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Aunque rige desde hace años para ciertos agentes la obligación de denunciar sospechas de lavado ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), la cantidad de reportes fue creciendo, pero de manera irregular. A los jerarcas con competencia en esta temática les preocupa en particular que sean relativamente pocos los que provienen del sector inmobiliario, dado el nivel de riesgo alto que le asignan a este mercado, así como de casinos, de casas de remate o de otras actividades no financieras. El problema, piensan, no está en los bancos, que incluso por sus protocolos internos tienen más incorporados los controles frente a este tipo de delitos.
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El número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de blanqueo de activos y financiamiento del terrorismo presentado durante 2022 ratificó, de algún modo, ese diagnóstico. La cifra total creció a 843, desde los 816 del año previo, y fue un máximo histórico. Sin embargo, la amplia mayoría (776) fueron informes surgidos de los bancos, casas de cambio y otras entidades financieras, mientras que 67 correspondieron al sector no financiero; de todos modos, estos últimos aumentaron cuando se compara con la cantidad inusualmente magra de 2021 (39), analizó Búsqueda a partir de estadísticas informadas por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU —de la cual depende la UIAF— en su memoria anual.
Los ROS son insumos para la investigación de los casos de presunto lavado de activos o financiamiento del terrorismo en el país. La UIAF pide a los sujetos obligados a enviarlos que estos informes sean completos en cuanto a la información que aportan, que sean oportunos, y que deriven de un análisis con suficiente profundidad como para confirmar los elementos inusuales o sospechosos de las transacciones económicas en cuestión.
Evaluación.
En su memoria, la Superintendencia repasó que en 2022 continuó trabajando en la “consolidación interna de los procesos” y que inició actualizaciones de las herramientas tecnológicas para la investigación financiera, la cooperación y el análisis estratégico en materia de combate al lavado de activos.
A su vez, el año pasado participó en una nueva “evaluación nacional de riesgos”, que es liderada por la llamada “Secretaría Antilavado”. Esa tarea continuará en 2023 y culminará con la elaboración de un documento con conclusiones y actualizaciones a la Estrategia Nacional orientadas a mitigar los riesgos.