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En el último año el Fondo Nacional de Recursos (FNR) gastó 34 millones de dólares en comprar medicamentos de alto costo para tratar a pacientes con cáncer y otras enfermedades complejas. Pero también tuvo que desembolsar unos 3,25 millones de dólares para hacer frente a demandas de pacientes que recurrieron a la Justicia en procura de fármacos caros que que les fueron recetados por sus médicos tratantes pese a que no están contemplados en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM).
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La vía de la judicialización para poder obtener estos fármacos de alto costo es una “tendencia creciente” que “preocupa” al Ministerio de Salud Pública (MSP), señaló a Búsqueda el ministro Jorge Basso. “Se han creado estudios privados especializados únicamente en estos juicios. El Estado tiene que defenderse mejor, utilizando legislación y evidencia científica”, dijo el ministro de Salud. Agregó que las autoridades sanitarias han mantenido “encuentros” en el Poder Judicial y “foros de discusión e intercambio” para manifestarles esa inquietud.
“Estamos revisando el marco legal existente”, informó Basso. “Hay que darle de alguna forma más fortaleza a la autoridad sanitaria en cuanto a sus decisiones”. Lo que ocurre en muchos de los casos es que la Justicia falla a favor del MSP en primera instancia y luego revoca su decisión tras la apelación de los abogados de los pacientes.
Basso defendió el sistema local de financiamiento y acceso universal de los medicamentos de alto costo, que están cubiertos a través del FNR desde el año 2005. Antes de ese año, solo se financiaban actos médicos mediante los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE). En el 2006 se creó el FTM con el listado de medicamentos que deben recibir los pacientes cuando son recetados por sus médicos. La mayoría de estos los debe comprar el prestador al que esté afiliado el usuario, mientras que los de alto costo son financiados por el Fondo de Recursos. “Son muy pocos los países en el mundo que tienen incorporado un procedimiento para resolver de forma universal la cobertura de determinadas prestaciones que se califican de alto costo. Se estima que el 1% de la población en algún momento va a requerir estos tratamientos y el tema principal en congresos es cómo resolver su acceso universal. Hay un tema de inequidad y falta de ética en que quede sujeto solo a quienes lo puedan pagar”, destacó Basso. En Uruguay, el FNR atiende a unos 300.000 pacientes.
Compras conjuntas.
Para el ministro, el “gran desafío” es “sostener” la política actual de cobertura de medicamentos de alto costo frente a las “presiones” que existen desde los laboratorios y desde los pacientes a través de la Justicia para seguir incorporando fármacos al FTM.
Una de las estrategias adoptadas para tratar con transparencia los intereses que pueden existir entre quienes indican y quienes evalúan los tratamientos, es la firma obligatoria de un formulario de declaración de conflicto de intereses. Esto es así para todos los profesionales que trabajan en el FNR y el MSP y para quienes solicitan el financiamiento de actos y medicamentos.
Basso discriminó entre los distintos tipos de fármacos de los que se reclama su cobertura. Están aquellos en los cuales la evidencia científica sobre su efectividad no está firme y hay otro grupo en los que la ecuación costo-efectividad no es conveniente. Después hay otros medicamentos en los que sí hay evidencia suficiente sobre sus beneficios, pero tienen un precio que soprepasa las posibilidades del Uruguay. “Es en esos donde hay que encontrar una solución”, reconoció. “En países como el nuestro, la viabilidad de poder seguir teniendo acceso a los medicamentos de alto costo depende muy fuertemente de buscar alternativas de compra conjunta”, agregó.
La subsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg, participó hace unos días en una reunión en Brasilia, donde se habló del interés en llevar adelante este mecanismo de negociación de precios entre varios países de la región —concretamente los que integran la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur)— y hacer compras en conjunto. “La incorporación al mercado de nuevos fármacos, con estudios que demuestran eficacia pero a costos altísimos, no ha dejado de crecer. El reclamo de la población para que se incorporen nuevos medicamentos, sumado a poderosos intereses de la industria, deben considerarse tomando en cuenta la necesidad de mantener el equilibrio financiero de las cuentas nacionales”, resumió Basso.
Según el jerarca del MSP, existen recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los niveles de gasto que deberían asumir los países para decidir la incorporación de los medicamentos de alto costo a la cobertura universal. El impacto del presupuesto del FNR en el sistema de salud se mantiene en el 8% del global desde el año 2008. Entre todas las prestaciones que cubre el Fondo se gastan anualmente unos 200 millones de dólares.
Basso recordó que en los años previos al 2005, el FNR se encontraba al “límite” de su sustentabilidad económica, en un “grave estado de desfinanciamiento” que reclamaba una reestructura para seguir funcionando. Desde entonces, la política ha sido la toma de decisiones basada en evidencia científica, con normativa de cobertura, controles de solicitudes y ateneos de expertos. El FNR se financia con los aportes que los usuarios del sistema de salud realizan a través de descuentos del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), de los impuestos que van a rentas generales y de una cuota de 144 pesos que pagan quienes están afiliados a una institución por fuera del Fonasa. Con esos aportes se costean los actos médicos que se realizan en los IMAE y los medicamentos de alto costo.
