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    Aunque “potente técnicamente”, el Banco Central opera con una autonomía subordinada al “estricto control” de los partidos

    Dos investigaciones repasan la historia y los desarrollos institucionales que tuvo el organismo monetario y regulador del sistema financiero en sus 50 años

    Pese a ser constitucionalmente autónomo y a haber incrementado de modo “sensible” su capacidad técnica a lo largo de las últimas décadas, el Banco Central (BCU) sigue estando “bajo un estricto control de los partidos políticos”. Más aún, en los hechos, su autonomía “reconoce límites evidentes” y “no es distinto” a las demás instituciones del dominio industrial y comercial del Estado.

    Esa visión plantean los autores del estudio titulado Historia del Banco Central del Uruguay (1967-2016): medio siglo de desarrollo institucional al servicio de la estabilidad económica, coordinado por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) encabezado por Silvana Harriett. Es, como el libro escrito por Ariel Banda, Julio de Brun, Gabriel Oddone y Juan Andrés Moraes, encargado por el BCU, un aporte histórico que se enmarca en la celebración del 50º aniversario de creación de esta institución.

    “El BCU que hoy conocemos, esta institución potente técnicamente y prestigiosa socialmente, atravesando estas y otras tensiones, jugó un papel cambiante y de creciente relevancia en la política económica a lo largo de las últimas décadas”, sintetiza la publicación preparada por el equipo de la FCS.

    Nacimiento

    Aunque fue encomendado por el BCU, el libro que coordinó Oddone no es una “historia oficial” sino un trabajo académico que supuso la revisión de documentación, prensa de época y bibliografía, además de entrevistas con protagonistas de la historia política y económica de Uruguay entre 1967-2015. El trabajo detalla el proceso de nacimiento de la institución.

    Uruguay fue uno de los primeros países del continente en crear un banco nacional emisor de dinero —con esa función cumplida inicialmente por el Banco República (BROU)—, pero estuvo entre los últimos en separar esa tarea de la actividad bancaria comercial. Según el libro, ello pudo deberse al “prestigio e influencia política” con que contaba el BROU. Pero el “desgaste asociado a la inflación crónica en la segunda mitad de los años cincuenta, sumado a los crecientes problemas de insuficiencia de reservas internacionales y coronado por la crisis bancaria de 1965, ambientaron un consenso político para crear un banco central en la segunda mitad de los años sesenta”, explica. También fue una época en que la creación de ese tipo de instituciones se había convertido entre los economistas a nivel internacional en “el último grito de la moda”, afirmaba el diputado Ariel Collazo, durante una discusión en el Parlamento en 1966, consigna el libro.

    Según los autores, “todo parece indicar que aun siendo una cuestión institucional importante, la creación de un banco central no estuvo nunca en el centro de la agenda política”. Recién se transformó en una prioridad cuando la crisis financiera de 1965 “hizo trizas la reputación” del BROU.

    Junto con las elecciones de 1966 ganadas por el colorado Óscar Gestido, se aprobó una nueva institucionalidad en materia económica, previendo entre otras cosas la creación del BCU.

    En aplicación estricta de lo establecido por la nueva Constitución, desde el 1° de marzo de 1967 ya debía existir un Banco Central con cometidos expresos, pero sin recursos financieros y materiales, sin funcionarios y sin autoridades.

    En cuanto a la presidencia del nuevo organismo, Gestido había recabado apoyos para la figura de Jorge Peirano Facio, abogado, empresario vinculado al sector financiero y que como delegado de la Asociación de Bancos del Uruguay había tenido una influyente labor en el Consejo Honorario del Departamento de Emisión del BROU. Pero, obligado a alterar sus planes para la conformación de su “equipo económico”, el 3 de enero de 1967 le propuso el cargo a Iglesias, quien aceptó gustoso, repasa el libro. Desde la Comisión para el Desarrollo Económico que encabezaba, la creación del BCU había sido una prédica constante de Iglesias.

    Aunque no había cuestionamientos técnicos respecto a Iglesias y a Daniel Rodríguez Larreta (abogado, codirector y columnista de El País), su venia legislativa para el BCU estuvo sujeta al avatar de la negociación política para la integración de los entes autónomos y servicios descentralizados.

    Por ello, interinamente, actuaron en el Banco Central los directores del BROU y el vicepresidente, Daniel Hugo Martins, ocupó las funciones de la presidencia del nuevo organismo. La ceremonia de instalación del primer Directorio del Central se llevó a cabo el 3 de marzo en la Sala de Sesiones del Directorio del República. Además de algunas cuestiones administrativas, la aprobación y remisión al Poder Ejecutivo del programa monetario —construido bajo la hipótesis de una inflación de 55% para ese año— fue una de las actividades destacables de ese primer cuerpo directriz del BCU.

    Tras la aprobación de las venias, los integrantes del Directorio bancocentralista tomaron posesión de sus cargos el 16 de mayo de 1967, otra vez en la sala del BROU. Por decreto del Ejecutivo fechado el día anterior, se designó presidente a Iglesias, y a Juan Bracco, José Guntín, Raúl Acosta y Lara, y Rodríguez Larreta como vocales.

