Anchorena.
En la estancia presidencial de Anchorena se hizo un seguimiento de auditorías previas referidas a la gestión de los sistemas de producción, y la confiabilidad e integridad de la información financiera y contable.
Además de cambios en la estructura orgánica del establecimiento, la AIN marcó como positivo que se dio cumplimiento a la normativa de trazabilidad del ganado y se mejoraron los controles del rodeo “asegurando la debida oposición de intereses”. Sin embargo, siguen sin implementarse algunas de las recomendaciones hechas en 2012, en particular la que refiere a generar un “adecuado control y monitoreo” de los objetivos en la explotación rural.
Sanidad militar.
Sobre la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas observó que si bien introdujo “cambios estructurales” y mejoró sus sistemas informáticos, “aún mantiene riesgos significativos” en los procesos de facturación y cobro por los servicios.
También constató que está pendiente la suscripción del convenio con el Fondo Nacional de Recursos en el marco del programa de trasplante hepático, lo que expone a la dependencia a que el mismo “sea nulo por incumplimiento” legal.
Residencias.
El proceso para el otorgamiento de las residencias temporarias y definitivas por parte de la Dirección de Migración “presenta demoras sustantivas que determinan ineficiencias” y, además, habilitan la permanencia en el país de personas sin tener certeza de que cumplan con los requisitos par poder hacerlo. Entre otros problemas, se constataron “deficiencias en los registros y ausencia de controles que aseguren la integridad y la veracidad” del estado de los expedientes que permitan su seguimiento.
La dependencia no presentó descargos ni un plan de acción para la implementación de las recomendaciones.
Cancillería.
En el Departamento de Tesorería del Ministerio de Relaciones Exteriores, que entre otros cometidos tiene la recaudación por actividades consulares, tributos provenientes de la venta de automotores y pliegos de licitaciones, existen “debilidades en los controles” por una inadecuada distribución de tareas y responsabilidades, que no permite su ejecución con la debida oposición de intereses”. La oficina presentó un plan de acción para corregir los problemas.
Trazabilidad.
En 2013 se había hecho una auditoría en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), dependiente de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del ramo. La AIN volvió a monitorear el servicio prestado por el principal proveedor del SNIG para su operación y mantenimiento. Constató que se adoptaron algunas de las recomendaciones pero persisten “debilidades” en materia de controles, por ejemplo en seguridad de la información. No recibió descargos ni se presentó un plan de acción para atacar las fallas.
Cadenas de valor.
El programa “Cadenas de valor, motores de crecimiento”, que llevan adelante las direcciones de Recursos Acuáticos (Dinara), Forestal y de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, apunta a desarrollar políticas de especialización productiva en actividades consideradas impulsoras de la economía. La auditoría hecha para 2013 determinó que los indicadores “no son eficientes” para medir su ejecución porque tienen debilidades en la formulación, entre otros aspectos.
En el caso de la Dinara, señaló que la información “se encuentra segmentada, no es íntegra ni está disponible en forma oportuna”. De 11 indicadores se cumplió con cinco.
Las dependencias auditadas no hicieron descargos y tampoco elaboraron un plan de acción.
Dinara.
La AIN también auditó el proceso de compras de la Dinara en 2014, que totalizaron $ 17.805.370 (unos U$S 767.300 calculados al tipo de cambio promedio de dicho año). De ese monto, casi 44% fue en el buque Aldebarán que utiliza para investigaciones científicas, evaluaciones de recursos pesqueros y otras actividades conexas.
Si bien a partir de julio de ese año la Dinara definió un mecanismo de adquisiciones que mejoró el proceso, ello resultó insuficiente para “brindar seguridad de que se esté comprando con eficiencia, eficacia y economicidad”. Asimismo, existe concentración de funciones en las compras del Aldebarán, ya que el encargado es quien “determina la necesidad, solicita presupuestos, asesora al ordenador del gasto sobre el proveedor a contratar, y da la conformidad del bien y/o servicio recibido”. Cambiar eso es una de las principales recomendaciones que formularon los auditores “ya que en el 85% de la muestra de compra directa analizada no se solicitaron cotizaciones y, para el aprovisionamiento de víveres, mantenimiento y reparación, no se solicitaron cotizaciones de precios, adjudicándose a los mismos proveedores”.
Sodre.
Al evaluar el control sobre la emisión de cheques, adelantos de fondos, conciliaciones bancarias y rendición de cuentas vigentes a fines de 2014 del Fondo Rotatorio del Sodre (Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos), la AIN halló “debilidades” que pueden exponer al organismo “a riesgos de pérdida de activos, manejo irregular de fondos e incumplimientos normativos”. Hizo siete recomendaciones, como la aplicación de procedimientos de compras que “permitan la selección objetiva de proveedores, contemplando las mejores condiciones” para la administración, además de evaluar la incorporación de “recursos materiales y humanos idóneos para la División Financiero Contable y la capacitación del personal existente”.
