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La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, cuestionó la decisión del gobierno uruguayo de abrir una oficina comercial en Jerusalén y reclamó a las autoridades que dejen sin efecto la iniciativa.
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“Espero que Uruguay reconsidere esta decisión, porque no solamente es poco sabia y no solamente es poco ética, sino que directamente es ilegal”, declaró Albanese durante una actividad organizada el 21 de agosto en la Universidad de la República. El evento, titulado La situación en Palestina, contó con el respaldo, entre otros, de la universidad estatal, de la Unesco y del área de la ONU dedicada a las relatorías especiales.
El presidente Luis Lacalle Pou resolvió abrir una oficina en Jerusalén más de un año atrás, una decisión que ratificó la semana pasada en una reunión que mantuvo con el ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen. “En los encuentros se acordó que próximamente, Uruguay inaugurará una oficina diplomática para la cooperación en el ámbito de la innovación, en Jerusalén, la capital de Israel”, dice el comunicado emitido por el ministerio israelí el miércoles 16.
Durante la actividad de la semana pasada en la Universidad de la República, Albanese dijo respecto de la idea uruguaya que “Jerusalén Oriental es considerada por el propio Israel como un anexo, y esto es algo tan ilegal que no se puede apoyar o validar” y que “cada acto de Israel para poder cambiar el status o la demografía de Jerusalén hoy se encuentra en un punto en el que abrir algo como una embajada, o como lo que hizo Estados Unidos, es extremadamente peligroso”.
Albanese insistió en que “es extremadamente peligroso” avalar ese tipo de acciones, porque “la función del derecho internacional” es proteger a todos frente a los intentos de un Estado de “anexar otros territorios mediante el uso de la fuerza”.
La relatoría especial que ocupa Albanese fue creada en 1993 por el Comité de Derechos Humanos para “seguir e informar sobre la situación” en la zona. En su último informe, por ejemplo, Albanese comparó la situación en los “territorios ocupados” con una prisión a cielo abierto.
El gobierno de Israel es muy crítico con la figura creada en la ONU y también con los informes que ha publicado, a los que considera parte de una “persecución” que vive su país en ese organismo.
Consultada por Búsqueda acerca de qué normas estaría violando Uruguay si procede con la apertura de la oficina comercial, la relatora dijo que quería enfatizar que es “absolutamente inadmisible” el plan del gobierno de Lacalle Pou desde el punto de vista del derecho internacional. Este movimiento diplomático “sería respaldar una situación ilegal (la anexión de Jerusalén)”.
Albanese sostuvo que Jerusalén tiene un estatus especial por decisión de la ONU. Recordó que el Consejo de Seguridad, siguiendo resoluciones previas de la organización, ha solicitado a los Estados miembro que eviten “reconocer cualquier ejercicio de soberanía de Israel sobre Jerusalén, incluido el establecimiento de relaciones diplomáticas”. Si Uruguay abre una oficina en esa ciudad, implicaría “reconocer la soberanía de Israel” sobre ella y, por lo tanto, el país se convertiría en “cómplice de un error grave, totalmente contrario al derecho internacional”.
Uruguay tuvo un papel importante en la resolución aprobada en 1947 que implicaba la creación de dos Estados. Albanese dijo que la posición de los países “ha evolucionado” mucho. Cuestionó que “los nuevos acontecimientos en el enfoque” de los gobiernos del “sur global” respecto a la “cuestión de Palestina y la política exterior en general” revelan “una creciente aquiescencia y colaboración con las antiguas potencias imperiales”. Al respecto, añadió: “Esto continúa influyendo en las relaciones económicas y políticas internacionales y, además, es una tendencia peligrosa que requiere una alianza para contrarrestar estas políticas de control mediante la imposición de relaciones económicas jerárquicas”.
