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El secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, es uno de los dirigentes de la coalición de gobierno que más defiende la reforma jubilatoria propuesta. Cuando Luis Lacalle Pou les presentó el anteproyecto de ley a los líderes partidarios, el expresidente habló de una “necesidad” de cambios “clara” y bromeó: “Vivimos más y vivimos mejor. Si no, dígamelo a mí”.
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El pasado 27 de agosto, cuando la Convención Nacional colorada trató este asunto, Sanguinetti insistió en su “aspiración” de que todos los partidos, incluso el Frente Amplio (FA), voten la reforma. Si bien en líneas generales el PC comparte su contenido, Sanguinetti anunció ante los medios que propondrán “cambios de redacción” al anteproyecto y que se está estudiando la “evolución cuantitativa” de algunas prestaciones previstas.
El secretario general aseguró que se le enviarán los “aportes” del partido a Lacalle Pou por escrito, según anunció en el comité y le dijeron a Búsqueda fuentes partidarias.
En la convención colorada del sábado, el asesor partidario en estos asuntos, Renán Rodríguez, expuso los principales puntos de la reforma e hizo algunas advertencias. Rodríguez fue el representante de Batllistas en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) —que sentó las bases de la reforma— y fue redactor de la última gran ley previsional, en 1995. El experto también estuvo invitado a ser parte de la redacción del actual anteproyecto, pero, según dijo, se negó por “motivos personales”.
Rodríguez reconoció que tiene “el temor de que algunas disposiciones” presentes en el anteproyecto “puedan considerarse inconstitucionales”. En la reforma de 1995 los redactores procuraron “ser extremadamente cuidadosos” en ese sentido y también en que se trata de una ley de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, porque estas no pueden ser anuladas mediante un referéndum. Para eso, la norma debe referir a “causales, cómputos y beneficios jubilatorios” o estar relacionados con algunos de estos temas. Para el especialista, en el texto presentado por el Ejecutivo “puede haber” algunos artículos en los que “se resbala de esos conceptos” y que alguien “puede llegar a impugnar”.
“Algo que siempre me preocupó es la probabilidad de que la ley pueda ser recurrida”, dijo Rodríguez, quien aseguró que el Frente Amplio, el PIT-CNT y “otras fuentes” han expresado la intención de hacerlo. “Hay que ser cuidadosos de que se mantenga en ese ámbito para no correr ningún riesgo”, insistió.
El asesor colorado dijo que el objetivo de esta reforma “es demasiado ambicioso y muy basto”. El anteproyecto tiene 307 artículos, pero faltan incluir algunas instituciones, lo que hará que sean entre 400 y 500, estimó.
“Tal vez por la premura de acortar los plazos, al articulado le faltan un par de peinadas finales. La lectura, y por lo tanto la comprensión, es muy dificultosa e intrincada. Muchas veces es confusa al extremo tal que algunas disposiciones no se entienden”, criticó Rodríguez. “No quiero agraviar a nadie —y no quiero que se me agravien los que han estudiado ciencias económicas—, pero alguien me dijo hace unos días que esto está más redactado por economistas con lenguaje económico que por quienes manejan el lenguaje jurídico. Y puede ser. Uno se encuentra con que hay muchas manos que han redactado distintas partes del articulado, al extremo de que se repiten los mismos conceptos y los mismos contenidos en distintas partes. Habría que peinar y asentar”, agregó.
Rodríguez hizo una tercera “puntualización” acerca del anteproyecto. El documento presenta “títulos o capítulos que pueden ser leyes separadas”, que harían “menos dificultosa” su aprobación. Mencionó la creación de una agencia reguladora de la seguridad social que supervise y regule el sistema —algo “positivo” de la propuesta— como un ejemplo de aspectos que pueden ir como proyecto aparte, porque ese futuro organismo “no va a entrar a funcionar efectivamente de inmediato”.
