En la zona roja o de acceso restringido de la refinería de La Teja hay ruido a metal, suena el pitido de un ascensor de obra y se ve a obreros con cascos y mamelucos de distintos colores que van y vienen entre los pasillos de una mole de tubos, escaleras y torres que se elevan con el fondo de dos grúas que se salen de escala. El procesamiento de hidrocarburos se detuvo hace meses —la emblemática antorcha “fósforo” no tiene ni el puntero—, pero la actividad de mantenimiento es intensa y lleva un avance cercano al 40%, según las tareas planificadas.
Ante la “parada técnica” de la refinería, Ancap está importando nafta, gasoil y el resto de los combustibles para abastecer la demanda del mercado interno.
En los últimos meses, dado el incremento de los costos de mano de obra, la reducción del plazo para pagar la importación de los productos terminados en comparación a la de crudo y la diferencia entre el precio teórico de importación (el PPI que calcula la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua —Ursea—) y el que se constata en la realidad, la empresa estatal tuvo necesidades de caja extra. Para cubrirlas, debió recurrir a préstamos en el sistema local hasta ahora por unos US$ 200 millones y se prevé que totalicen US$ 350 millones hasta enero, dijo a Búsqueda el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.
A su vez, como el PPI de la Ursea no incluye la ganancia del importador y el cálculo “no es preciso y subestima” el costo que en realidad termina pagando el ente, se proyecta para Ancap una pérdida económica de unos US$ 15 millones o US$ 20 millones en este último trimestre del año, informó el jerarca.
Stipanicic volvió a cuestionar la metodología de ese cálculo y dice que hace tiempo la empresa pública viene señalando la diferencia. Por mes Ancap vende unos 160.000 metros cúbicos de nafta y gasoil, y ahora que hay varias importaciones de producto terminado “se constata incuestionablemente que la Ursea calcula el PPI por debajo de la realidad” para el país, señaló.
Hasta el tercer trimestre, el resultado económico fue prácticamente de equilibrio en el mercado monopólico, ya que tuvo una ganancia de US$ 4 millones. Facturó más de US$ 2.500 millones, informó Ancap a fines de octubre. En esa oportunidad, señaló que los precios reales de importación seguían mostrando una “diferencia considerable” con los cálculos de la Ursea, aun en compras con destino a Terminal del Este, donde el costo por fletes es menor, ya que en el caso de las naftas que llegan a Montevideo deben pagar “alije” (la operación por la que se descarga el combustible que llega en un gran buque a otro de menor calado para que pueda transportarse hasta el muelle de la refinería).
Más allá de un último trimestre malo, se prevé que todo el Grupo Ancap —incluyendo a sus subsidiarias— cierre el 2023 con números positivos. Hasta setiembre acumuló una ganancia de US$ 132 millones.
Préstamos
Por fuera del cálculo “erróneo” de la Ursea, Stipanicic explicó que la principal causa que provoca el incremento en la necesidad de fondos es el cambio en las condiciones de pago de las importaciones: se pasó de abonar a 90 días a los proveedores de crudo a 30 días a aquellos que suministran combustibles. Eso significa unos US$ 240 millones, estimó.
Agregó que pagar a los contratistas que trabajan en la parada técnica demandará al ente erogaciones por US$ 70 millones entre noviembre y abril.
También aumentan la necesidad de capital de trabajo los adelantos de IVA que debe pagar al importar derivados.
Previendo ese incremento de las necesidades de caja durante la parada técnica, Ancap había solicitado autorización al Poder Ejecutivo para endeudarse por un máximo de US$ 300 millones hasta mayo de 2024.
Para ello realiza licitaciones de fondos. La primera fue por el equivalente a US$ 50 millones y se le adjudicó al Banco Santander. Luego, el ente solicitó otros US$ 50 millones dentro de la línea de contingencia autorizada al Banco República (BROU). Y en estos días, el ente adjudicó US$ 60 millones solicitados a esa institución estatal y US$ 40 millones a BBVA.
