En el artículo en cuestión, el Poder Ejecutivo faculta al MGAP a “la eliminación del registro, en caso de infracciones graves a la normativa que regula el control higiénico sanitario y tecnológico de la carne, productos, subproductos y derivados, cuando ello sea susceptible de causar daño a la salud humana, animal o al medioambiente”.
En alerta por esta propuesta, el sindicato de Industria Animal informó en un comunicado interno, divulgado el lunes 12 entre sus integrantes, que se jubilaron “200 trabajadores” de esa área en la última década y los “equipos inspectivos en el sector exportador quedaron reducidos a la mínima expresión, incapaces de sostener razonablemente un adecuado control y, como resultado del primero, también la certificación como parte de las exigencias del comercio mundial de carnes”.
A modo de ejemplo sobre esa situación, esa agrupación sindical mencionó el caso del frigorífico BPU, que registró una suspensión temporal para exportar carne a China y en días pasados recibió la rehabilitación para esos negocios.
“La industria frigorífica, mayoritariamente extranjera y trasnacional, percibió como algo positivo que cada vez hubiera menos funcionarios oficiales en las plantas” de faena, afirmó el sindicato en su comunicado. Y comentó que “si antes había 10 o 15 funcionarios y hoy hay cuatro o cinco con suerte y se sigue exportando y certificando sin problema, se puede llegar a la equivocada conclusión de que este es el estado de situación adecuado y reglamentario”.
La visión crítica del sindicato incluye varios comentarios atribuyéndole responsabilidad del planteo de modificación legal al nuevo ministro de Ganadería, Fernando Mattos, desde su cargo anterior como presidente del Instituto Nacional de Carnes (Inac) y ahora al integrar el Poder Ejecutivo.
Montar un show
“Desde la DIA siempre asumimos como un desafío y una exigencia para todos nosotros (nos referimos a que se ha transformado en algo cultural e interiorizado) mantener e incrementar las habilitaciones de nuestras plantas a los diferentes mercados como fuera posible y a como diera lugar”, planteó el sindicato.
Advirtió que en ese asunto “se juega mucho del destino del país y del trabajo y el bienestar de miles de trabajadores y productores que participan en todo este proceso que se inicia en los predios rurales de la campaña”.
Cuestionó que “se hizo rutina el traslado permanente de funcionarios de una planta a otra, el día de una auditoría (sanitaria extranjera), como forma de montar un show que debe continuar, pero que solo se presenta ese día”. “Se trata de vestir la novia para la ocasión tan especial”, graficó al aludir a la jerga de los funcionarios de ese sector.
El sindicato sostuvo en su comunicado interno que “hacía mucho tiempo no se presentaban condiciones tan favorables por la demanda sostenida y los precios del mercado internacional, que auguraran una acumulación de beneficios tan importantes para toda la cadena” cárnica.
“Desde los agentes empresariales como desde el sistema político y las autoridades del MGAP, no se logra percibir la delicada y extremadamente grave situación de desgaste y degradación de los servicios oficiales de inspección veterinaria”, criticó.
Para el sindicato de Ganadería, “la pandemia (de Covid-19) y con ella la imposibilidad de realizar auditorías externas presenciales han dilatado un colapso inminente y la constatación in situ de la grave situación de los controles oficiales en el sector exportador, por las auditorías externas”.
“Los funcionarios con los que finalmente se podrá contar no superarán una veintena, para supuestamente cubrir un déficit comprobado de unos 150 trabajadores en el sector exportador”, aseguró.
En cuanto a la propuesta del Ejecutivo, la MIA estimó que “se podría contar con estos funcionarios dentro de un año, luego de la aprobación de la ley, su promulgación y posterior reglamentación”.
“¿Qué hacemos durante todo este año, donde se continuará agravando la situación con los continuos retiros jubilatorios y fallecimientos de una plantilla envejecida y fatigada si no se crea un cargo o se habilita la utilización de todas las vacantes disponibles?”, planteó como interrogante. A lo que respondió que “el final es previsible”.
Testaferros y resistencia
“Es evidente que la presentación de un artículo que pretende apuntalar un mercado de servicios profesionales en el área del control de alimentos, y con ello consolidar un escenario de lucro y ganancia a partir del trabajo de veterinarios y asistentes privados, no es posible sin la existencia de sectores profesionales organizados y muy influyentes en el gobierno”, interpretó el sindicato en su comunicado.
Sostuvo incluso que “varias empresas de las que el artículo nos habla estarán ya formadas y prontas o en formación, aguardando la aprobación y reglamentación en la gatera, esperando la largada para poder comenzar a facturar y acumular beneficios”.
“Esto no fue una ocurrencia azarosa o magistral de alguien distraído y preocupado por el devenir del país”, se lamentó. Y alertó que “hay una clarísima expresión de intereses económicos profesionales que no repararon (y si lo hicieron no les importó) en el contexto de inestabilidad, turbulencia e incertidumbre que se generará a partir de la férrea resistencia que desplegaremos”.
