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    Agricultores e industria advierten sobre el impacto negativo de la eventual prohibición europea del herbicida glifosato

    ¿Se puede pensar hoy en una agricultura sin el uso del herbicida glifosato? Esa es la interrogante que por estos días les quita el sueño a la industria de agroquímicos y a agricultores de la región, considerando que la Unión Europa (UE) decidirá el próximo 15 de diciembre si renueva o no la licencia para la utilización de ese producto en su territorio.

    Ese asunto genera incertidumbre en el sector agropecuario por el impacto negativo de una eventual prohibición del glifosato para las exportaciones de soja a Europa, y además por la presión que ejerce en pleno proceso de negociaciones entre el Mercosur y la UE para la firma de un acuerdo de libre comercio.

    “Somos conscientes de que (ese tema) está siendo usado por los agricultores franceses como una barrera paraaran­celaria” con el objetivo de “detener o retrasar el acuerdo entre la UE y el Mercosur que se está negociando”, dijo a Búsqueda el director ejecutivo para el Cono Sur de CropLife Latin America, Juan Cruz Jaime. Esa organización gremial internacional nuclea a la industria de agroquímicos, que comprende a grandes compañías de la investigación y el desarrollo de productos, como Syngenta, Bayer, Basf, DowAgroSciences, Dupont, Monsanto y Sumitomo Chemicalm, entre otras.

    Jaime, que antes de asumir su actual cargo fue director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes de Argentina (Casafe), estuvo días pasados en Montevideo para mantener encuentros con autoridades del gobierno y con empresas privadas del sector agrícola.

    “Si lo tratamos con criterios científicos, estamos dispuestos a hacer la revisación necesaria (del glifosato), pero no creemos que una barrera paraarancelaria pueda de alguna manera frenar la producción”, comentó.

    Y advirtió que hoy emplear la siembra directa sin glifosato “es muy compleja y traerá, en caso de que se prohíba, pérdidas muy importantes a los agricultores” del Mercosur, porque “tendrán que volver a la labranza tradicional y los productos perderán rentabilidad a nivel internacional”.

    El sistema denominado siembra directa supone un laboreo reducido del suelo para plantar granos y comprende un paquete tecnológico que incluye a las semillas genéticamente modificadas que en su mayoría son resistentes a la aplicación del herbicida glifosato.

    El uso de ese agroquímico en la agricultura es cuestionado en varios países por organizaciones ambientalistas, algunos sectores políticos y grupos de productores que están en contra del uso de ese tipo de productos en sus campos.

    Uruguay exporta soja a algunos países europeos, principalmente a Alemania y Países Bajos, aunque el principal mercado es el chino.

    Uno de los principales problemas que despertó la resistencia en la sociedad del glifosato está vinculado a los casos de contaminación provocados por el mal uso del producto, principalmente en las dosis aplicadas y en las condiciones en que se utiliza, como la falta de equipos de prevención y las aplicaciones cercanas a centros poblados o escuelas rurales. Otro factor de preocupación se centra en el peligro para los consumidores ante la presencia de residuos de agroquímicos en ciertos alimentos.

    “Tenemos que trabajar mucho en la percepción pública y acercarle certezas a la gente, insistir en el equilibrio entre productividad y el cuidado del medio ambiente”, reconoció Jaime.

    Destacó los programas y proyectos de CropLife en ese sentido para generar conciencia entre los productores agrícolas. En el sitio web de esa organización ofrecen diversos cursos virtuales para entender las normas y códigos internacionales que regulan el uso de agroquímicos, como el uso de polinizadores, entre otras alternativas. Impulsan además campañas como CampoLimpio, que es un plan para el manejo de los envases vacíos de agroquímicos, y CuidAgro, que es un programa dirigido a cumplir el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, elaborado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación, de Naciones Unidas (FAO). Ambos programas se implementan en 18 países de la América Latina.

    En cuanto a otras acciones, el ejecutivo de CropLife planteó que en los países “haya fiscalización y castigo para los infractores”, porque el mal uso de los productos no solo está perjudicando a la sociedad en la que convive sino también la percepción que se tiene en la opinión pública de las empresas del sector de los agroquímicos.

    “Le pedimos al gobierno que haga uso de su poder de policía y de fiscalización para que (la infracción) no se repita”, señaló.

    Respecto a la responsabilidad de los agricultores, Jaime consideró: “De alguna manera los productores son nuestra cara hacia la sociedad, son nuestros clientes y nuestros oferentes”.

    Negocios.

    El monto de las importaciones de plaguicidas agrícolas en Uruguay pasó de US$ 60 millones, en 2004, a US$ 254 millones, en 2014, y luego bajó en los años siguientes para quedar en US$ 135 millones, en 2016, según registros de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (Diea). El mayor de esos montos corresponde al capítulo de los herbicidas, principalmente del glifosato en sus diferentes presentaciones. La evolución del monto de las importaciones de herbicidas muestra un aumento de 327% entre 2005 y 2013, y el principal origen de esos productos es China. Esa nación asiática es el mayor importador de soja uruguaya y el proveedor mayoritario del glifosato que se disemina en los campos agrícolas locales.

    En cuanto al volumen de negocios que maneja la industria de agroquímicos en la región, el director ejecutivo de CropLife comentó que el país que más factura es Brasil con US$ 9.000 millones anuales, le siguen Argentina y México con US$ 2.500 millones y Uruguay está cerca de los US$ 100 millones.

    “El cambio climático está perjudicando a los productores y al sector agrícola, lo que incidió en que la facturación de las empresas de agroquímicos esté en una meseta de crecimiento en los últimos dos o tres años”, dijo.

    Un asunto que genera polémica es la concentración de ese sector, debido a las fusiones entre grandes compañías y adquisiciones de firmas con poder en el mercado internacional.

    Eso preocupa por la posible falta de competencia.