El año pasado el diputado Eduardo Lust presentó un proyecto de ley que propone transferir las competencias relacionadas con el control, el manejo y el cuidado del monte indígena o bosque nativo y los palmares al Ministerio de Ambiente, una responsabilidad que hoy recae sobre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Desde entonces, un tema poco habitual en la agenda política se volvió un punto de controversia entre dos carteras lideradas por el sector Ciudadanos del Partido Colorado.
Los cortocircuitos y las posiciones encontradas causaron, entre otras cosas, que la cámara otorgara 30 días más de plazo para la discusión parlamentaria, que estaba prevista para fines de este mes. Durante la última sesión de la Comisión Especial de Competencias sobre el Monte Nativo en julio, todos los partidos votaron para extender el plazo hasta el 31 de agosto.
Con eso se busca que el representante del Partido Colorado pueda “resolver algunos problemas internos” entre los ministros para poder votar el proyecto por unanimidad en la comisión, comentó Lust a Búsqueda. Además, esto permitirá escuchar las posturas de los sindicatos de ambas carteras, que comparecerán ante el Parlamento el próximo martes 1º de agosto.
Rinaldo Rossi, representante de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama), dijo a Búsqueda que el gremio no definió una postura. De todas maneras, sostuvo que “habría que diferenciar lo que es transferir conceptualmente las competencias de bosque nativo de lo que sería la instrumentación”.
“Pasar las competencias al Ministerio de Ambiente es algo que se viene hablando hace mucho tiempo y parecería lógico ir en ese camino, tratando de evitar la dispersión de competencias ambientales en tantos lugares”, opinó Rossi. Sin embargo, indicó que prevén reunirse con representantes de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (Afgap) antes de la comparecencia al Parlamento para conocer su posición, algo que hasta ahora no hicieron.
“Nos interesa que si esto sale sea por consenso y que ningún trabajador salga perjudicado ni en su carrera funcional ni en su remuneración”, agregó Rossi.
Para el dirigente, “resulta evidente” que asumir nuevas competencias sin reforzar los recursos humanos y materiales no tiene mucha lógica. En su opinión, el Ministerio de Ambiente “ya tiene una estructura bastante débil, que tampoco fue reforzada con todo lo necesario en esta Rendición de Cuentas”. Por eso, manifestó que les preocupa especialmente la eventual instrumentación del cambio.
Afgap tiene una visión más crítica del proyecto. Según dijo a Búsqueda la secretaria general del sindicato, Cecilia Pombo, desde un principio la iniciativa les “llamó mucho la atención”, debido a que dentro de la unidad ejecutora, que es la Dirección General Forestal, “no hay ninguna unidad organizativa que se llame monte nativo y palmares”. La gestión de los bosques, tanto cultivados como el monte nativo, se hace en conjunto, comentó.
“Desde el punto de vista estricto de lo que se plantea, que es transferir créditos, personas y puestos de trabajo, eso es prácticamente imposible, porque hoy el mismo técnico, o el mismo administrativo, que trabaja con los montes plantados cultivados por el hombre es el mismo que inspecciona los montes nativos y trabaja sobre ellos”, sostuvo. Es por eso que para Pombo sería “muy difícil operativizar” esa transferencia.
Por otro lado, señaló que el ministerio sufre desde hace varios años una caída “dramática de los recursos humanos”, ya que es una cartera muy “envejecida, en la que no hay casi nuevos ingresos”.
“Todas las unidades organizativas tenemos una escasez de recursos humanos impresionante y pensar en quitar algunos es debilitar aún más”, criticó.
Según la secretaria general, el gremio está totalmente de acuerdo con la protección del monte nativo y los palmares; sin embargo, señaló que si de verdad se busca incorporar personas que velen por el cumplimiento de la ley, es necesario asignarle recursos genuinos al Ministerio de Ambiente para que lo haga. “No saquemos recursos de un ministerio para pasárselo al otro”, opinó.
