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El ex representante de los trabajadores en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Alfredo Silva reconoció en el juzgado que asesoró “en la formación” de la Asociación Civil Buena Estrella (ACBE) para que se hiciera cargo de la limpieza en el Hospital Maciel una vez que cayó el contrato con la empresa Clanider, pero enfatizó que no presionó a ningún director de hospital público para su contratación.
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“Asesoré en los derechos y obligaciones de los trabajadores. Esa fue mi participación”, repitió Silva cada vez que se le preguntó por su nexo con la asociación civil y su rol en las licitaciones a las que se presentaba esa firma.
Para Silva y su abogado Juan Fagúndez, la investigación llevada a cabo por el fiscal de Crimen Organizado Gilberto Rodríguez y por el juez Néstor Valetti “confunde” el rol de Silva con el del dirigente Heber Tejeira, quien sí aparece comprometido en el cobro de coimas para acelerar pagos a empresas y ofrecer paz sindical, según las escuchas telefónicas ordenadas por la sede y el testimonio de funcionarios y particulares.
Esas son algunas de las conclusiones incluidas en la apelación presentada por Fagúndez contra el procesamiento sin prisión de Silva por el delito de “conjunción del interés personal y público”. El escrito, de más de más de 20 páginas y al que accedió Búsqueda de fuentes judiciales, afirma que no existe “ni una sola prueba” que conecte a Silva con las presiones a empleados de Buena Estrella o a funcionarios de Salud Pública.
“Silva no presionó a ningún directivo o persona vinculada a ACBE, a quienes sí asesoró en la formación de la asociación civil para que estas personas mantuvieran su fuente de trabajo en ejercicio de sus derechos y obligaciones”, subraya.
“Su vínculo con Tejeira lo es a raíz de sus cargos en la Federación de Funcionarios de Salud Pública y siendo Tejeira el encargado sindical de las tercerizadas, interactuó en la formación y asesoramiento de derechos y obligaciones”, agrega.
“Siendo este asesoramiento legítimo, sin contraprestación alguna a cambio, nada diferente de lo que un estudio profesional pueda realizar al asesorar a una multinacional que se presente en un llamado de este tipo”, prosigue.
Según Fagúndez, no puede encontrarse “en los testimonios de las personas vinculadas al Hospital de Rivera (u otras unidades) extremos que sitúen a Alfredo Silva ejerciendo presiones u actos dirigidos a que ACBE consiga ser contratada”.
“Garantías”.
En otro pasaje del escrito judicial, Fagúndez se queja de la “celeridad” con la que se decretó el procesamiento de su cliente. “Luego de más de dos años y medio de investigación, no existe prueba que vincule a Silva con obtención de provechos indebidos, y menos aún actuando en razón de su cargo”, sostiene el letrado.
En esos meses, en los que hubo “varias audiencias con todo tipo de operadores (...) levantamiento del secreto bancario, informes financieros sobre giros en las redes de pago, interceptaciones telefónicas ‘a piacere’ y más, Silva fue citado por la Policía, detenido, conducido al juzgado y procesado, todo ello en horas”, añade.
Esa “aceleración” en el juzgamiento “impidió a este defensor poder argumentar con todos los elementos necesarios respecto a Silva ante un expediente de cinco piezas (1.500 hojas) tomando en cuenta que durante la detención judicial se realizaron, en esas horas ante la sede, más de treinta audiencias”, relata.
Esa situación, a juicio del abogado, “privilegia la investigación sobre el sujeto justiciable en clara violación de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa justa, profesional, digna”.
Por otra parte, la apelación también cuestiona la tipificación elegida por el fiscal y por el juez, porque entiende que la conducta de Silva no entra en esa figura penal.
