías de proveedores marítimos morosos; trámites para declarar en abandono buques fondeados en la bahía; el apoyo a un campeonato de fútbol cinco entre el personal con motivo de los 100 años del organismo; y el apercibimiento a una empresa de seguridad por “no haber tomado medidas inmediatas, ni comunicado” un caso de acoso sexual en la sede de la ANP. También tomó nota de informes diversos, como uno de la Facultad de Ingeniería que midió en 90.000 toneladas al año la “Huella de Carbono” de los buques y otras fuentes contaminantes del Puerto de Montevideo.
En febrero el directorio votó la remoción del gerente general, Néstor Fernández, por haber aceptado, sin consultar a sus superiores, la solicitud de la empresa Montecon de brindar un servicio especial para contenedores refrigerados en un área pública careciendo de permiso o concesión.
Asimismo, el acta de una sesión de mayo consigna que Chahnazaroff alertó a sus colegas del directorio sobre la pérdida de profundidad y anchura del canal del antepuerto frente a la terminal de TCP, y de la preocupación de Maersk por esa situación. Luego de que esa agencia debiera suspender el servicio, en la reunión siguiente pidió el inicio de un sumario administrativo y la separación del cargo del coordinador de Flota y Dragado, dada la “extrema gravedad” del hecho. La discusión siguió en la sesión siguiente, en la que el director se opuso a la contratación directa de urgencia del servicio de dragado. Después, Maersk solicitó una reunión en sus oficinas de Panamá, a la que asistió —con costo para el organismo— el presidente de la ANP, Alberto Díaz.
En setiembre se votó realizar una “investigación administrativa de urgencia” para esclarecer por qué un área en el Puerto de Montevideo se encontraba parcialmente ocupada con material eólico al momento que debía ser entregada a una empresa para prestar servicios de frío a contenedores.
Semanas después el directorio aprobó un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de un funcionario en la demora de más de tres meses en la salida de 11 contenedores con material ferroviario, que motivó un reclamo por casi U$S 94.000 contra la ANP.
Ni el Puerto de Montevideo ni los del interior administrados por la ANP están habilitados por la Dirección Nacional de Bomberos. Para corregir esa situación, en la última sesión de 2016 el directorio designó a un ingeniero y a un arquitecto del organismo para “dar inicio a los trámites correspondientes”.
AFE
Las actas de directorio de AFE muestran al director de la oposición, Alfonso Lereté, como muy activo y frecuentemente discordante con sus colegas oficialistas.
El proyecto de participación público-privado para la rehabilitación del tramo de vía férrea entre Algorta y Fray Bentos (que recientemente el Ministerio de Economía sugirió suspender) estuvo presente en varias sesiones de 2016. En una de esas reuniones Lereté dijo que no está en contra de la obra, pero consideró que el pago al privado —que calculó en unos U$S 500 millones en los 30 años de adjudicación— “es un dinero muy, pero muy elevado”, surge de las actas. Se abstuvo en dos votaciones.
En otra sesión pidió el inicio de una investigación administrativa luego de que el directorio aprobara una lista de 49 funcionarios declarados excedentarios, pero luego resultó adulterada en cantidad y nombres. Cómo aprobar el acta de ese día en su punto falseado fue una discusión que llevó meses y en la que intervino incluso el ministro de Transporte, Víctor Rossi, quien sugirió que AFE solicitara a su cartera la instrucción de la investigación interna sobre el caso.
De las actas surge que el directorio del ente ferroviario tomó resolución sobre temas variados: aprobó su balance de 2015 (con un déficit de $ 166,7 millones) y el presupuesto para 2017; compras de gasoil a Ancap; la realización de audiovisuales en predios del organismo; la actualización de tarifas a cobrar a su subsidiaria Servicios Logísticos Ferroviarios y su capitalización “en especie”; el recambio de gerente general; la autorización de “cateos” en el trazado de vías hasta Paso de los Toros solicitado por UPM; la desafiliación de la Asociación de Dirigentes de Marketing; y varios contratos para el uso de galpones y obras subterráneas bajo las vías, por ejemplo. En junio aprobó que la Gerencia Comercial lleve un “registro mensual de los ingresos de AFE” por concepto de peajes (canon) por el uso de vías, venta de pasajes en todas las modalidades, arrendamientos de predios, galpones, viviendas, etcétera, además del control regular de los mismos.
Asimismo, el directorio tomó conocimiento sobre un perfil no oficial en Facebook relativo a la gestión de uno de los directores (luego modificado); del extravío de una tablet del organismo; y de un proyecto para crear un fideicomiso asociado al producido de la venta de inmuebles que AFE deje de usar en su propio giro, entre otros asuntos. También llegó a ese ámbito un plan de Lereté para la “revalorización” de la ex Estación de AFE, hoy un “punto considerado muerto en la ciudad” donde “solo hay olor nauseabundo, abandono, paredes derruidas, pastizales y basura por doquier”, consta en una de las actas.
La compra directa a la empresa Fabio Reyes para obras en el nuevo Centro de Control de la estación terminal de AFE fue motivo de polémica. En una sesión de julio el director blanco advirtió una sobrefacturación de un millón de pesos por ese trabajo, mientras que el gerente de Comunicaciones y Señales defendió la adjudicación a dicha firma, si bien reconoció que “el pliego no es perfecto”. Lereté cuestionó el proceso, además, porque Reyes es dirigente en San José de Compromiso Frenteamplista —lista 711—, el mismo grupo político del presidente de AFE (ver Búsqueda Nº 1.878).
