Aunque coinciden en que será imprescindible una reforma de la seguridad social, pocos partidos adelantan cómo la harían

Medidos en pesos constantes (descontada la inflación), los egresos del año pasado crecieron 11% con respecto a 2014, mientras que los ingresos operativos —los que recibe por aportes patronales y personales— se incrementaron 3%. Así, el BPS ha registrado un déficit creciente. En 2014, y por efecto de una ley que permitió desafiliarse de las administradoras de ahorro previsional (AFAP), logró el menor número rojo del período: US$ 57 millones. El año pasado fueron US$ 582 millones y para el presente ejercicio presupuestó un déficit de US$ 700 millones. Eso se cubre con asistencia de Rentas Generales, que también ha ido en aumento.

Las proyecciones demográficas muestran que, en proporción, la población uruguaya irá envejeciendo. Eso quiere decir que habrá menos personas trabajando (y aportando) para financiar las pasividades de los que se retiran. Además, la introducción de tecnología en sustitución de personas en el mercado laboral limitará los ingresos del sistema.

Por otro lado, con los parámetros actuales, una persona se puede jubilar (por causal común) si tiene 30 años de trabajo y 60 de edad. Pero la población vive cada vez más, lo que hace que se alargue el período de retiro durante el cual se le paga la pasividad. Antes la jubilación debía alcanzar para financiar 10 años más de vida, pero en el futuro podría tener que sustentar 30 años.

Reforma

Según consultas realizadas por Búsqueda, en los tres principales partidos políticos se reconoce la necesidad de realizar cambios al sistema de seguridad social en los próximos años, aunque sus planteos al respecto no son necesariamente coincidentes. Algunos también hablan de modificar el pilar de capitalización individual que está en manos de las AFAP.

Aunque el programa del Frente Amplio (FA) para el período 2020 y 2025 apunta a modificar la legislación que sienta las bases del actual sistema de seguridad social, poco dice sobre la forma que tomará. Más bien apunta a crear un “grupo de trabajo asesor” que “revea” algunos parámetros actuales. Uno de ellos es la tasa de reemplazo, es decir lo que la persona cobra durante la etapa pasiva en relación con lo que percibía como salario. El sistema actual fija una tasa mínima de 45%, que asciende a medida que el trabajador retrasa su retiro. Sin embargo, algunos estudios del BPS señalan que este estímulo a postergar la jubilación comienza a decrecer a partir de los 65 años. Para el FA se debe elevar ese porcentaje “atendiendo especialmente las necesidades de la poblacio´n mayor”.

También señala la necesidad de implantar una renta básica única, reinstaurar el aguinaldo para pasivos y modificar el sistema de aumento para los jubilados. El programa agrega que se debe “tender a una reforma que contribuya al reparto de la riqueza, profundizando en el diálogo social”.

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez el FA convocó a un Diálogo Nacional de la Seguridad Social que acordó cambios al sistema. Se flexibilizaron las condiciones para acceder a algunas pasividades (sobre todo aquellas vinculadas a personas de edad avanzada), se bajaron los años de servicio requeridos y las mujeres comenzaron a computar un año de trabajo por cada hijo nacido vivo. Esto elevó la cantidad de personas que lograron jubilarse.

Para el sector de Luis Lacalle Pou, las reformas que en los últimos años se han hecho al sistema han sido “puntuales” y sin verlo “como un todo”, dejando de lado los “elementos psicológicos, demográficos y económicos que están en su base”. Según señaló el asesor del precandidato blanco y exdirector del BPS Hugo Odizzio, la edad de jubilación y la tasa de reemplazo deben analizarse “en un marco global”.

“Los principales desafíos están vinculados a lograr la sustentabilidad futura del sistema, en un contexto de aumento de la expectativa de vida, cambios en el mercado de empleo y una situación compleja respecto al equilibrio de las finanzas públicas”, explicó a Búsqueda. Odizzio aseguró que hay algunos cambios acordados pero prefirió no adelantarlos.

Para Todos, el sector de Lacalle Pou, debe crearse una “comisión de expertos de primer nivel” que diseñe alternativas durante 2019. “La idea es que, en cuanto se conozca el resultado electoral, los partidos puedan iniciar la búsqueda de acuerdos. Lo peor que puede pasar es que un tema tan importante para los uruguayos termine reducido a un intercambio de promesas con sesgo electoralista”, afirmó el asesor.

En agosto del año pasado, Lacalle Pou había declarado a El País que consideraba “evitable” aumentar la edad de jubilación si se estimula la natalidad y se implementan políticas de retiro parcial. Además, adelantó que si es electo presidente eliminará el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que grava ciertas pasividades y cuya recaudación va para el BPS.

Por ahora, solo los colorados parecen ofrecer soluciones concretas al problema de la sustentabilidad del sistema. Los sectores de los precandidatos José Amorín Batlle y de Ernesto Talvi pretenden modificar la tasa de reemplazo de manera de incentivar un retiro postergado.

Julio de Brun, asesor de Amorín, dijo que se apunta a “estirar” el premio que ese parámetro ofrece, de manera de lograr que la edad real de jubilación se sitúe más cerca de los 67 años. Además, estima que se debe volver a los parámetros originales para los mínimos jubilatorios, aumentando el requisito de años de trabajo.

“Hay que enfrentar esta situación para estabilizar nuevamente el gasto en seguridad social, tal como se había logrado con la reforma de 1995. Hay bastante unanimidad en cuanto a que no podemos pasar los próximos años sin una reforma importante en el sistema”, dijo a Búsqueda.

Por su parte, la asesora de Ciudadanos Ana Inés Zerbino planteó establecer una tasa de reemplazo móvil y que se modifique junto con las expectativas de vida de la población. De esa manera, el sector de Talvi entiende que se evita lo “político” de la decisión de aumentar los mínimos jubilatorios. Además, quisieran instalar un retiro flexible.

“Lo principal es que el sistema tenga viabilidad fiscal. La expectativa de vida crece y las relaciones laborales cambian. Ya no están los empleos de por vida en una o dos empresas con relación de dependencia. Se trabaja con más independencia y más volatilidad. Eso hay que contemplarlo”, opinó.

?? Cajas con ajustes

?? Algunos cambios también en las AFAP