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Sumergido en medio de la pandemia de Covid-19 y “absorbido” por sus consecuencias, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hizo un alto en la emergencia sanitaria para destacar algunas otras cuestiones en las que ha trabajado la cartera. Salinas es también el presidente honorario del Fondo Nacional de Recursos (FNR), la agencia estatal que financia medicamentos costosos. Y una de las primeras medidas que tomó al asumir la gestión fue revisar el millonario gasto que se hacía todos los años en juicios perdido por el Estado contra pacientes, generalmente oncológicos, que reclaman judicialmente sus derechos a acceder a tratamientos y medicamentos de alto costo que no están incluidos en el FNR.
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Salinas designó un equipo de trabajo integrado por el FNR, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el MSP para evaluar los gastos que estaban implicados en los recursos de amparo que llegan a las oficinas jurídicas del ministerio. “Analizaron cuáles eran los fármacos que costaron más caros y salieron a negociar con un equipo de contadores y economistas de los ministerios”, informó a Búsqueda.
Los pacientes acuden a la Justicia cuando un médico les recomienda un tratamiento que no está cubierto por el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), y por lo tanto no está incluido en las prestaciones de los centros de salud o el FNR. En buena parte de los casos, la Justicia ordena al MSP que otorgue al paciente el tratamiento. Eso significa para las arcas del Estado un gasto que excede incluso al presupuesto anual del MSP, ya que se trata de medicamentos de precio muy elevado.
Salinas explicó que, tras la iniciativa del equipo de trabajo, hoy están muy avanzadas las negociaciones con varios laboratorios para acordar precios a la hora de cumplir los fallos de la Justicia. En particular, las negociaciones están enfocadas en el costo de dos medicamentos, que son los más frecuentes en los reclamos.
Si se concreta la ambición del MSP, solo con acordar el precio de uno de los medicamentos el Estado conseguirá un ahorro de US$ 3 millones (anuales), informó Salinas. Con el segundo medicamento, el ahorro ascendería a US$ 4 millones.
Es que hasta ahora, cuando recaía una condena y el MSP debía comprar el medicamento, “el laboratorio cobraba precio de lista”, explicó Salinas. “Ahora se pagará un precio acordado”, indicó. “Eso es gracias a la experticia en negociar del FNR”, valoró.
Por otra parte, Salinas destacó que el ahorro le permitirá “ampliar la canasta de prestaciones”. Y anunció en ese sentido que se incluirá entre los tratamientos con cobertura la trombectomía, un procedimiento endovascular para evitar ataques cerebrovasculares isquémicos por vía mecánica. “Me libera fondos para eso. Lo tenemos testeado, hemos ido avanzando en la formación de los grupos técnicos y la selección de los centros”, afirmó.
Añadió que esto se enmarca en el Plan de Salud Cerebrovascular, una “joya”, una idea fuerza de su gestión, que se ha visto relegada a otro plano por causa de la pandemia. El ministro anunció además que se buscará concretar la incorporación de fármacos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. “No quiero adelantarme, pero (quizás) avancemos en alguna técnica, que no es menor”. También aseguró que se “pondrá sobre el tapete” el tema de los trastornos del espectro autista.
Sin limitaciones
La judicialización del acceso a los medicamentos de alto costo es un tema recurrente que tiene opiniones disímiles en la propia Justicia. Hay diferentes miradas legales ante un mismo caso. Si bien en los juzgados de primera instancia es habitual que se haga lugar a los reclamos de los pacientes, la suerte del caso varía según el Tribunal de Apelaciones que intervenga.
Sin embargo, semanas atrás, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fijó posición al declarar inconstitucional una disposición de la Ley Nº 18.221 que establece que “las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán suministrar a su población usuaria los programas integrales de prestaciones que apruebe el Ministerio de Salud Pública”, entre ellos, los “medicamentos y recursos tecnológicos” (Búsqueda Nº 2.120).
El fallo, redactado por el ministro de la Corte John Pérez y aprobado por mayoría de tres votos contra dos, hizo lugar al recurso de un paciente que planteó que el Estado no puede limitar el acceso a medicamentos porque “violenta los derechos a la salud y la vida” consagrados en la Carta Magna.
El derecho primario a la salud, consigna el texto de la sentencia, “no debe ser limitado por la mera diferencia de criterios técnicos o económicos como se pretende mediante las normas objeto de estudio, ya que tales extremos desconocen claramente la supremacía del derecho a la salud de la persona que debe primar en la interpretación de las normas”.
De todos modos, el fallo de inconstitucionalidad de la Corte solo aplica al caso concreto, por lo cual los pacientes que aspiren a acceder a medicamentos no contemplados en las prestaciones tendrán que seguir acudiendo a la Justicia para reclamarlo.
La mirada de los presidentes
En el plano político, la discusión también lleva años. Incluso fue objeto de intercambios epistolares o dialécticos entre el expresidente Tabaré Vázquez y el actual mandatario Luis Lacalle Pou. Al inicio de la administración pasada, el gobierno de Vázquez había intentado limitar la judicialización de los medicamentos agregando una serie de artículos en la Ley de Presupuesto. En esa oportunidad, año 2015, el entonces senador y referente de la oposición Lacalle Pou le respondió a Vázquez con una carta pública en la que reclamó que los artículos fueran retirados porque “limitaban” el acceso a los fármacos. Además planteó que la discusión de este asunto estuviera alejada de los “fríos números y cifras de la ley presupuestal”.
“Los gobernantes debemos dar una discusión seria, responsable y profunda, con la visión de buscar soluciones que les permitan a los uruguayos acercarse más a estos medicamentos de alto costo y no debatir sobre cómo interponer obstáculos burocráticos”, escribió en su carta.
A fines de 2019, a pocos días de finalizar su mandato, Vázquez le devolvió el mensaje al presidente electo Lacalle Pou. Le planteó públicamente su preocupación respecto al crecimiento exponencial de los juicios contra el Estado por el acceso a los medicamentos. Y dijo que, de no implementarse medidas para frenar la fuerte erogación económica anual, el FNR se quedará sin financiamiento. “Recibimos con gusto el planteo del presidente Tabaré Vázquez. Como lo hicimos cada 2 de marzo durante estos años, valoramos el aporte de los distintos partidos políticos y dirigentes. Cada tema será estudiado detenidamente”, le respondió Lacalle Pou a través de su cuenta de Twitter.
