Para el director por el Frente Amplio en Ancap, Vicente Iglesias, ese ente “está poniendo la sangre” y el “sacrificio” con el propósito de tener los procesos internos adecuados, de modo que los costos de producción de los combustibles sean “razonables” para los uruguayos. Sin embargo, según él, el precio que el consumidor paga en el surtidor no lo es.
Iglesias considera que el sistema de fijación de precios establecido por el actual Poder Ejecutivo ha implicado “únicamente” ajustes para Ancap y no al resto de los actores que intervienen en la cadena, tanto del sector privado, como del público y, en especial, al Ministerio de Economía, que “continúa recaudando” con el Imesi que grava los combustibles. “Yo, Ancap, ya hice lo que tenía que hacer. Ancap está poniendo la sangre ya, ¿qué pasa con el resto?”, declaró a Búsqueda.
Argumentó que el ente no es el único actor en la cadena de los combustibles. Según dijo, Ancap solo incide en $ 40 de cada litro de nafta, y “donde más del 80% depende del costo del crudo, que no maneja. Hay $ 40 que están del otro lado y el mayor interviniente ahí se llama Poder Ejecutivo”, por los impuestos.
El jerarca frenteamplista criticó que el gobierno y la refinadora estatal “sigan aferrados” a una metodología que “falla” porque está basada en el “paradigma falso” de querer vender al precio de paridad de importación (PPI) que “no corresponde para una empresa pública que es de los uruguayos, que no se debería enriquecer a costa de sus dueños”.
Sin embargo, desde el gobierno defienden el nuevo esquema para la fijación de tarifas de los combustibles por considerarlo más transparente que el anterior y que evita un uso fiscalista de los ajustes. El subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, consideró que el sistema “sería muy exitoso” si el valor del crudo —que osciló por encima de los US$ 110 el barril en los últimos días— se “derrumbara, como le tocó al Frente Amplio en muchos años” de su mandato (Búsqueda Nº 2.178).
“Fracaso”
Para Iglesias, que el precio de la nafta esté en “dos dólares por litro” es histórico, aunque no es la primera vez que el barril de petróleo supera los US$ 100. Alegó que durante los tres períodos de gobierno del Frente Amplio hubo “15 ajustes a la baja” en la tarifa y que transcurrida la mitad del actual período el precio de la nafta Súper acumula un aumento de 47%. Eso, señaló, es más “que en cualquiera de los períodos completos” de su partido.
“Uruguay supo tener entre el 2010 y fines de 2014 valores de petróleo que rondaban entre US$ 100 y US$ 120, pero hay una cosa que no pasaba: la nafta no valía dos dólares el litro”, contestó. Eso, para el director de la oposición en Ancap, es una “prueba” de que el actual sistema “fracasó”.
Otra “prueba”, presagió, se verá en los próximos días cuando se empiece a hablar sobre cuál será el ajuste para julio. “Habrá quienes digan que hay que subir (los precios), otros dirán de subir muchísimo y otros que hay que mantenerlos… Y va a venir el presidente de la República y va a quedar como el bueno de la película al decir: ‘Ni lo tuyo, ni lo de él. Vamos por el medio, para ir amortiguando’”. Eso —agregó— cuando “en realidad se prometió una regla transparente, que no lo es, porque tiene la debilidad de no tomar en cuenta la principal fortaleza de Uruguay, que es contar con la refinería que posibilita abaratar el precio para el mercado interno”.
Argumentó que hoy refinar un barril de petróleo cuesta entre US$ 9 y US$ 10, lo que sumado al precio del crudo (de unos US$ 115) se llega a un costo promedio de producción de US$ 125 para toda la canasta de derivados, mientras el promedio de la importación es “muchísimo más”. Para el jerarca, se está “pagando más de lo que le sale (a Ancap) refinar, producir, transportar y ganar”.