“De todas las posibles propuestas a considerar y plantear como alternativa a la grave situación de los servicios oficiales, el gobierno decidió afiliarse por la peor”, cuestionó. Eso en el sentido de advertir “la posibilidad de introducir la participación de empresas privadas en el control de los alimentos, lo que agrega un componente de escasa o nula claridad en cuanto a la necesaria e imprescindible oposición de intereses entre controlados y controladores”.
Argumentó eso porque “se abre la posibilidad de que muchos establecimientos habilitados dedicados exclusivamente al mercado interno desarrollen, a partir de sus controles de calidad, empresas de servicios profesionales propias, con el objetivo de autocontrolarse, utilizando testaferros”.
“Funcionarios, oficiales en actividad o exfuncionarios ya retirados, haciendo uso de su posición privilegiada y su experticia, pueden armar empresas a partir de testaferros, que seguramente disfrutarán de ciertos beneficios extras, a la hora de ser habilitadas, contratadas y auditadas”, consideró.
Entre estos dos ejemplos “bastante extremos y paradigmáticos”, el sindicato del MGAP señaló que hay un “amplio abanico” de alternativas que “dejan en entredicho la necesaria oposición de intereses cuando está en juego el interés general y la salud pública, mediados por el factor económico entre quienes controlan y son controlados”.
“Solo independientes y bien remunerados, los inspectores oficiales son la mejor garantía de una cristalina oposición de intereses entre la salud y el lucro o beneficio económico”, planteó.
Criticó además a la actual administración por elegir la “dirección contraria a la recorrida en los últimos 30 años, por la cual se independizó a los funcionarios oficiales de los pagos directos que la industria frigorífica hacía”.
“Así fue como se modificó el pago de las horas extras a través de una partida por estar a la orden, se asumió el pago de la partida de alimentación con recursos presupuestales y se reglamentó e implementó un sistema transparente, digital y bancarizado para el pago de la devolución de los gastos del transporte”, comentó el sindicato.
Claramente se afianzó y consensuó un escenario cada vez más independiente y cristalino en cuanto a los pagos que los establecimientos hacían a los funcionarios oficiales, agregó.
“Nada impediría que incluso el Inac (administrado y financiado por los agentes económicos de la propia cadena —frigoríficos y productores—) pudiera implementar su propia empresa privada de servicios profesionales de inspección (no olvidar la experiencia de Certicarnes) para intervenir y participar de este nuevo mercado”, indicó. Advirtió que hay “un cierto proceso de “colonización” de la DIA y la DGSG a partir de “la presencia de unos 15 empleados privados, contratados por la Corporación Nacional para el Desarrollo y financiados por el Inac, que cumplen funciones como si fueran funcionarios públicos oficiales sin ningún marco legal que los habilite para ello”.
En el caso de Industria Animal, “hay en esta modalidad dos veterinarios prestando funciones en el servicio inspectivo oficial del puerto de Montevideo, donde han participado de la última auditoría de la Unión Europea y colaboran con el sistema de certificación electrónica” para ese mercado, aseguró.
Otro caso que indicó el sindicato es el de “veterinarios privados que se encargan de la inspección veterinaria oficial” del frigorífico Caltes en Paso de los Toros “sin existir ningún marco jurídico que lo sostenga”.
El sindicato aludió además a que el “Inac ofreció 30 veterinarios para comenzar a trabajar” en la DIA. “No se comprende que no necesitamos empleados privados pagados por la industria, sino que solo necesitan disponer de las más de 150 vacantes que no se han llenado”, planteó.
Doble estándar
“Si prosperara este artículo, se concretaría un doble estándar de controles a los establecimientos habilitados” para la faena y producción de carne y derivados, según el informe del sindicato del MGAP.
Planteó que, “por un lado, habría un tipo de control para las empresas exportadoras, provisto y cumplido por funcionarios oficiales sin costo y, por otro, habría otro tipo de control suministrado por empresas privadas de servicios, con costo a asumir por las empresas controladas”.
El actual reglamento oficial de inspección veterinaria de productos de origen animal “no distingue entre establecimientos exportadores o para el mercado interno”, indicó el sindicato. Establece sí, sostuvo, los controles para los establecimientos habilitados, diferenciando entre establecimientos de faena, de industrialización de productos comestibles y no comestibles y depósitos de frío. Hay “un único régimen o estándar de control para todos por igual y bajo la competencia de funcionarios oficiales”, enfatizó.
El sindicato del MGAP también advirtió que la propuesta del gobierno “introduce una distorsión a través de esta legislación, que agrega costes a las empresas más chicas perjudicándolas claramente”. “El propio Estado promueve un doble estándar y un escenario de competencia desleal imponiéndole costos diferenciales a las empresas más chicas”, acusó.
Y anticipó una serie de acciones durante el tratamiento parlamentario del tema, entre las que figuran “uno o más paros de 48 horas” en los servicios inspectivos en los frigoríficos y otros puntos de contralor.