Plazos “extensos”
Para justificar la necesidad de una reforma jubilatoria, Rodríguez recordó opiniones “valiosas” que expresaron jerarcas de los gobiernos del FA. El exministro de Economía frentista Danilo Astori dijo: “El 2020 debe ser el año de la reforma de la seguridad social”. “Yo creo que tenía razón: era el 2020” el año de la reforma, acotó el asesor colorado. En su opinión, estas modificaciones deben ser encaradas al “principio” del período de gobierno, como sucedió con la reforma que entró a regir en 1996, el segundo año de mandato de Sanguinetti. El proyecto de ley se había enviado en junio de 1995 al Parlamento y fue promulgado en setiembre.
Hacer la reforma en 2022 es “demasiado” tarde. Cuanto antes se apruebe la ley, “mayor va a ser el período de transición”, con medidas “menos duras” en lo inmediato. “Esa es la razón por la que hay que tratar sí o sí de hacerla” ahora, aconsejó.
Rodríguez recordó que el FA designó sus representantes en la CESS recién tras las elecciones departamentales de 2020. Después, ese grupo asesor tuvo reuniones con organismos multilaterales y autoridades de los regímenes sueco, portugués y español. “Los españoles aparecían por todos lados, a pesar de que nunca le pudieron poner el mango a la sartén. A ellos les gusta dar consejos a todo el mundo”, dijo en su disertación. Algunas de esas actividades “no valieron la pena”, lamentó, aunque reconoció que “había que tenerlas” para no “evadir fuentes de conocimiento”.
Pese a estos comentarios críticos, el asesor colorado destacó varios puntos de la reforma jubilatoria propuesta. La justificó basándose en que la población cada vez vive más y que se registra una “acelerada baja de la tasa de fecundidad” (la cantidad promedio de hijos por mujer), lo que deriva en que haya “menos jóvenes para solventar las jubilaciones”.
Rodríguez elogió que se “mantiene un sistema multipilar” —con un régimen de reparto entre generaciones y otro de ahorro obligatorio, administrado por las AFAP— e incorpora uno de “suplemento solidario” con financiamiento fiscal que beneficia a las personas “de más bajos ingresos”. Los que ganan más “tienen muchos caminos voluntarios para reforzar su retiro”, dijo, aunque manifestó preocupación por “mejorar” la situación de quienes están en el pelotón del “medio”. Para buscar alternativas, sostuvo que le pidió información al Banco de Previsión Social (BPS).
El experto colorado destacó que en la propuesta se desarrolla el “principio de igualdad” al proponer que todos los sistemas (el BPS, las tres cajas paraestatales y los servicios militares y policiales) converjan en uno único, que no plantea cambios para los actuales jubilados, que garantiza un “ingreso mínimo” a partir de los 71 años y que el aumento de la edad mínima de retiro sea gradual. También dijo que hay un “enfoque de género”, algo que “está muy de moda, que puede ser justificado”.
El aviso en 2015 y las cajas
La reforma que redactó Rodríguez en 1995 “dejó las cosas bastante arregladas”, pero la flexibilización de las condiciones para la jubilación del 2008 y “otras leyes” de 2013 y 2014 “echaron a perder la sostenibilidad” del sistema, opinó.
“Los tiempos se anticiparon porque las cosas no se hicieron bien”, agregó, y puso otro ejemplo: el de la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU). Este instituto paraestatal tuvo su reforma en 2004, pero su directorio resolvió “beneficios extraordinarios” para sus afiliados, que hicieron perder cinco años de sus reservas. “Creo que los profesionales sinceramente no están enterados de esto. Les va a parecer una ley que es para perjudicarlos, sin comprender que hubo una mala administración” de su caja, opinó.
En 2015 Rodríguez integró una “comisión consultiva” creada por el Directorio de la CJPPU en la que planteó que “cumplan con la ley” y que “suban la edad de jubilación a los 65 años”. Según recordó, en ese ámbito les dijo a las autoridades: “Si no (lo hacen), van a terminar en el BPS”. Sin embargo, los gremios de profesionales que integraban la comisión “no querían saber nada” con esas medidas.
Rodríguez también criticó a las autoridades de la Caja Bancaria, otro organismo paraestatal con resultados operativos negativos. El asesor del PC dijo que las autoridades de ese instituto hacen “números con los que se engañan a sí mismos”.