Dentro de 20 años, América Latina puede lograr las condiciones necesarias para alcanzar la libre comercialización de productos de origen agropecuario, tal como sucede en la Unión Europea, opinó en diálogo con Campo el presidente del Instituto Federal para Evaluación de Riesgos de Alemania, Andreas Hensel, quien es la máxima autoridad en seguridad alimentaria en ese país.
Existen buenos motivos para trabajar en esta dirección, incluyendo los económicos, razonó el especialista.
Sin embargo, reconoció que también hay dificultades, y apuntó que muchos países de le región quieren proteger sus mercados, lo que, valoró, “puede ser razonable”.
“Quizás haya determinadas estructuras que vale la pena conservar, y no pueden ser todos iguales en todos los países”, observó. Y luego agregó: “Entonces, puede haber determinados segmentos que no estén impedidos de entrar en el sistema de comercio libre”. Es una cuestión de tiempo y de los fondos que se inviertan, pero, evidentemente, a un país cuya actividad agrícola está basada en pequeñas granjas, no se lo puede exponer de la noche a la mañana en un sistema que funciona a base de enormes empresas agrícolas, advirtió.
De todas maneras, con respecto a los países de América Latina y sus políticas de inocuidad afirmó: “Hay que imaginarse un conjunto de barcos de los cuales algunos van más lentos y otros más rápido, pero en definitiva, todos van hacia el mismo lugar”.
Más allá de la ley
En Alemania, por impulso propio, las empresas industriales crearon un sistema que les autoexige una serie de obligaciones, contó Hensel.
Estos criterios van más allá de los requisitos legales. Se trata de estándares secundarios que responden a la exigencia de las grandes cadenas de supermercados, las cuales quieren definir de antemano los productos que quieren vender, explicó.
Este sistema lleva —entre otras cosas— a establecer cómo se debe tener a los animales, describió el jerarca. También se refiere al uso de pesticidas. Por ejemplo, las grandes cadenas piden a la industria productos que no posean más de tres partes de pesticida, en cantidades mínimas, y como máximo, apuntó.
“Esos son valores que van por debajo de lo que incluso se exige por ley”, insistió el jerarca, para quien, en Uruguay, crear un sistema similar a este es posible. “No conozco a todos los actores, pero, en principio, ¿por qué no?”.
Europa y los transgénicos
“¿Por qué Uruguay tiene tanto miedo de la erosión de los suelos?”, planteó Hensel, un poco en broma, un poco en serio, al ser consultado acerca de la reticencia generalizada de los países europeos en consumir y trabajar con productos transgénicos.
Esta tecnología fue introducida hace 30 años, y cuando la gente se hacía preguntas sobre su aplicación no había respuestas, relató Hensel.
“El tema fue justamente la falta de investigación en temas de seguridad y la falta de comunicación, porque la gente no entendía lo que estaba pasando”, explicó, y precisó que las personas siguen sin saber con exactitud de qué hablan cuando se refieren a productos transgénicos.
Las organizaciones no gubernamentales podían tener eco en este vacío de falta de información del Estado y de las empresas que querían explotar esta tecnología, comentó. Y dijo que, en Europa, si bien el “énfasis” depende de cada país, hay una tendencia de las ONG en adoptar un discurso contra los transgénicos.
No obstante, Hensel reconoció que la objeción contra la tecnología transgénica es muy difusa. “Como la gente no lo entiende, no sabe bien qué es, entonces no lo quiere”, interpretó.
Para Hensel la genética es uno de los medios para integrar, potenciar y desarrollar los cultivos en plantaciones. “Por esto es muy importante, porque de esta manera se puede contribuir a alimentar al mundo”, argumentó. “En realidad, hoy hay tecnología que va mucho más allá que la genética clásica, ya estamos mucho más avanzados”, insistió.
Cooperación
Hensel estuvo en Uruguay a mediados de octubre, invitado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Durante su visita se reunió con jerarcas de esa cartera, con quienes intercambió experiencias sobre su especialidad.
El 23 de julio de este año, el titular del MGAP, Tabaré Aguerre, presentó la creación de la Unidad de Coordinación y Planificación de la Inocuidad Alimentaria (Ucpia), un organismo que coincide con la recomendación de Hensel, para quien es fundamental que la gestión en materia de inocuidad sea llevada a cabo por un instituto con estas características.
Según dijo Aguerre en esa oportunidad, la Ucpia tiene el objetivo de ser una unidad de visión, gestión y construcción de políticas públicas transversales en un marco estratégico de integración pública y privada. Avanzar en la política de inocuidad de los alimentos, adaptar los sistemas de funcionamiento de la cartera a los nuevos requisitos internacionales, aplicar directrices bajo un enfoque preventivo de cadena agroalimentaria, con una lógica de análisis de inspección basada en el riesgo, están dentro de la función de la Ucpia.
Esta dependencia del MGAP también está en sintonía como una recomendación que expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) realizaron en octubre de 2013, luego de una misión especial.
En esa oportunidad los representantes de la FAO aseguraron que Uruguay ya era un ejemplo regional en la calidad de alimentos que exportaba, como el caso de carne y leche, pero que necesitaba afinar el sistema de gestión en materia de inocuidad, especialmente para el consumo interno.
