“Le sobran entre US$ 5 millones y US$ 6 millones” al instituto, y “además tiene la deuda pendiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y tierras que no son aptas para colonización, de alto valor inmobiliario, que puede vender y utilizar esos recursos para alimentar el fideicomiso de tierras que está aprobado”, sostuvo.
Planteó sobre la “oportunidad para rediscutir el rol” de Colonización. “¿Qué instituto queremos?, ¿será que con algo más de 100 hectáreas de fracción nosotros podemos viabilizar la vida de una familia rural para que sea sostenible a lo largo del tiempo?, ¿es una unidad socioeconómica factible para que la persona se pueda desarrollar?”, interrogó a los legisladores presentes.
Consideró que “sí es un factor de acceso a la tierra y de gran entusiasmo para la gente, como puerta de entrada; no hay ninguna duda de ello”.
“Con 100 hectáreas es imposible subsistir, fundamentalmente si se trata de áreas donde las condiciones del suelo determinan que la productividad tenga una limitante”, advirtió.
Para Mattos la situación de los asentamientos representa un “drama social” y “muchos” de sus pobladores provienen del medio rural, lo que significa que hay “causas estructurales”.
“Si no tenemos en cuenta las causas estaremos abordando un problema para que dentro de unos años se vuelva a generar y tendremos nuevamente que destinar recursos para solucionar este tema”, afirmó.
Uno de los partidos que integran la coalición de gobierno y que no está de acuerdo con ese planteo del Poder Ejecutivo es Cabildo Abierto (CA).
En esa línea, el senador de ese sector, Guillermo Domenech, señaló en la comisión parlamentaria en cuestión que recientemente estuvo reunido con directivos de una cooperativa “muy importante” de Colonia Valdense y de Nueva Helvecia.
Se refirió a “los problemas que se les habían generado a los productores de la zona” sobre el acceso a la tierra. “Si fallece un productor y quedan dos o tres herederos pero uno solo tiene vocación y conocimiento de la explotación, este está prácticamente imposibilitado de adquirir para los restantes sucesores la cuota parte que les corresponde porque en esa zona los precios de la tierra llegan a US$ 10.000 la hectárea”, indicó a modo de ejemplo.
Acotó que “eso está llevando a que sean dos o tres productores de la zona los que están comprando todos” esos campos.
“Este es un tema que repica en otras zonas del interior, porque a US$ 4.000 o US$ 5.000 la hectárea, es prácticamente imposible que un egresado de la Escuela Superior de Lechería o de la Escuela Agrícola, un ingeniero agrónomo, un veterinario o alguien que simplemente tenga idoneidad por la mera práctica en el cumplimiento de las tareas del campo, pueda adquirir tierras”, se lamentó.
Y dijo que ese es un tema que no se debe “eludir”, sino que es necesario “encarar”. “No estuvo presente en los discursos de la Expo Prado 2021 y eso me creó inquietudes”, cuestionó Domenech dirigiéndose al ministro de Ganadería.
Más grave
Otro de los asuntos analizados en la comisión del Senado fue el relativo a las medidas previstas por el Ministerio de Ganadería (MGAP) en cuanto a su funcionamiento y a la escasez de personal.
El subsecretario de Ganadería, Ignacio Buffa, señaló que ese organismo “es muy vasto, tanto por los temas que aborda como por el despliegue territorial; tiene 42 oficinas diseminadas en todo el país y nueve unidades ejecutoras”.
Habló de “generar eficiencias en el uso de los recursos en todo sentido: humano, técnico y material”.
“Se ha hecho un trabajo muy pormenorizado de la situación del ministerio y no se trató de analizar, de forma anecdótica, cuántas vacantes de ingreso y cuántas vacantes de ascenso tenemos”, dijo. Y consideró que “eso es caricaturizar la situación de los recursos humanos”.
“Se trató más bien de hacernos la pregunta: ¿cuánta gente necesita este ministerio con este paradigma tecnológico?”, planteó.
Buffa afirmó que ese trabajo “está definido y está realizado con la lógica de entender cuál es la verdadera necesidad que tiene el ministerio, y no que la necesidad sea completar las vacantes de ingreso y de ascenso, aunque, obviamente, parte de la solución pasa por ahí”.
Mattos enfatizó que “el tema de escasez de recursos humanos en el ministerio es de larga data, no menos de 20 años”.
Recordó un diálogo que mantuvo como presidente de la Asociación Rural del Uruguay con el entonces ministro (de Ganadería, José) Mujica –2005–, en el que hablaron sobre ese tema. “En aquel entonces ya se hablaba de la edad promedio elevada de los funcionarios del MGAP –eran porcentajes similares– y la situación sigue incambiada”, comentó.