    Reconociendo las dificultades y desafíos que se presentaban para la institución, en su discurso Iglesias parafraseó al teólogo y politólogo estadounidense Reinhold Niebuhr: “Para desempeñar satisfactoriamente nuestro cometido (necesitamos) la serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, el valor para cambiar lo que no podemos aceptar y la sabiduría para establecer la distinción entre una y otra cosa”. Con una prolongada sequía que complicó al agro, ese año terminó con una contracción del Producto Bruto Interno de 4,1%.

    El rol del banco

    En el papel membretado y en las comunicaciones oficiales figuró con el nombre de Banco Central de la República dado por el artículo 196 de la Constitución de 1967, hasta que se hizo notar que esa denominación generaba confusión con el BROU y, por ley promulgada en julio de ese año, pasó a ser identificado como Banco Central del Uruguay.

    El primer piso del Palacio Estévez fue el domicilio oficial del BCU hasta el traslado a la nueva sede (un edificio que compró en 1971 a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias) en Diagonal Fabini, y las calles Cerrito y Florida. Para hacer la mudanza se decretó un feriado bancario, historia el libro coordinado por Oddone.

    Con la Ley 13.608 de setiembre de 1967 el banco pasó a contar con un marco normativo de mayor alcance y definición que el que tenía el 1° de marzo de ese año. A su vez, el proyecto de Presupuesto previó la creación de 450 cargos presupuestados para el BCU.

    A fines de febrero de 1968, el episodio de la “infidencia” —una devaluación de la moneda que tomó estado público antes de ejecutarse la medida, generando especulaciones sobre un supuesto provecho a favor de algún político— representó para el BCU “su bautismo de fuego en términos de exposición al debate político”. También provocó en Iglesias un “hondo malestar” que lo llevó a empezar considerar su renuncia, según el libro. De hecho, luego presentó su dimisión, pero el presidente Jorge Pacheco Areco no la aceptó. En realidad, el presidente se tomó su tiempo para aceptar la renuncia esperando que Iglesias reconsiderara la decisión, período durante el cual este hizo uso de licencia en el Directorio para dedicarse a actividades de consultoría para organismos internacionales. En diciembre, viendo que el Poder Ejecutivo todavía no se pronunciaba sobre su solicitud de renuncia, Iglesias comunicó al Directorio del BCU que no continuaría cobrando su emolumento como presidente; la dimisión de Iglesias continuó sin ser aceptada hasta el 9 de enero de 1969, momento en que Pacheco designó a Carlos Sanguinetti al frente del organismo.

    La inflación era, por entonces, uno de los principales problemas en la economía uruguaya. En los 12 meses a junio de 1968 había llegado al récord histórico de 183%, un fenómeno que era, según el gobierno, el factor determinante de la conmoción social de entonces. El combate a la inflación mediante instrumentos convencionales de política monetaria (régimen de tipo de cambio fijo y control del crédito interno) no parecía estar dando resultados, apuntan los autores del libro. En junio de ese año Pacheco Areco decretó que los precios de todos los bienes y servicios quedaban “estabilizados” en el nivel que tenían el 26 de junio o en la última transacción anterior a esa fecha. Lo mismo se dispuso para los salarios, intereses y otros ingresos. Ese plan de estabilización fue exitoso en sus primeras etapas, hasta mediados de 1970, rememoran.

    A nivel bancario, los ejes de la política aplicada por el BCU pasaban por instrumentos típicamente asociados a la regulación prudencial, como las normas de capital mínimo. La crisis de ese sector había demandado un gran volumen de asistencia financiera: el saldo deudor del sistema financiero al Central por este concepto pasaría de $ 2.300 millones al 31 de diciembre de 1970 a casi $ 10.000 millones al cierre de 1971.

    Con una perspectiva más institucional, el estudio del equipo de la FCS afirma que, especialmente gracias al liderazgo de José Gil Díaz (que presidió la institución entre 1974 y 1982), el BCU pasó por un proceso de consolidación y “su papel en la política económica creció”. En particular, el banco tuvo una influencia decisiva en el programa de estabilización de precios” conocido como la “tablita”, que terminó con una devaluación en 1982, señala.

    Aunque en menor medida—agrega—, algo similar puede decirse de la influencia de Ramón Díaz en la vida institucional del banco alentando la profesionalización de sus equipos y el mérito académico. Hoy el BCU “no es un banco de funcionarios bancarios convencionales sino un banco de profesionales”, subrayan los investigadores.

    En referencia a los años más recientes, el libro de Banda, De Brun, Moraes y Oddone sostiene que la combinación de un escenario externo favorable con un “marco de políticas macroeconómicas creíble y políticamente factible”, fueron los fundamentos de un desempeño económico “positivo, al menos hasta 2012”. Con el Frente Amplio en el gobierno los pilares de la estrategia fueron la flexibilidad cambiaria, la reducción de la vulnerabilidad financiera del sector público y el fortalecimiento de la regulación prudencial del sistema financiero.

    Sobre la crisis financiera internacional que había estallado en Estados Unidos en 2007-2008, esos autores agregan que “por primera vez en mucho tiempo”, Uruguay logró “gestionar con éxito un escenario internacional negativo”, incluso, “sin ser arrastrado por Argentina y Brasil”.