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Ya sea por no conocer mediciones organolépticas o fisicoquímicas, por factores como la publicidad, la información en medios de comunicación y redes sociales o por influencia de las conductas de otras personas, la subjetividad es un elemento clave en la percepción de la población acerca de la calidad del agua que suministra OSE. Una proporción significativa de los montevideanos —siete de cada 10— adopta decisiones “defensivas”, lo que les implica un gasto anual cercano a los US$ 111 millones.
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Pese a la cobertura casi total del servicio de la empresa estatal OSE, que lleva agua potable por cañería al 99,7% de los hogares en Uruguay, el 73% de los hogares compra agua embotellada o utiliza purificadores. El gasto mensual promedio por persona es de $ 311 (unos 7 dólares), según una estimación publicada por el Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Según sus autores, esa es una cota inferior de la verdadera disposición a pagar.
A escala de un hogar el gasto promedio mensual fue calculado en $ 797, unos US$ 18 según su cálculo, lo que equivale al 1,2% de la mediana de ingresos de los hogares de Montevideo. “Si bien este costo puede no parecer demasiado elevado, consumir estas cantidades de agua directo de la canilla tendría un costo promedio de US$ 3 ($ 112). De esta forma, al emplear estos métodos defensivos los hogares incurren en un sobrecosto de US$ 15, un gasto seis veces mayor al que tendrían por consumir agua de canilla”.
A ese cálculo llegaron a partir de una encuesta realizada entre noviembre de 2019 y enero de 2020 que abarcó una muestra de 474 hogares urbanos de Montevideo.
Dado que no existen mercados para transar agua de diferente calidad, los investigadores del Iecon infirieron el valor asignado al agua de mejor calidad percibida a través de los gastos que los individuos efectivamente realizan para evitar consumir agua de cañería. Esos gastos de consumo defensivo reflejan una disposición a pagar de los hogares por agua percibida como de mejor calidad como respuesta a potenciales amenazas a la salud percibidas por los consumidores. Estos están dispuestos a sacrificar recursos (generalmente dinero y tiempo) para consumir agua de mejor calidad que la que llega por la canilla, resignando la obtención de otros bienes, servicios, descanso o entretenimiento. Sin embargo, comprar agua embotellada puede no depender de percepciones relacionadas con la salud, sino con la demanda de ciertos minerales que el agua de canilla no tiene, en cuyo caso no debería ser catalogada como un consumo defensivo. El gasto promedio por persona pasa a ser de $ 429 si se consideran solo aquellos que emplean medidas defensivas.
El 67% de los hogares declaró que cree que el agua de cañería representa algún riesgo para su salud. Sin embargo, un 57% consideró que es potable. “Esto estaría indicando que hay un grupo de consumidores que, más allá de creer que el agua es potable, también cree que representa un riesgo para su salud”, interpretan los autores Miguel Carriquiry y Maximiliano Machado, del Iecon, y Matias Piaggio, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
En 2019 OSE tuvo unos US$ 340 millones en ingresos por venta de agua potable, surge de su balance auditado. El resultado bruto de ese ejercicio anual fue una ganancia de US$ 229 millones.
El plan de acción para 2020 aprobado por OSE a comienzos de año —antes del cambio de gobierno— menciona como un objetivo estratégico “mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente”. Como metas específicas para lograrlo, se propuso alcanzar un 96,5% de análisis fisicoquímicos “aceptables” y un porcentaje todavía mayor (97,2%) en el caso de los bacteriológicos. Otras acciones previstas refieren al suministro, que puede ser otro factor de desaliento al uso del servicio de ese ente: por cada 1.000 conexiones, los reclamos por baja presión de agua no deben superar los tres y hasta siete los referidos a la discontinuidad del servicio.
Encuesta
Mediante la encuesta identificaron qué factores socioeconómicos, de salud y de percepción influyen en la decisión de adopción de métodos defensivos.
La probabilidad de “defenderse” se incrementa con el nivel de ingreso del hogar. También aumenta entre los hogares que cuentan con un automóvil respecto a los que no, lo cual puede ser un indicador de los costos de transporte de agua embotellada. Las mujeres tienen un gasto, en promedio, entre 15,5% menor que los hombres, mientras que los hogares que tienen niños menores a cinco años gastan menos que los que no tienen.
Por otro lado, aquellos individuos con amigos cercanos que utilizan métodos defensivos son más propensos a emplearlos, lo que podría reflejar un efecto de traspaso de información o de imitación en el consumo de “bienes posicionales”.
Aquellos más preocupados por su salud son más proclives a buscar alternativas al agua de canilla. Los autores señalan como un dato llamativo que aquellas personas que fuman gastan más en métodos defensivos que las que no, aunque reconocen que podrían estar influyendo otras dimensiones como el ingreso del hogar.
“El hecho de que más del 70% de la población de Montevideo dedique parte de sus ingresos al consumo defensivo estaría dando la pauta de que la mayoría de los residentes considera que el agua suministrada no tiene una calidad suficiente para ser bebida de manera directa. Lo que es más, gran parte de los hogares está dispuesto a desembolsar dinero para tener agua de mejor calidad”, resumen los investigadores del Iecon.
Por lo tanto —agregan—, si el agua sufre efectivamente de problemas de calidad “puede tener parte del costo traspasado a los hogares”. Los hacedores de política podrían emplear estos cálculos como punto de referencia para fijar futuros precios por la provisión de un mejor sistema de agua, proponen.
Por otro lado, señalan que, para mejorar la comprensión de la conducta de los hogares, es necesario incorporar otros estudios al escenario uruguayo. “En caso contrario, donde el agua no tenga una pérdida de calidad objetiva y el consumo sustituto se deba a problemas de percepción de los consumidores, una campaña publicitaria podría representar una política conveniente” para desestimular medidas defensivas.
