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Archivan denuncia penal contra el fiscal que investiga crímenes de lesa humanidad
Gilberto Rodríguez consideró que la denuncia de un abogado de militares condenados contra Ricardo Perciballe no muestra “evidencia alguna” que lleve a sostener la “comisión de un delito”
Ricardo Perciballe en Montevideo. Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, Gilberto Rodríguez, resolvió no iniciar una investigación sobre la denuncia contra el fiscal especializado en crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, que había presentado a mediados de diciembre del año pasado el abogado Rafael Ravera, representante de militares retirados condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
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En la denuncia que presentó Ravera a Juan Gómez, mientras este ejercía como fiscal de Corte, cuestionó el actuar de la Justicia en este tema por considerar que lo hace bajo un “relato armado” que centra en la dictadura “la comisión de delitos”. Esto responde, en su opinión, a una “visión hemipléjica” que omite investigar los delitos de grupos como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, en los años previos. El argumento de fondo de Ravera es que tanto Perciballe como algunos jueces están “politizados”, y es esa “ideologización” la que lo lleva a “cuestionar la imparcialidad en el cumplimiento de su deber” de los funcionarios públicos. En ese marco, el denunciante acusa a Perciballe de un “eventual abuso de funciones” y “omisión contumacial de los deberes del cargo”.
El fiscal Rodríguez, tras analizar el planteo de Ravera, estableció en una resolución que “no se cuenta con evidencia probatoria alguna para sostener una imputación penal” contra Perciballe, según el escrito al que accedió Búsqueda. De forma tajante, afirmó: “Mucho menos aún, una prueba que permita al Estado lograr contar con la legítima expectativa que se pueda obtener en un juicio oral, con la razonable certeza y más allá de toda duda razonable, una sentencia de condena contra el denunciado”.
Para Ravera, Perciballe pudo haber incurrido en un presunto delito de abuso de funciones al enviar un mensaje público en una conferencia de prensa, en julio del año pasado, cuando llamó a todos aquellos que pudieran tener información por haber participado de forma “tangencial” en enterramientos, en referencia a soldados que trasladaron detenidos desaparecidos, cavaron pozos o custodiaron lugares, a que den los datos porque estarán exentos de ser acusados de delitos. Tras esa instancia, que consideró la “última carta” para lograr avances en el tema, explicó que son “conductas punibles”, pero su período para adjudicarles una responsabilidad por encubrimiento “se extinguió” y aseguró entonces que “no deben tener temor a ser perseguidos penalmente”.
Sobre este punto, el fiscal Rodríguez consideró que las consideraciones públicas de Perciballe, en el marco de una “política criminal” para investigar delitos de “especial sensibilidad”, no llevan “a sostener la comisión de delito alguno”. También aseguró que el delito de abuso del cargo refiere a cometer “actos arbitrarios” en perjuicio de la Administración o particulares y “no se alcanza a apreciar donde se configura ello”, cuando “los datos están dados en el contexto de una investigación judicial, con control del juez y de la contraparte”.
“El fiscal investiga, solicita y es el juez quien decide, contando con los debidos contralores impugnativos”, afirma en la resolución el titular de la sede de Delitos Económicos y Complejos, y agrega que “las características personales del imputado o del equipo de la fiscalía, no son condiciones relevantes y que deban ser valoradas para la comisión del delito”.
Bajo estas consideraciones, Rodríguez procedió al archivo provisional de la investigación, una determinación que fue emitida este 19 de enero, porque “no encuentra evidencia alguna que le permita sostener la comisión de ilícito penal alguno por parte de Perciballe (...) sin desmedro de las responsabilidades administrativas que no son resorte del suscrito fiscal”.
A partir de ese resultado adverso a sus intereses, Ravera resolvió presentar nuevas pruebas que justifiquen al fiscal analizar la posibilidad de abrir la investigación, según indicó el abogado a Búsqueda, a partir de lo establecido en el artículo Nº 99 del Código del Proceso Penal. Para el abogado, “el problema de fondo es político, desde 1984” y debe discutirse, por lo que su objetivo es “poner sobre la mesa el tema, incluso en un año electoral”.
La denuncia penal es una nueva instancia de reclamo contra la actuación de Perciballe, porque previo a la denuncia, Ravera –junto a otros dos defensores de militares enjuiciados por crímenes de lesa humanidad– ya había pedido a través de un escrito a Gómez que lo apartara del cargo como investigador, una solicitud que fue rechazada por el jerarca del Ministerio Público, según confirmaron fuentes de Fiscalía a Búsqueda a finales de diciembre de 2023.