El trabajo que se titula Políticas agropecuarias en Uruguay: cuantificación de los apoyos específicos entre 2014-2016 y su vinculación con las emisiones de gases de efecto invernadero fue presentado el lunes 18 en una reunión interna en la sede del BID.
Los técnicos calcularon que los apoyos en servicios generales, que implican transferencias en innovación, infraestructura, investigación, inspección, entre otros asuntos, fueron de unos US$ 200 millones anuales en promedio durante el período estudiado.
En lo que respecta específicamente a gastos en innovación y conocimiento, el monto asciende a US$ 89 millones por año, correspondiente a presupuesto canalizado mediante algunas instituciones, como las facultades estatales de Agronomía y Veterinaria, la Agencia de Investigación e Innovación, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Laboratorio Tecnológico Uruguayo.
Para financiar actividades de inspección de la calidad de los alimentos, de la sanidad animal y de los insumos agropecuarios, el Estado destinó US$ 62 millones anuales.
El gasto en infraestructura referida a proyectos de electrificación y caminería rural, y otros realizados por el Instituto de Colonización en maquinarias, equipos, tierras y mejoras dio un promedio de US$ 44 millones al año.
En tareas de promoción y marketing para aumentar las ventas de productos del agro el monto fue de US$ 4,3 millones anuales, lo que es “relativamente bajo” entre los apoyos generales.
A unos US$ 116 millones por año llegaron los diferentes apoyos otorgados al productor agropecuario entre 2014 y 2016 (mediante asistencia directa 34% o a través de precios 66%), financiados básicamente por el consumidor, de acuerdo al informe.
Indica que el estimado de apoyo al productor representó el 1,9% del Valor Bruto de Producción Agropecuario (VBPA) para el período analizado.
Señala que en el caso de los rubros dedicados al mercado interno, el apoyo vía precios cobró relevancia, mientras que en los productos con una posición exportadora neta no se perciben políticas que distorsionen los precios, siendo más relevantes las asistencias directas.
En cuanto a los sectores de la producción de papas y pollos, el informe indica que la asistencia se concreta en “medidas aplicadas en frontera a partir de la protección interna de las importaciones que derivan en un diferencial positivo de apoyo en precio al productor”.
La asistencia por la vía de los precios en el período estudiado totalizaron US$ 76 millones, de los cuales US$ 38 millones correspondieron al sector avícola y US$ 22 millones al de papas.
Según el estudio, los productos de exportación presentan nulos niveles de apoyos en precios, ya que no se visualizan políticas en frontera que fomenten la exportación o limiten la importación de esos productos y generen un diferencial de precios con el que percibe el productor.
El informe no incluye un análisis o evaluación respecto a la eficiencia de los programas de asistencia para el sector agropecuario, si no que se limita a cuantificar con algunas estimaciones el monto canalizado hacia ciertas actividades.
Limitaciones
Los técnicos de Opypa señalan que el indicador utilizado para el trabajo tiene algunas limitaciones, debido a que “presupone una estructura competitiva en todos los eslabones de la cadena productiva.
En algunos rubros cabría preguntarse si ese apoyo efectivamente es transferido al productor o queda en niveles más elevados de la cadena”.
Los productos que quedan fuera son los de menor peso en el VBPA y a la vez son los que tienen menor inserción externa y que podrían estar más protegidos por medidas en frontera, sostienen.
Entre “subsidios” o “apoyos directos” al agro, mencionan a los concedidos por la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, específicamente en lo que respecta al eslabón de los productores familiares, y el apoyo que realiza la Dirección de la Granja, mediante el uso de recursos que comprenden al fondo sectorial.
Además, se refieren a la compra y entrega de raciones en diferentes operativos con el Fondo Agropecuario de Emergencias y la bonificación en la tarifa de energía eléctrica por parte de UTE. También al Sistema de Identificación y Registro Animal (SIRA) para la trazabilidad ganadera y gastos en asistencia técnica por parte del Instituto Plan Agropecuario, que cuenta con financiación de Rentas Generales.
Ese capítulo suma unos US$ 32,5 millones anuales en promedio para el período 2014-2016.
Otros apoyos se encuentran comprendidos en financiamiento de los institutos públicos agropecuarios, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de la Leche, el Instituto Nacional de Carnes, entre otros. En esa área el gasto llegó a unos US$ 7 millones anuales en promedio para el período en cuestión.
Interrogantes
“¿Los incentivos de las políticas de apoyo están de acuerdo con los objetivos de mitigación del cambio climático?”, plantean los técnicos que elaboraron el informe.
Señalan que las emisiones de los gases de efecto invernadero vinculadas al sector agropecuario representan el 73% del total de emisiones de Uruguay, y de ese porcentaje 93% corresponde a metano y 99% a óxido nitroso.
Hay sectores emisores que reciben apoyo, principalmente el caso de la producción de pollos y en menor medida el cultivo de papas, advierten. Y acotan que otros que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, como la producción de carne vacuna, ovina y lechería, no tienen apoyos por la vía de los precios.
Respecto a la utilización que puede dársele a la información recabada, el informe alude a si la estructura de apoyos es acorde a la agenda agropecuaria del gobierno, la posibilidad de emplear los datos en las negociaciones comerciales en el acceso y la integración de mercados, además de analizar la eficiencia en el gasto público.
Otras interrogantes que plantea apuntan a la influencia de los apoyos en la productividad y en la competitividad de los sectores.
Si bien el agro uruguayo se lleva el mayor porcentaje (69%) de los apoyos generales, al comparar con lo que sucede en otros países de América Latina y el Caribe, Uruguay figura en el penúltimo lugar analizando la participación que tienen esas asistencias en el total de los ingresos de los productores. Solo un 1,2% de los ingresos corresponde a apoyos de las políticas agropecuarias. El más bajo es Argentina con un resultado negativo de –23%, en Brasil es de 3,8%, en Paraguay es de 2,2% y en Chile es de 3%. En países como México, Estados Unidos y Canadá entre el 9% y el 10% de los ingresos de los productores corresponde a apoyos públicos.
De cada 100 unidades monetarias de ingresos brutos que reciben los productores, 1,9 provienen de transferencias desde el Estado o los consumidores, según el informe. Compara que en las naciones más desarrolladas, como las que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esa participación es de 16 cada 100 unidades monetarias.
Al medir la asistencia pública al agro sobre el Producto Bruto Interno, en el caso de Uruguay alcanza el 0,6%, en Argentina es de -2,1%, en Brasil es de 0,5%, en Paraguay es de 0,9% y en Chile es de 0,3%.
Los técnicos marcan algunas diferencias entre países de la OCDE: los apoyos en servicios generales se ubicaron por encima de 75% en Nueva Zelanda y más de 50% en Australia y Chile, en tanto que Estados Unidos tiene una estructura de apoyos fuertemente basada en dar soporte a los consumidores de productos agropecuarios (47% de los apoyos brindados en ese país).
