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A comienzos del año pasado, cuando la pandemia se expandía por todo el mundo, Interpol comenzó a recibir informes sobre la proliferación de conductores de moto que en supuestos repartos de comida transportaban cocaína, marihuana, ketamina y éxtasis. España, Irlanda, Malasia y el Reino Unido reportaron varios casos de deliveries de droga, lo que obligó a la agencia internacional a emitir una notificación púrpura en la que alertaba a sus 194 países miembro de este nuevo modus operandi. La notificación proporcionaba información sobre objetos, dispositivos y métodos de ocultación utilizados por los delincuentes, y concluía que las restricciones de circulación y las cuarentenas eran aprovechadas por los traficantes ante el “aumento drástico” en la demanda de alimentos entregados a domicilio.
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En junio de este año, con un panorama mucho más claro sobre el impacto del Covid-19 en el comercio de drogas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó un informe sobre la venta vía la darkweb (Internet oscura), una porción de la web que oculta las direcciones de IP y es inaccesible para los motores de búsqueda y los navegadores tradicionales. “Varias fuentes han encontrado que las personas que consumen drogas hicieron un mayor uso de los mercados en la Internet oscura durante los bloqueos pandémicos”, afirmó el documento. Aunque añadió que la darkweb representaba una “pequeña fracción” del volumen global de ventas del narcotráfico, el informe calculó en alrededor de US$ 315 millones las ventas anuales de las principales plataformas de venta de droga de la Internet oscura, como Hydra, y pujantes modelos de negocio en Alemania, China, Nueva Zelanda, Rumania, Rusia y Tailandia, entre otros países.
Uruguay, sin embargo, se mantuvo en todo este tiempo ajeno a las modificaciones generadas por la pandemia. Concluidos casi dos años de convivencia con el Covid-19, el esquema local de comercialización de estupefacientes permaneció incambiado. Según fuentes policiales consultadas por Búsqueda, el microtráfico continúa desarrollándose por bocas de venta diseminadas en las principales ciudades del país y controladas por pequeños grupos, a menudo familiares y con facilidad para intercambiar liderazgos, que se disputan el control de barrios o sectores de barrios. “En Uruguay el contexto no ha variado mucho”, señaló un jerarca policial.
Respecto al comercio por Internet, la Policía monitorea la venta vía redes sociales y detectó un aumento de la oferta de sustancia vegetal en Facebook e Instagram, generalmente por vendedores particulares y con cantidades pequeñas. Pero, en cuanto a la darkweb, los registros de denuncias y de casos son prácticamente nulos.
Con el reparto de motos la situación es diferente. La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas investigó distintos hechos, el más sonado fue el de una organización que se dedicaba al suministro de pasta base, cocaína y marihuana bajo la modalidad de delivery. En mayo de 2020 la Policía allanó una vivienda ubicada en Uruguay y Barrios Amorín e incautó drogas, pesos uruguayos, dólares, celulares, balanzas, armas y una moto. Cinco ciudadanos cubanos terminaron detenidos. El supuesto repartidor no entregaba la droga a los consumidores en sus domicilios, sino que la retiraba del proveedor y la llevaba a una boca de venta ubicada en esa zona de Montevideo. Como pantalla tenía una campera y un bolso de PedidosYa, por lo que la Policía consultó a la empresa. PedidosYa dijo a Búsqueda que entre los más de 2.000 repartidores que prestan servicios para la plataforma no han detectado, hasta ahora, situaciones de trabajadores que comercialicen droga.
El hecho determinó que la Policía pusiera más atención al rol de los inmigrantes en el negocio local de estupefacientes. En agosto, luego de que la Unión Europea reabriera sus fronteras a Uruguay, tres procedimientos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco culminaron con tres personas detenidas por intentar viajar a Europa con cocaína. En dos de esos casos se comprobó la participación de un grupo de ciudadanos dominicanos radicados en Uruguay, dijo una de las fuentes.
Uno de los focos de atención policial está puesto en Cordón Norte. Esa zona, junto al Centro, Aguada y Ciudad de la Costa, fueron objeto de una serie de allanamientos realizados en mayo por la Dirección de Drogas donde se detuvieron a dos dominicanos y se identificó “a un grupo delictivo, conformado por personas extranjeras, vinculado a la comercialización de estupefacientes”, según comunicó en marzo el Ministerio del Interior.
El País informó en diciembre que un grupo de 165 vecinos del Cordón envió una carta al diputado del Frente Amplio Nicolás Mesa, de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, para solicitarle una entrevista por la situación del tráfico de drogas. “Hay un diálogo permanente con diversos vecinos del Cordón, del Centro, del Parque Rodó, de Tres Cruces, de las inmediaciones del Palacio Legislativo y también en algunas zonas de Ciudad Vieja. Bocas de droga hay en todo Montevideo, pero estos son puntos donde se empieza a modificar la convivencia y la vida del barrio. Hay quejas de vecinos sobre extranjeros que se han instalado en algunos lugares, que son un grupo pequeño de todos los migrantes que hay en el lugar, que se dedican a drogas, prostitución y a estafas”, señaló a Búsqueda Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
El jerarca indicó que “la idea de la Policía siempre es combatir, pero no es fácil” porque para cerrar una boca de venta se necesita un “aparatoso trabajo” que involucra a Policía con la Fiscalía y requiere de testigos, filmaciones y datos para que el juez dé la orden de allanamiento. “Aún cuando se desarticula una boca, y se han desarticulado muchísimas, muchas veces rápidamente es ocupada por otros para continuar la venta, por lo que se hace necesario tapiar los edificios”, dijo. Esta tarea el ministerio la impulsa mediante un decreto publicado en julio que establece la coordinación de Bomberos con el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y la Intendencia de Montevideo (Búsqueda Nº 2.131).
González añadió que “es desigual la batalla” de la Policía contra los microtraficantes porque están prohibidos los allanamientos nocturnos, una herramienta que el gobierno pretende habilitar modificando la Constitución.