Dijo que “el mismo Mujica expresó en distintas oportunidades, la dificultad que representaba tener al 50% de la plantilla del ministerio con causal jubilatoria por edad”.
“Ahora es más grave, tenemos muchas posiciones claves del ministerio en las que el funcionario de referencia no tiene a alguien a su lado que pueda recibir esos conocimientos, lo que desde el punto de vista administrativo es una barbaridad”, consideró.
Advirtió que “la sociedad ha hecho una inversión en cuanto a la capacitación y a la experiencia adquirida de un funcionario durante 40 o más años de carrera, y que no haya nadie al lado que pueda recibir el conocimiento de su experiencia –porque no es solo transferir conocimiento, sino transferir situaciones, cómo enfrentar una determinada crisis sobre un aspecto puntual–, es una verdadera pérdida”.
Las autoridades del MGAP conversaron sobre el punto con representantes del Poder Ejecutivo e hicieron gestiones con la Oficina Nacional del Servicio Civil, el MEF y el presidente Luis Lacalle Pou, para “llevar adelante un programa bien planteado sobre la necesidad urgente de contar con más personal”, precisó.
“En breve vamos a tener novedades porque no es solo un tema de sustituir a una persona por otra”, adelantó.
El titular de Ganadería dijo que “alrededor de 150 personas se retiran” de esa secretaría de Estado “por causales de las más diversas: renuncias, jubilaciones, muertes o lo que fuere”.
Tema delicado
El artículo 128 de la Rendición de Cuentas autoriza a los Servicios Ganaderos del MGAP a “habilitar, registrar y controlar empresas que se dediquen al suministro de personal para la prestación de servicios técnicos, para cumplir actividades de apoyo al control higiénico sanitario y tecnológico de la carne, productos, subproductos y derivados cuya competencia corresponde a la División Industria Animal (DIA), de acuerdo a los requisitos, condiciones y procedimientos que establecerá a tales efectos”. Esa propuesta generó el rechazo de la Asociación de Funcionarios de esa cartera (Búsqueda Nº 2.181).
En la comisión del Senado hubo exposiciones que marcaron posiciones a favor y en contra de ese plan.
Así quedó registrado en las posturas de los senadores Sebastián Da Silva (Partido Nacional) y Alejandro Sánchez (Frente Amplio), respectivamente.
Sánchez advirtió que por esa propuesta del Poder Ejecutivo “las industrias que van a comercializar exclusivamente para el mercado interno tendrán que pagar el 1% (del Fondo de Inspección Sanitaria), porque en el articulado no está la exoneración y -es materia legal-, además, tendrán que hacerse cargo de este recurso humano que va a cumplir tareas de inspección, agregando un costo más”.
“Nos parece que esta modificación es inoportuna y que puede ser muy inconveniente”, criticó.
Planteó “retirar” el artículo en cuestión y analizar el asunto en profundidad.
Da Silva, por su parte, defendió el planteo del MGAP y dijo que “las industrias frigoríficas grandes tienen una doble función: son exportadoras y parte de las faenas las dedican al abasto”.
“Hay muy pocas empresas frigoríficas que están en un cien por ciento con el abasto”, indicó.
Y enfatizó que los veterinarios contratados no serán los encargados de habilitar la inocuidad de un frigorífico.
La función de control en las plantas de faena “se puede desarrollar perfectamente a través de la firma de un privado, con la auditoría de los servicios oficiales”, aseguró.
En reacción a los comentarios de los senadores, Mattos alertó: “este es un tema delicado porque las versiones taquigráficas son públicas y, por lo tanto, en una discusión que no llegó al punto de ser acalorada, pero puede serlo, estaríamos poniendo en riesgo de alguna manera el buen estatus sanitario del país, cuestionando nuestro propio sistema de inspección”.
“Queremos dar garantías y tranquilidad de que está perfectamente asegurado y no ponemos en riesgo el estatus sanitario y en que estamos preservando nuestros mercados y la inocuidad de los alimentos que recibe nuestra población”, se apresuró a señalar.
Puso de ejemplo los casos de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda que autorizaron la participación de veterinarios privados. Esa habilitación “siempre está supervisada o auditada por el servicio oficial, que es indelegable”, sostuvo.
El ministro de Ganadería reconoció estar “de acuerdo con que la redacción no es la mejor”.
“Podemos mejorar el instrumento y ese vínculo de dependencia en cuanto a la remuneración del profesional actuante que, por más que esté auditado, no queda prolijo y puede ser cuestionado en algún proceso”, admitió.
Consideró que “corresponde la observación de poder presentar una redacción alternativa que mejore el instrumento, pero que habilite este mecanismo para poder dar oportunidad a que el veterinario del libre ejercicio de la profesión acreditado o certificado y auditado por el veterinario oficial, pueda actuar”.
