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Roma (Eloísa Capurro, enviada). Buscando el “impacto social” que reclaman sus clientes, algunos fondos de inversión de Estados Unidos y Europa participan en las principales rutas agrícolas de América Latina. Son eslabones entre los pequeños productores de quinoa, cacao o granos y el sistema financiero, adentrándose en comunidades donde los créditos no llegan y comenzando con ellas el camino hacia la bancarización. Entre todas las rutas que se mencionaron durante la reunión anual del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, una agencia de la Organización de Naciones Unidas) que se desarrolló a fines de enero en Roma, la del café apareció una y otra vez. Es que las cadenas de valor que allí se crearon, recalcaron los ejecutivos, permitieron asegurar rentabilidad a su inversión y darle escala a los más pequeños trabajadores rurales.
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Con eso en mente, una misión del FIDA llegará en marzo a Uruguay para supervisar los programas de inclusión financiera rural realizados con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), así como explorar junto con el gobierno las cadenas de valor que puedan establecerse para los pequeños productores rurales locales.
“El FIDA está interesado en abrir una operación nueva (con Uruguay) que se está conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando hay una alianza entre productores e industriales, o productores y comerciantes que construyen una cadena de valor se baja muchísimo el riesgo de colocación del producto. Porque el productor sabe que tiene un contrato donde es abastecedor de la cadena, la industria, el comerciante o el exportador. Estamos trabajando esa idea. Nosotros trabajamos con las organizaciones de productores y los gobiernos para empezar a discutir ideas que puedan ser innovadoras en políticas financieras”, dijo en diálogo con Búsqueda Alvaro Ramos, director para el Mercosur del FIDA.
En Colombia la firma de contratos entre pequeños productores de café y comerciantes o exportadores permitió que las comunidades agrícolas más alejadas participaran de la economía que se genera alrededor de los casi 15 millones de sacos de ese grano que anualmente vende el país. Y esos contratos llamaron luego la atención de los bancos, que ahora veían las garantías que los trabajadores rurales podían mostrar y que, en algunos casos, incluían rutas directas de exportación.
“El pequeño productor no es competitivo en soja, en trigo a gran escala o en cebada, pero sí lo es en productos con un grado de diferenciación. Es un ‘speciality’, no un commodity. Pero tienen que ganar escala y tener sistemas de agregado de valor industriales o comerciales. Hoy tienen la posibilidad de hacerlo porque hay una gran demanda, esa es la gran oportunidad que tenemos. El sector financiero podría estar interesado en esto porque los pequeños productores son nuevos abastecedores en las cadenas de valor”, estimó Ramos.
Representantes de los fondos estadounidenses Root Capital y Oikos Capital Managment, así como el suizo responsAbility, apuntaron en Roma las dificultades que existen al invertir en productos donde no hay tradición de cadenas de valor. Así, por ejemplo, cuando hay una presión al alza en los precios de la quinoa o existen fenómenos climáticos que afectan al cacao, los productores rurales no logran colocar su producción y la prima de riesgo para lograr financiarlos aumenta. Un ejecutivo ejemplificó que de un crédito de U$S 100.000, con un interés del 10%, puede terminar en una ganancia de U$S 3.000 al descontar el costo del capital y las posibilidades de default.
Pequeños créditos a medida.
Por ser en su mayoría países de renta media, América Latina recibe apenas 12% del presupuesto del FIDA, una agencia especializada en proveer financiamiento para erradicar la pobreza y el hambre en las comunidades agrícolas. En Uruguay, país de “renta alta” según estándares internacionales, la agencia ejecuta apenas unos U$S 5 millones. Además de seguros contra el cambio climático y sequías para pequeños productores, desde 2004 funciona el Programa de Microcrédito Rural que en coordinación con el MGAP y la Fundación Uruguaya de Cooperación y Desarrollo Social (Fundasol) otorga créditos a productores que no acceden al sistema financiero.
“El crédito prácticamente se define en conjunto entre el destinatario y el que lo otorga. Es a medida. En lugar de utilizar la técnica tradicional, sobre todo de la banca pública, estableciendo una línea de crédito a la que vos te tenés que adaptar, este financiamiento se otorga a medida de lo que el beneficiario requiere. Pero además se otorga por un comité de crédito”, explicó Ramos.
Datos a abril del año pasado indican que menos del 2% de los 32.400 créditos otorgados en Uruguay (que en total supusieron U$S 15 millones) eran incobrables. Menos del 10% tenían un atraso de hasta cuatro meses y menos del 4% presentaban una morosidad de entre cuatro y ocho meses. Según las últimas cifras del Banco Central, la morosidad en el sistema financiero uruguayo (proporción de créditos con más de 60 días de atraso) ascendía a 3,3% a fines de 2016.
“Hay un control social del grupo o la comunidad donde está inserto el deudor, que no le interesa quedar con mala letra. No pagar le resta posibilidades de seguir trabajando. Se le piden garantías que puedan medirse en equipamiento, herramientas, de su vivienda, si la tierra es propia o si está arrendada pero tiene un contrato de largo plazo. Y las suelen tener. Son productores que están insertos en la economía de mercado”, agregó el jerarca.
Junto con el MGAP, el programa instaló 130 Comités de Crédito Local que mantienen reuniones mensuales para definir los préstamos a otorgar con base en el comportamiento de los productores y entrevistas personales. Un informe de junio del año pasado del FIDA señala que “las poblaciones donde se ha dado mejor uso a la herramienta son aquellas en las que se han realizado asambleas periódicas de usuarios, donde la comunidad maneja la información acerca de cómo está funcionando la herramienta y cuáles son los problemas”. Otros programas que otorgan certificados de garantías para préstamos y fondos para financiar capital operativo se desarrollan en Paraguay y Argentina.
“En el medio rural la bancarización es compleja y en estos sectores más. No es automática: no porque el individuo tenga una tarjeta y reciba un ingreso por cuenta bancaria el banco lo toma como cliente. Porque se evalúa el riesgo, las garantías, hay normas de cada banco, otras que impone el Banco Central y además compiten en un mercado. El tema es lograr un puente entre estos sectores de pequeños productores que están en el mercado pero tienen carencias para llegar a la banca y el sistema financiero”, dijo Ramos.
