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Después de dos décadas de negociaciones, en julio el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron un acuerdo para liberalizar su comercio. Y en agosto, el bloque sudamericano suscribió otro —discutido en poco más de dos años—, en ese caso con una contraparte del mismo continente pero de cuatro países por fuera de la UE que tienen su propia alianza: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Conforman la Asociación Europea de Libre Comercio, más conocida quizás por su sigla en inglés EFTA (AELC en español).
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Tal como ocurre con el acuerdo entre el Mercosur y la UE, el suscrito con el EFTA deberá quemar varias etapas antes de entrar efectivamente en vigencia —sobre lo cual hay cierta incertidumbre—, aunque ya hay algunas estimaciones de su potencial impacto comercial. En el caso de Uruguay, serían de US$ 23 millones para las exportaciones en el rubro alimenticio, como pellets de soja, carne de caballo y bovina, menudencias de animales, queso, arroz y vino, entre otros, según estimaciones elaboradas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal). En 2018 las exportaciones de mercaderías uruguayas al EFTA (estrictamente a Suiza y Noruega, ya que no hizo envíos a los otros dos socios) totalizaron US$ 45 millones, según cifras citadas en el análisis fechado este mes. Significaron 1% de las ventas totales del Mercosur a ese bloque.
La posible ganancia exportadora para los demás socios del Mercosur sería de US$ 141 millones en el caso de Argentina, de US$ 208 millones para Brasil y US$ 19 millones para Paraguay, en rubros parecidos y en otros, como frutos secos, carne de ave, aceite de colza y de oliva. Del cálculo de potencial fueron excluidos los productos que actualmente ya ingresan sin pagar aranceles a los mercados del EFTA; este bloque es el que aplica los mayores impuestos de importación para bienes agrícolas a escala mundial, junto con Corea del Sur. Por ejemplo, la carne bovina fresca y refrigerada de Uruguay paga un arancel de 179% en Suiza y de 261% en Noruega.
Por otro lado, el acuerdo “tiene potencial para aumentar el atractivo” del Mercosur como destino para la inversión extranjera directa (IED), “al vincular al bloque con el octavo inversor mundial, con casi un billón y medio de dólares de stock de inversión en el mundo, y el mayor fondo de inversión del mundo, el Government Pension Fund of Norway, basado en regalías petroleras”, consigna. Agrega que Suiza es el principal emisor de IED entre los países del EFTA (con más del 99%), y representa 10% del stock en Uruguay, 8% en Brasil, 5% en Argentina y 4% en Paraguay. “El hecho de contar con procedimientos para el diálogo institucional entre los gobiernos y el sector privado puede resultar fundamental para identificar oportunidades y superar obstáculos para el establecimiento y operación de empresas”.
Otro capítulo con potencial: el acuerdo otorga acceso a las empresas del Mercosur al mercado de compras públicas del EFTA, valorado en alrededor de US$ 85.000 millones.
¿Vigencia?
Culminadas las negociaciones en lo sustancial con la firma estampada en agosto pasado, comenzó el período de revisión legal para definir el texto definitivo y la traducción a los idiomas oficiales de los países signatarios. Concluido dicho proceso, que puede llevar varios meses, el acuerdo estará listo para la firma definitiva; se prevé que eso ocurra en el marco de la próxima Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur de Brasilia, en diciembre. Luego el tratado deberá ser aprobado por cada uno de los Poderes Legislativos (si bien podrá entrar en vigor bilateralmente, una vez que un país miembro de EFTA y uno del Mercosur lo ratifiquen).
Los acuerdos de libre comercio firmados con países latinoamericanos por el bloque europeo —que tiene un Producto Bruto Interno por habitante de US$ 82.300, más del doble que en la UE— han entrado en vigor en un plazo promedio de un año, con la excepción del negociado con Colombia, que lo hizo en tres.
El informe del BID-Intal apunta que en el caso del acuerdo con el Mercosur “el escenario se ve complejizado por diversos factores. La proximidad de las elecciones en Argentina y Uruguay; la situación macroeconómica vulnerable de Argentina; las críticas al acuerdo por parte de productores agrícolas de los países del AELC, y los incendios en el bosque amazónico con las consiguientes tensiones políticas y alarma de las organizaciones ambientalistas, son circunstancias que siembran incertidumbre en torno a la entrada en vigor del acuerdo”.
