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De a poco, mientras supera algunas limitaciones de recursos que enfrenta, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) extenderá el requisito de que las empresas le presenten sus estados contables.
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Esa exigencia está vigente desde hace años para las sociedades que tienen activos superiores a 30.000 unidades reajustables (UR) —unos U$S 900.000— o ingresos operativos netos anuales mayores a las 100.000 UR —cerca de U$S 3 millones—. Las que efectivamente registran sus balances ante la AIN son unas 3.000 y las que no lo hacen a pesar de estar obligadas, hoy no son sancionadas.
En el gobierno y también en ámbitos comerciales se entiende que ello conspira contra la transparencia.
En el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que entró a estudio del Parlamento a fines de junio se propone que el requisito de inscribir balances ante la AIN será de aplicación dentro de los siguientes 120 días a la finalización del ejercicio económico para las sociedades cuyos “activos o ingresos superen los montos que establezca el Poder Ejecutivo”. Ese tope se fijará desde enero próximo en unidades indexadas en lugar de en UR, dado que el aumento que mostró esa última moneda en los años recientes redujo la cantidad de empresas obligadas a entregar balances, explicó a Búsqueda una fuente oficial.
La anterior Rendición previó como castigo para las empresas omisas en la registración de sus estados contables para los ejercicio posteriores al 1º de enero de 2013, que la Dirección General Impositiva (DGI) suspenda la vigencia de los certificados anuales. Sin ese documento no pueden realizar operaciones de comercio exterior, enajenar activos, percibir contraprestaciones de entes públicos o distribuir ganancias entre sus dueños, por ejemplo. Pero ese castigo no está siendo aplicado.
Rangos.
Para la AIN, exigir a todas las empresas obligadas a cumplir con la inscripción de sus estados contables supone un desafío, ya que hoy enfrenta limitaciones de equipamiento y personal que a mediano plazo pretende superar con la informatización de su registro de balances. También prevé suscribir un convenio con Antel para que le dé apoyo técnico y le preste servicios de almacenamiento y en la comunicación con las sociedades.
Como solución transitoria se piensa establecer dos o eventualmente tres rangos que categoricen a las firmas según su nivel de activos e ingresos anuales, para empezar a exigir la presentación de los estados contables desde 2014. La ides es que en esta etapa “determinada cantidad de empresas que facturen hasta cierto monto sí presenten balance y se establezca la sanción en caso de no hacerlo. Las que superen el monto mínimo de eso, tendrían otro plazo” para cumplir con el registro, explicaron las fuentes.
Los rangos todavía están en discusión, si bien es posible que el monto de corte sea el mismo que utiliza la DGI para categorizar a las empresas como grandes contribuyentes, señalaron. Agregaron que habría un “período ventana” para dar plazo a la adecuación.
