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Los lunes son los días de la semana en que los funcionarios públicos solicitan más certificaciones médicas. A su vez, la cantidad de licencias por enfermedad aumentan entre aquellos de mayor edad. Otra constatación que se repite casi todos los años es que el Ministerio de Salud Pública sobresale por la proporción de personal que falta por razones médicas (83%), aunque durante 2022 siete de cada 10 se certificaron en las carteras de Vivienda y Economía; el nivel de ausentismo por problemas de salud es similar en el Poder Judicial y en la Fiscalía General de la Nación.
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La Ley de Presupuesto vigente (19.924) obligó a todos los organismos del Presupuesto Nacional, los entes autónomos y los servicios descentralizados a presentar a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y a la Asamblea General información con fines estadísticos sobre la cantidad de funcionarios que pidieron licencia por enfermedad o ante accidente laboral, la cantidad de días certificados, así como los meses o días de la semana en que se realizan solicitudes de licencia por esos motivos. A partir de ese relevamiento, la ONSC contabilizó para el año pasado 1.143.873 días de certificaciones en la administración central (los incisos del Poder Ejecutivo), un aumento frente a las 1.050.204 de 2021; también se incrementaron en los organismos del artículo 220 de la Constitución (de 75.839 a 91.155) y del 221 (de 17.016 a 22.395).
Las faltas debidas a problemas de salud fueron planteadas días atrás por autoridades del Poder Ejecutivo como un asunto a corregir en algunos organismos como forma de lograr eficiencias y obtener los recursos adicionales que están demandando del proyecto de Rendición de Cuentas. El régimen “no puede prestarse” para “un abuso”, dijo en Radio Carve la ministra de Economía.
Según el informe de certificaciones elaborado por la ONSC, el año pasado se certificaron al menos un día 18.188 funcionarios (67% de la plantilla total) de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), 16.247 (48%) del Ministerio del Interior y 53.246 (57%) de la Administración Nacional de Educación Pública. Pero los porcentajes fueron más altos en Salud Pública (83%), Vivienda (77%), Presidencia (70%) y Economía (71%).
Mediante un decreto publicado el lunes 4, el Consejo de Ministros reglamentó una ley del año pasado que reformó el régimen de licencia remunerada por enfermedad de los funcionarios del Poder Ejecutivo (salvo los del servicio exterior en misión en el extranjero), el Poder Judicial (excepto los magistrados y defensores públicos), el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los servicios descentralizados (salvo el escalafón N de la Fiscalía General de la Nación). El nuevo régimen —que es opcional para otras áreas del Estado— da derecho a un máximo de nueve días hábiles al año de licencia remunerada para cubrir períodos de inasistencia por problemas de salud o accidente; los funcionarios tendrán derecho al subsidio por enfermedad —equivalente al 75% o al 100% de su salario, según corresponda— a partir del décimo día de falta. El decreto estableció que el usufructo de los días de licencia remunerada por enfermedad bajo este nuevo régimen computará desde el 1° de enero de 2023.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) anunció que presentará un recurso administrativo y de inconstitucionalidad contra el decreto reglamentario. Alegó que la modificación fue inconsulta y que rebaja en 25% el salario.
Relevamiento
La ONSC define el ausentismo de causa médica como el período de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo (de las que se exceptúa la derivada del embarazo normal). Se trata de un fenómeno con una magnitud “muy importante en muchos países y también en Uruguay”, con altos costos en la productividad y en la calidad de los servicios públicos, señala como contexto.
Las cifras de faltas por enfermedad se derivan de la información de gestión surgida del sistema SGH 2.0 Presentismo o de planillas electrónicas entregadas (en el caso del Ministerio de Defensa y de los organismos de los artículos 220 y 221).
Considerando todos los incisos y demás organismos relevados, el porcentaje global de funcionarios que estuvo certificado al menos una vez se incrementó de 45,8% en 2021 a 55,9% en 2022. La ONSC aclara que 2020 y 2021 fueron años “especiales debido a la pandemia de Covid-19, tanto en la forma del ejercicio de las funciones (teletrabajo o presencialidad) como en su impacto en la salud de los trabajadores; por tanto, fue heterogénea la forma en que afectó a los diferentes organismos, pudiendo aumentar o disminuir sus licencias médicas”. La oficina intentó relevar las faltas por Covid, pero la información que obtuvo fue incompleta y no logró contar con datos consistentes.
Si se considera el total de días del año pasado del conjunto de los vínculos laborales de la administración central y los organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución, el 4,74% fue de certificación. El promedio de días con licencia médica por funcionario fue de 30,96; eso significó una disminución de casi cuatro días respecto a 2021.
La mayor cantidad de solicitudes por día de la semana tuvo lugar los lunes (23%), una realidad que se constató en todos los incisos. A su vez, mayo fue el mes de 2022 en el que hubo un mayor crecimiento.
Las mujeres utilizaron más que los hombres las licencias por enfermedad y lo hicieron por más días en promedio, superando a ellos en casi 19 jornadas. Por grupo de edades, los que tuvieron más proporción de certificaciones en 2002 fueron los mayores de 59 años.
Accidentados
El informe también recopiló estadísticas sobre las certificaciones por accidentes laborales en 2022: involucraron a 841 funcionarios con casi 24 días en promedio, cifras en ambos casos más altas que las del año anterior.
En el Poder Ejecutivo, solo tuvieron personal accidentado los ministerios de Defensa (68) y de Transporte (32). Esas cifras fueron superadas en UTE (133), la Universidad de la Repúblicas (115), OSE (93), ASSE (84) y el Instituto del Niño y el Adolescente (70).
