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El Poder Ejecutivo formalizó el miércoles 27 la intervención con desplazamiento de autoridades de Casa de Galicia. Durante un plazo máximo de un año, la institución quedará en manos de la doctora Nuria Santana Miquel —que fue directora técnica del Casmu— y la contadora Alicia Rossi Rodríguez, “con amplias facultades de administración y disposición”, dice la resolución aprobada por el gobierno. Ambas percibirán salarios de $ 250.000 y $ 280.000, respectivamente, “con cargo a la institución intervenida”.
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Tanto el presidente Luis Lacalle Pou como el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, resaltaron en la tarde de del miércoles 27 que el objetivo de la intervención es salvar a la institución. Según dijo el presidente en declaraciones recogidas por Canal 12, la otra opción que se manejaba era fusionarla con otra mutualista, pero con la intervención lo que se pretende es que “Casa de Galicia siga siendo Casa de Galicia”, a la vez que “no se pierdan puestos de trabajo”, que no haya un “déficit de la atención” y que la institución pueda organizarse “económicamente y que pueda seguir andando”.
Pocas horas antes, el actual presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, encabezaba una conferencia de prensa en la que cuestionaba el accionar de Salinas y del líder de su partido político, el senador Guido Manini Ríos, y donde pedía al gobierno que no suspenda las elecciones de la próxima directiva de la institución, previstas para el próximo domingo. Así, llamó a lograr una gran votación, y dijo que espera que la lista que respalda la actual dirección, la 100, sea la ganadora: “Tenemos que aparecer con una amplio apoyo, en defensa de la institución, de nuestros derechos, y de nuestra propiedad, que no es solo lo material, sino nuestra vida, que está acá en Casa de Galicia”.
También sostuvo que no podía imaginarse que de existir la ya anunciada intervención se suspendan las elecciones: “Quiero imaginarme que no se va a violar el estatuto de Casa de Galicia”. Pero Salinas aseguró que la decisión final será de las autoridades interventoras.
Situación “crítica”
El fondo del debate responde a la compleja situación financiera que atraviesa la mutualista, cuya actual directiva pretendía solventar mediante un préstamo de un banco privado por 12 millones de dólares. Pero el Ministerio de Salud Pública (MSP) dio su negativa a que se utilice el Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas (IAMC) para acceder al préstamo. En medio del debate se coló la confidencialidad de un informe de dos veedores de la Junta Nacional de Salud, Oscar Pereyra y Luis Fraschini, cuyo contenido fue declarado reservado por las autoridades.
En la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores del martes 26, Iglesias contó que logró acceder al informe de los veedores con autorización del ministerio, pero con la aclaración de que el texto seguía siendo confidencial y de que sería responsable legalmente si llegaba a darle estado público.
El jerarca dijo que a raíz de esas advertencias esperaba un documento con valoraciones “muy graves”, pero lo encontró “inobjetable, profundo y serio”. Así, dijo que “habla de la viabilidad en todo sentido de Casa de Galicia”, y que se tienen en cuenta “los pasos que la institución está diciendo que quiere llevar adelante, con los recursos que Casa de Galicia consiguió”.
El informe, al que accedió Búsqueda, sostiene en su resumen ejecutivo que “dada la crítica situación” que vive Casa de Galicia, la institución presentó a las autoridades nacionales “un Proyecto de Viabilidad que le permitiría lograr solución financiera, reconversión gerencial, modernización institucional con resultados de incremento de ingresos, e importante disminución de egresos, así como recuperarse en el mediano y largo plazo”. Según los veedores, “los supuestos en que se basa, a priori parecen razonables”.
A su vez, un informe de los mismos veedores sobre el proyecto de Casa de Galicia dice que es “sustentable y debería, si se cumplen las iniciativas planteadas, alcanzar los resultados esperados”.
“El escenario actual de Casa de Galicia en el aspecto económico-financiero es muy delicado, y a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando por la empresa, para mejorar ingresos y estructurar gastos, se requiere una rápida inyección de fondos que aporte un mínimo de capital de trabajo para posibilitar el funcionamiento”, dice el resumen ejecutivo.
Pero los veedores también sostienen que la situación financiera de la institución es crítica desde hace más de 30 años, “producto de una inadecuada gestión, pérdida de asociados, falta de reestructuración organizacional y obsolescencia de su planta física y tecnológica”.
A su vez, se valora que la aplicación de los fondos del fideicomiso financiero aprobado en diciembre de 2019 “solo permitió hacer frente a parte de los endeudamientos bancarios (BROU) preexistentes, asegurar el pago de salarios al personal, solucionar una pequeña parte de las deudas comerciales, y en muy poca medida, realizar nuevas intervenciones”. Si bien se asegura que los fondos “fueron correctamente aplicados a los destinos prefijados”, no solucionaron “los problemas de fondo”. Por otra parte, se señala que “no hubo desviación de la aplicación de fondos”, aunque tampoco “existía la posibilidad de hacerlo, dada la mecánica del fideicomiso”.
El huevo y la gallina
En la conferencia encabezada ayer de tarde por Salinas, el ministro dijo que la actual administración de Casa de Galicia duplicó su déficit y “solicitó el concurso, lo cual está hablando de problemas de iliquidez para hacer frente a determinadas obligaciones”. Además, aseguró que el plan de reestructura que tenía “no fue cumplido en su enorme mayoría”, y que acumulaba “seis balances consecutivos negativos”.
El martes, durante la Comisión de Salud del Senado, Iglesias dio a entender que el llamado a concurso se dio debido a la negativa de Salinas a colaborar. “Si me tuve que presentar a concurso fue para proteger a los acreedores de Casa de Galicia, a Casa de Galicia y para poder pelear el convenio del BPS porque él dijo que quería matarme ese día y que [Salinas] no iba a firmar. ¿Quién es este señor para disponer de nuestros recursos y de nuestra válvula de oxígeno de manera que la cierra para que nos ahoguemos?”, expresó.
Durante la conferencia de prensa, también le respondió al senador Manini Ríos, quien fue el primero en anunciar la intervención y había dicho que la liquidación de Casa de Galicia no estaba en los planes del MSP. Iglesias exhibió una resolución firmada por Salinas, que dijo recibir el 19 de octubre, en la que intimaba a la institución en un plazo de cinco días a acreditar “subsanada la situación de desequilibrio económico-financiera, bajo apercibimiento de su intervención o liquidación”.
En cambio, la resolución del Poder Ejecutivo que declara la intervención de Casa de Galicia sostiene que el 20 de octubre Iglesias se presentó ante el MSP y recordó que la institución ya había presentado un proyecto “asociado” al Fondo de Garantía IAMC. Al respecto, la dirección de Servicios Jurídicos de la cartera sostuvo que Iglesias “se limitó a reiterar la solicitud de apoyo económico del Estado”.