Algunos accidentes ferroviarios derivaron en investigaciones y sumarios instruidos por el directorio. En torno a un choque entre un tren y un ómnibus de Cutcsa ocurrido debajo del Viaducto, en el Paso Molino, se determinó que “se omitió entregar la orden de precaución al conductor” dadas las “fallas del sistema en las barreras automáticas”. Además, la investigación halló que no se dispuso que el convoy fuera acompañado por un funcionario que oficiara como banderillero, registró un acta.
También ameritó una indagatoria el levantamiento de rieles y algunos durmientes en el acceso al puerto de Paysandú, que fue alertado por vecinos. La obra “se comenzó a hacer sin la aprobación del directorio; la cadena de mando está dinamizada por intervenciones de tipo verbal” y eso podría estarse “repitiendo en otros lugares”, planteó el secretario general, Enrique Cabrera, consta en un acta.
Otra investigación administrativa, aprobada en diciembre pasado, fue a raíz del arreglo de una camioneta en la que se accidentó viajando Lereté. El director omitió denunciar el siniestro a la aseguradora; en una sesión dijo que no sabía que debía hacerlo, reconoció su error y ofreció pagar los $ 45.000 que cobró el taller de chapa y pintura.
AFE es una empresa deficitaria y lidia cotidianamente con problemas presupuestales. Y las actas lo exponen.
Lereté planteó en varias sesiones su preocupación por el atraso en el pago de tickets correspondientes a la canasta de fin de año de 2015 al personal de AFE. En junio pasado, cuando preguntó la razón de la demora, el presidente Wilfredo Rodríguez contestó que “no hay fondos”.
Por otra parte, el director en representación de la oposición propuso en un momento a sus colegas hacer una donación y comprar relojes para regalar a los funcionarios que cumplían 35 años de servicio en el organismo. Finalmente, se decidió posponer la entrega del presente, que iba a tener un costo total de $ 340.200.
OSE
El directorio de OSE sesiona usualmente cada dos semanas, por lo que las actas son extensas aunque escuetas: sin que estén los “vistos” y “considerandos”, solo identifican el expediente y la resolución adoptada. La primera reunión de 2016 se efectuó el 3 de febrero.
Con más frecuencia que en los otros organismos, en OSE se aprobaron decenas de investigaciones administrativas y sumarios a funcionarios por incurrir en “conductas antirreglamentarias” que no se detallan; algunos fueron sancionados con hasta 180 días de suspensión sin goce de sueldo o se promovió su destitución.
El año pasado el directorio trató mayormente cuestiones administrativas como el contrato de vehículos o la baja del servicio de fleteros; la asignación de tareas; renuncias de funcionarios; la declaración de “sujeto a servidumbre” de determinados predios o de incobrabilidad de deudas de un complejo de viviendas; la liquidación de deudas de clientes del servicio de agua; la adjudicación y ampliación de licitaciones; la autorización de gastos; y la donación de, por ejemplo, 10.000 kilos de chatarra de hierro. También figura en las actas la adquisición de la totalidad de las acciones que la Corporación Nacional para el Desarrollo tenía en Manantial Dorado (Aguasur) al precio de $ 1 y una posterior capitalización de $ 1,5 millones.
El directorio votó también una operación de cobertura cambiaria para cubrirse de riesgos frente al repago de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Los asuntos financieros internos aparecen con frecuencia aludidos en las actas, en general como “planteamientos efectuados por el directorio”.
En el marco de la política de austeridad ordenada por el Poder Ejecutivo a los entes, OSE resolvió no renovar la contratación por un año de la mesa para los eventos de la Asociación de Dirigentes de Marketing y en el ciclo de charlas que organiza “Somos Uruguay”. También rechazó una propuesta publicitaria para la Patria Gaucha.
A raíz de un planteo del director colorado Vilibaldo Rodríguez, se resolvió pedir a la Sub Gerencia General Comercial Operativa detalles sobre las deudas que mantiene el gobierno central con OSE —unos U$S 5 millones— y que “impactan directamente en el déficit” del organismo. Ese jerarca dejó constancia en otra acta de que “no fue participado” de una reunión en la que se analizó “la previsión de cumplimiento del Programa Financiero 2016”. En otra sesión hizo notar que, en virtud de haber asumido su cargo el 16 de julio de 2015 y de que “no se generaron instancias a nivel de directorio para discutir la evolución de los ingresos-egresos”, acompañó “con reservas” la votación del Estado de ejecución presupuestal de ese año con un resultado negativo de $ 181,3 millones.
Por otro lado, ante los juicios de funcionarios que habían resultado desfavorables para OSE, en un directorio Rodríguez solicitó un informe sobre los contenciosos pendientes al 31 de mayo.
El cobro a los clientes de $ 25, a partir del 1º de diciembre pasado, por concepto de impresión y envío de factura en papel, fue votado en contra por el director de la oposición. En la última sesión de 2016 también discrepó con sus colegas al aprobarse el incremento de tarifas de este último enero y sugirió que “se recaben fondos de Rentas Generales”.