A juicio de Iglesias, eso explica por qué el ente tuvo utilidades por US$ 72 millones en el primer trimestre, una cifra que si se “extrapola linealmente, podría llegar a fin de año a US$ 280 millones de ganancias, en un negocio donde el Estado saca los dividendos de antemano vía impositiva, vía Imesi, vía IVA, que es una montaña de dinero”. E insistió: “Aparecen las ganancias que aparecen porque hay una regla que ha fallado, porque el mecanismo de fijación de precios no se ajusta a la realidad al no tomar en consideración el principal valor que tenemos. En enero-marzo producir el gasoil costó $ 26 por litro e importarlo costó $ 35. Ahí está el valor de la refinería, que es la espalda de Ancap”.
Otra cosa por la que el “modelo fracasó”, en opinión del director de la oposición, es que los “expertos que inventaron el nuevo marco de regulación” no previeron que pudiera existir un “desacople” entre el precio de los derivados y el del petróleo. “Los derivados empezaron a subir más de lo que sube el crudo, eso nadie lo tenía pensado, si bien es algo que los uruguayos conocemos, porque es algo que pasa con los precios de la carne”, comentó. Al gobierno le “apareció un cisne negro”, dijo, porque se dan esas condiciones que, según él, nadie visualizó.
Consultado sobre cuánto más, a su juicio, el consumidor estaría pagando por un litro de combustible debido a la aplicación del actual sistema de tarifas, Iglesias prefirió no decir una cifra. Reafirmó que el precio actual “se podría mantener hasta fin de año”, lo que, a su entender, “sería mucho mejor para los uruguayos que andar todos los meses viendo cuánto va a subir”. Y prosiguió: “El precio al consumidor no es razonable, el costo (de producir combustible) sí, porque hay otros componentes del precio. Ancap, como Estado, ha hecho el sacrificio, no puedo decir lo mismo del resto. La otra parte del Estado que está en el precio —los impuestos— ha subido. Y en la situación actual en que los precios de los commodities son altos, el Estado también recauda por IRAE, por IVA... Entonces, renunciar de un lado para usar del otro sería equilibrar la balanza. Si podés regular y hacer que baje el Imesi y no trasladar (un aumento de precios) en este momento en que hay desempleo, donde el costo de vida se disparó y el salario no acompañó... Lo mejor es que se hubiera decidido previsibilidad y estabilidad del precio hasta fin de año”.
Por eso, Iglesias volvió a reclamar una “mesa de diálogo” entre todos los actores que participan en la cadena de combustibles líquidos, “incluso los políticos”, para que se establezcan criterios razonables para ajustar las tarifas. También para dotar a Ancap de los “instrumentos financieros necesarios” que darían más previsibilidad a la gestión del ente. “Como no sé cuánto me va a fijar el Poder Ejecutivo el precio de venta, porque esta regla tampoco es previsible, no puedo pensar en otros elementos para estabilizar el precio del crudo que compra Ancap, con un fondo de estabilización, por ejemplo”.
Inversión mínima
El jerarca señaló que la refinería de La Teja “resultó ser excepcionalmente eficiente, otorgándole al gobierno la espalda en su política de precios” y recordó que antes de asumir se “manejaba que era una carga para el país” y hoy lo que sucede es que el “costo de la mala gestión” de la política de combustibles “recae sobre la población y sobre la propia Ancap”. Ello sucede, agregó, en un contexto de “inversiones mínimas” en la empresa pública que ponen “en riesgo la sostenibilidad de la operativa”, ya que se “invierte la sexta parte del promedio anual que se invirtió en los gobiernos del Frente Amplio”.
“La inversión debería ser mayor para aggiornar la refinería al futuro. Hay que poner dinero para ir hacia la biorrefinería, hacer estudios, no es gratis eso. Y con la escasez de personal que tenemos, hay que felicitar a toda la gente por el buen trabajo que están haciendo”, apuntó.
En materia de relaciones laborales, Iglesias también planteó sus discrepancias con “la mayoría del Directorio” de Ancap. “Lo que están haciendo es llevar adelante un modelo de relaciones laborales que no me convence, destruyendo y desconociendo la herramienta de negociación, a través de la denuncia”, dijo, en relación con la conflictividad que se viene registrando con el sindicato.
Los funcionarios de Ancap realizaron el martes 21 y ayer miércoles 22 una protesta frente a la sede del ente, cuestionando diversas decisiones del directorio, en “defensa de los puestos de trabajo” frente al plan de asociación para el área del cemento.
