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El presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Gerardo Amarilla, está preocupado por el rumbo que ha tomado la puesta en manos del Estado del mercado de la marihuana. La escasez de farmacias dispuestas a vender el producto retrasó su implementación, lo que para el diputado es una oportunidad para “revisar el rumbo”.
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A casi tres años de la promulgación de la ley, Amarilla realizó pedidos de informes a diversos ministerios para conocer desde el modelo de negocios hasta los planes educativos para evitar el consumo de drogas.
En un primer pedido presentado semanas atrás, Amarilla solicitó a los ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Salud Pública cuatro respuestas: saber los costos de producción, distribución y la cadena de comercialización del cannabis; cómo inciden en el valor final; si habrá algún subsidio, y qué estudios de precio se han hecho comparando con la región y el mercado ilegal.
Al legislador no le convence que la marihuana vaya a costar U$S 1,17 el gramo, como informaron medios de prensa en el pasado, porque duda que sea un negocio rentable. Su “temor”, según dijo a Búsqueda, es que el Estado “termine subsidiando con fondos públicos la producción y el consumo de marihuana”.
En un segundo pedido, dirigido al Ministerio de Educación y Cultura, el legislador pidió explicaciones ante la falta de programas educativos para prevenir el uso de drogas, previsto en el artículo 10º de la Ley 19.172 que reguló el mercado del cannabis.
“Se está dejando para lo último lo que tendría que estar primero, es decir, la educación”, afirmó Amarilla.
Amarilla, quien se opuso a votar la ley, dijo que “con la presión” de vender marihuana en farmacias se dan “señales muy contradictorias”, porque se comercializa una droga donde se venden “productos buenos para la salud”.