Adicionalmente, hará un llamado por US$ 150 millones, de los cuales probablemente tomará US$ 50 millones en diciembre y el resto en enero, detalló Stipanicic.
Los plazos de los nuevos pasivos son a un año, dijo, a excepción de la línea del BROU, que son a tres o cuatro meses de plazo, por lo que en enero cancelará los US$ 50 millones iniciales.
En contrapartida, apuntó Stipanicic, pagará otros US$ 30 millones de pasivos: US$ 13 millones correspondientes a CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y US$ 17 millones a un plan de deudas anteriores.
Parada
Más allá de los compromisos financieros que el ente asume con la parada técnica de la refinería, la detención de la producción de uno de los motores de la economía impactará en el Producto Bruto Interno-PBI.
El acondicionamiento —que se realiza cada cuatro o cinco años para intervenir los equipos, que con la refinería en marcha no es posible— inició a media máquina a principios de setiembre y en turno completo desde el 23 de octubre. Hasta la semana pasada se llevaba completado alrededor del 40% del plan de obras y mantenimiento, según el cronograma presentado por Stipanicic y gerentes de la planta el lunes 27 en una recorrida para medios de prensa.
Durante el receso de producción hay muchos frentes de trabajo abiertos a la vez en el predio de 45 hectáreas que ocupa la planta industrial “más compleja de todo el país”, según la describió la gerente de Refinación, Claudia Kalamar. Explicó que si bien la refinería es “chica”, todas las unidades están dispuestas para producir en serie, por lo que si se para una unidad el resto también debe detenerse.
Ahora, gran parte de los equipos se encuentran desarmados para su limpieza, acondicionamiento, reparación o sustitución.
Se prevé que las obras continúen progresando hasta fines de marzo —si no hay muchos días de bajo rendimiento por problemas climáticos o imprevistos de otro tipo— y en los primeros 15 días de abril la operación de refinación vuelva a funcionar “a pleno”.
En esta oportunidad, el costo de la parada es mayor a lo que demanda el mantenimiento habitual porque se están realizando adecuaciones tecnológicas y cambios extras con el personal propio de Ancap y el de empresas contratistas (metalúrgicas, de montaje y de construcción sobre todo). En total, serán unos US$ 79 millones: US$ 67 millones por tareas contratadas, US$ 5 millones para materiales no incluidos en los contratos y US$ 7 millones en horas extra del personal del ente. Hay 470 funcionarios directamente involucrados en la parada y otros 1.000 trabajadores de tareas tercerizadas.
Entre el mantenimiento habitual se encuentra la intervención de una treintena de torres de destilación, cinco calderas, dos esferas de supergás, las dos antorchas de la planta, 12 subestaciones eléctricas de potencia, la intervención y reparación de seis hornos, una decena de reactores, etcétera.
Entre las modificaciones tecnológicas extraordinarias, se estarán cambiando tres torres de destilación (de más de 20 toneladas de peso), un precalentador de aire de 69 toneladas y la instalación de 17 bombas nuevas de 10 hasta 150 caballos de fuerza. Además, se está reconstruyendo la chimenea del incinerador de más de 30 metros de alto y se comenzó la adecuación tecnológica del “cracking catalítico”, que se encuentra en el área denominada “topping”, por donde entra el petróleo.
En la mañana del martes 28 se realizó una de las maniobras más planificadas antes de la parada: el cambio del “casquete” superior del cracking, que está a unos 45 metros de altura. El equipo original estaba en funcionamiento desde 1996; su remoción permitirá alargar la vida útil del “corazón” de la refinería por otros 30 años.
Si bien el paro de mantenimiento no aumentará la capacidad de refinar los 8 millones de litros de crudo por día en La Teja, mejorará la eficiencia de los procesos (el perfil de la canasta de derivados tendrá mayor calidad) y permitirá reducir emisiones.