Pombo también se refirió a uno de los argumentos planteados en la exposición de motivos del proyecto de ley, que refiere al MGAP como un ministerio meramente productivo. Según dijo, la cartera hoy tiene una línea transversal abocada a los recursos naturales que contempla los pastizales, el monte nativo, el campo natural, el recurso suelo y los cursos de agua. “No se puede pensar en que un ministerio productivo como el MGAP desconozca o quite de su agenda el tema de la sostenibilidad, el cuidado y la observancia de los recursos naturales”, planteó.
En su opinión la competencia no debería ser de uno u otro ministerio sino que debe tenderse a una “visión integral” y a un “uso eficiente de los recursos del Estado”.
La dirigente también se refirió a uno de los argumentos más frecuentes planteados por aquellos actores en contra de la iniciativa, como es una potencial burocratización de los procedimientos. En esa línea, opinó que la transferencia de competencias podría “complejizar” los trámites que deban hacer los productores, ya que la “división” que propone el proyecto de ley “duplica la función y el gasto” al generar dos estructuras en paralelo, una abocada a la gestión del bosque nativo y los palmares y otra a otro tipo de ecosistemas.
“Nosotros apostamos a la articulación. Además, creemos que el trasfondo de esto es más una captación de recursos para el fortalecimiento de un ministerio nuevo que una preocupación genuina sobre la preservación de bosque nativo y palmares”, opinó Pombo. Y cerró: “Se apunta más a la chacra que a una política de Estado o ambiental integral”.
Lust afirmó que si bien tanto la Sociedad de Productores de Leche, la Liga Federada del Interior y la Federación Rural del Uruguay se mostraron en contra de la iniciativa durante sus comparecencias, puesto que entienden que desde el MGAP “se viene trabajando bien”, reconocen que Ambiente debe tener más participación porque hay temas que Ganadería no atiende.
“Respecto a que no hay un área específica en el MGAP, eso habla aún más a favor nuestro. Porque en la Dirección General Forestal hay dos funcionarios que casi de onda trabajan con monte nativo, pero hoy el monte nativo lo cuidan más que nada los productores. Y eso es lo que justamente no puede suceder. Igual se van a asignar nuevos recursos”, indicó el diputado.
Lust afirmó que se trata de una iniciativa “bastante inocente” y dijo que cuando se transfirieron otras oficinas al Ministerio de Ambiente desde otras reparticiones del Estado “ningún ministerio perdió presupuesto ni personal”.
Unanimidad
Para Lust, el proyecto, que consta de solo dos artículos, parecía venir “viento en popa”. Sin embargo, en el proceso surgieron algunas “diferencias” que demoraron su aprobación, comentó.
Entre ellas, el diputado explicó a Búsqueda que desde el Frente Amplio, en particular el representante Nelson Larzábal, le sugirió modificar la fecha en la que comenzaría a regir la ley en caso de ser aprobada. El pedido fue compartido por todos los partidos, es así que Lust prevé incorporar un nuevo texto en el que en lugar de comenzar a aplicarse a partir del 1º de enero de 2024, como estaba previsto en un principio, la norma empiece a regir el 1º de enero de 2026, “para que sea el nuevo gobierno quien se encargue de hacer el traspaso”, sostuvo.
Según indicó, el año que viene habrá elecciones nacionales y el nuevo gobierno asumirá en 2025; pero a los seis meses deberán mandar la Ley de Presupuesto, que “ya podría contemplar la infraestructura presupuestal para esta nueva repartición en el Ministerio de Ambiente”.
“Si ponemos que la ley empezará a regir en 2024, igual no lo podría hacer porque al ser una norma de naturaleza presupuestal va a tener que esperar que se vote el Presupuesto”, explicó Lust. Dijo además que desde el Parlamento no tienen “urgencia” en que la cartera de Ambiente maneje el monte nativo.
“Esa modificación se va a incorporar cuando lleguemos a un acuerdo definitivo ahora en agosto”, señaló el diputado. El mismo día de la comparecencia de los sindicatos, el cuerpo tiene previsto sesionar y resolver este tema, ya que el 9 de agosto deben presentar un informe final con el resultado durante la sesión ordinaria para que se vote como “grave y urgente”.