Prestadores de salud.
Para cumplir con su tarea, el Departamento de Control de Prestadores del Área de Economía de la Salud aplica cuatro metas asistenciales y en función de eso paga a las instituciones médicas la cuota asociada al Fondo Nacional de Salud. La AIN evaluó tres y concluyó que esa dependencia del Ministerio de Salud Pública (MSP) no implementó controles para asegurar el cumplimiento de dichas metas.
Advirtió que las “debilidades que presentan los indicadores y el proceso de fiscalización impiden asegurar de manera razonable que la información sobre la que se realizan los pagos es íntegra, confiable y de calidad”. También constató “asimetrías” entre prestadores públicos y privados en la evaluación de cumplimiento de metas y la fiscalización, lo que afecta los “principios de igualdad y transparencia que deben regir el tratamiento” del MSP e “impactando en la imagen institucional”.
La oficina auditada presentó descargos que no modificaron las conclusiones de la evaluación, si bien está planificando cambios para adoptar algunas recomendaciones, detalló el informe.
Cáncer.
Una actuación en 2011 había evaluado la gestión de drogas antitumorales por parte del Instituto Nacional del Cáncer y en 2015 se hizo otra para monitorear el cumplimiento de los cambios sugeridos. Para la AIN, “persisten riesgos (…) que aún no han sido mitigados”; por ello insistió en sus recomendaciones “con el fin de no exponer al Banco Nacional de Drogas Antitumorales a pérdidas de activos, errores e incumplimientos legales, entre otros”. Señaló que en ese instituto “faltan controles sobre el proceso de compras” y que no se hicieron los trámites ante MSP para la habilitación del edificio, entre otros problemas.
No se realizaron descargos ni se presentó un plan de acción.
Vivienda.
La auditoría más abarcativa de todas —entre 1994 y 2007— evaluó el destino del Fondo Nacional de Vivienda para pasivos del Banco de Previsión Social, que fue administrado en sus primeros años por el Banco Hipotecario y luego por la Dirección de Vivienda del Ministerio del área. Como los auditores no tuvieron a su alcance registros y documentación suficiente se abstuvieron de opinar sobre si la totalidad de las retenciones realizadas a los jubilados y pensionistas fueron volcadas a dicho fondo, y si las erogaciones con sus recursos se destinaron al propósito previsto.
En la misma repartición se auditó el programa de autoconstrucción de viviendas en terreno privado en los años 2012, 2013 y los primeros cuatro meses de 2014. El Fondo Nacional de Vivienda es la principal fuente de financiamiento; la familia beneficiaria recibe un préstamo de hasta 230.000 unidades indexadas que se libera conforme al avance de obra. La AIN observó que si bien la demanda del programa refleja el interés de la población, las “debilidades detectadas en el proceso, especialmente las demoras en la etapa de preobra, la falta de publicidad de todos los requisitos exigidos así como la ausencia de supervisión y actividades de control afectan la eficiencia de su ejecución y ponen en riesgo la eficacia del mismo”. Había familias postuladas sin cumplir con todos los requisitos, registros informáticos que no reflejaban el estado real de las obras y beneficiarios que no reembolsaban el préstamo, por ejemplo.
Pasteur.
En cuanto al proyecto de investigación, educación y biotecnología aplicada a la salud en el Instituto Pasteur —ejecutado por esta persona jurídica de Derecho Público no estatal con dineros estatales y del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur—, la AIN apuntó que si bien se cumplió con la construcción del “espacio innovación”, el sistema de control interno presenta “debilidades”. Una de las recomendaciones fue “redefinir el proceso de compras y pagos, asignando responsabilidades y actividades de control basado en una adecuada oposición de intereses”.
Los descargos indicando las medidas correctivas adoptadas no modificaron las conclusiones de la auditoría ni constituyen un plan de acción, acotó el informe.
Inefop.
De ocho metas para evaluar la gestión del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) en el ejercicio 2013 se cumplió a cabalidad la referida a la comunicación y, solo a medias otras tres (investigación y evaluación, descentralización territorial e informatización de la gestión). Para las restantes, relacionadas con la cantidad de beneficiarios capacitados, los auditores se abstuvieron de opinar por “no disponer de información confiable”.
Para 2014 se establecieron 10 metas y el balance fue muy similar al del año previo.
Paralelamente, la AIN hizo un seguimiento de las debilidades que había detectado en el sistema de control interno que podrían incidir en el cumplimiento de los futuros compromisos de gestión. La nueva auditoría constató que el Inefop implementó parcialmente sus recomendaciones y que aún restan “aspectos a mejorar que podrían seguir comprometiendo el cumplimiento de sus cometidos, como ser la inserción, reinserción y/o mejora laboral de los beneficiarios, contratación de cursos que no satisfagan la demanda actual del mercado, utilización ineficiente de los recursos financieros asignados a la contratación de cursos”, entre otros.
